Mayker Filema se aferra al puesto de Gran Maestro contra los causantes de la "desestabilización"

La Habana/Este miércoles 11 de junio se hizo público en las redes un nuevo documento firmado por Mayker Filema Duarte, destituido como Gran Maestro (GM) de la Gran Logia de Cuba (GLC) el pasado 25 de mayo. Durante una asamblea extraordinaria que reunió a más de un centenar de representantes masónicos de todo el país, fue elegido en su lugar Juan Alberto Kessel Linares. Filema ya había lanzado una declaración donde llamó “traidores” a quienes lo cesaron y anunció una purga dentro de la Orden.

En su nueva declaración, ratificó su intención de permanecer al frente de la GLC y descalificó a su sucesor provisional, Kessel, a quien tachó como un “autodenominado líder por y para un grupo de hermanos” que, según él, “no cuenta con el reconocimiento institucional”. Además, rechazó la legitimidad de la sesión donde fue votada su destitución, a la que se refirió como una “pretendida sesión de Alta Cámara”.

Quienes lo destituyeron, organizan una reunión para el próximo 14 de junio

El motivo principal del comunicado es oponerse a una reunión de quienes lo destituyeron, programada para el próximo 14 de junio. Los acusa de “promotores e instigadores del plan”, así como de violadores de “los principios juramentados de discreción y reserva”. “Una vez más pretenden usar nuestra sede –añadió– para ofrecer un mensaje al mundo de inestabilidad e ingobernabilidad”. Calificó como un show la reunión programada y acusó a los organizadores de ser los causantes de “la desestabilización total”.

La masonería cubana atraviesa hoy su peor crisis desde el cisma de 1921. El propio Filema ha calificado la situación como un “quiebre insalvable”, reflejando la profundidad del conflicto, que combina escándalos de corrupción, divisiones internas entre la GLC y el Supremo Consejo del Grado 33, y una creciente e innegable injerencia del Estado cubano, particularmente del Ministerio de Justicia y la Seguridad del Estado. Las tensiones han sido catalizadas por episodios como el robo de 19.000 dólares en 2024, la imposición de figuras afines al Gobierno y la exclusión de miembros críticos al oficialismo.

En su comunicado, Filema también arremetió contra los medios de prensa independientes, en especial contra Cubanet, al que acusó de “parcialización extrema”. Sin nombrarla directamente, criticó además a la periodista Camila Acosta, afirmando que “una de las colaboradoras del medio”, con sede en Miami, "mantiene estrechas relaciones con hermanos opositores a nuestros principios de Fraternidad”. 

"Donde único constituye un delito parcializarse o defender posicionamientos no oficiales es en las dictaduras”, respondió Camila Acosta

Acosta respondió desde su cuenta personal en Facebook: “La ‘parcialización’ ha tenido un argumento sustentable, lo cual no es delito, sino parte de la libertad de expresión que defendemos. Donde único constituye un delito parcializarse o defender posicionamientos no oficiales es en las dictaduras”. 

El “hermano opositor” al que alude Filema no es otro que Ángel Santiesteban Prats, escritor, guionista de la película Plantados y pareja de Acosta, quien fue expulsado en abril de los grados simbólicos de la Orden, pero no de los grados filosóficos (4 al 33). Santiesteban ha acusado repetidamente a Filema de servir a los intereses del Ministerio de Justicia y ha denunciado el respaldo que este recibe de la funcionaria estatal Miriam Marta García Mariño, directora de Asociaciones.

A ello se suma la repetición de la narrativa sobre “respaldo económico y logístico de fuentes foráneas”

Las acusaciones que Filema dirige contra la disidencia masónica y la prensa libre reproducen con inquietante similitud el discurso oficial del régimen cubano. Sus constantes apelaciones a “las leyes del país”, “las autoridades competentes” y la denuncia de “actos de desorden público” no lo distancian de los “matices políticos” que él mismo condena. Según sus críticos, estas expresiones refuerzan la percepción de que actúa como operador dentro de una estrategia estatal de control institucional. A ello se suma la repetición de la narrativa sobre “respaldo económico y logístico de fuentes foráneas”, argumento gastado del aparato ideológico cubano para deslegitimar cualquier voz disidente.

La injerencia gubernamental ha sido aún más evidente en el caso del Supremo Consejo del Grado 33. El Ministerio de Justicia no solo se negó a reconocer la reelección del Comendador José Ramón Viñas –una figura incómoda para el oficialismo–, sino que intentó imponer a Lázaro Cuesta Valdés, masón y babalawo vinculado con estructuras religiosas controladas por el Estado. Cuesta ha sido señalado por su papel en la “moderación” de las Letras del Año emitidas por la Comisión Miguel Febles, con el fin de evitar choques con la narrativa del Gobierno.

En 1921, a pesar de la intensidad del conflicto, se evitó una ruptura definitiva

La intervención del Ministerio de Justicia en la interpretación de las normas internas de la Orden ha sido duramente rechazada por amplios sectores de la masonería, que consideran esto una violación de su autonomía y una amenaza a sus principios fundacionales.

La historia masónica cubana ofrece un antecedente ilustrativo: el cisma de 1921. En ese entonces, la GLC vivió una fractura al decidir incorporar a 16 logias del oriente del país. Sin embargo, a pesar de la intensidad del conflicto, se evitó una ruptura definitiva. Gracias a la publicación de manifiestos, debates fraternales y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales, la crisis se resolvió sin intervención externa. Aquel episodio es recordado como una lección de madurez, en la que la masonería cubana demostró que es capaz de superar sus divisiones apelando a sus propios valores, sin someterse a imposiciones políticas.