Muere otro preso cubano por negligencia médica

La Habana/Osmani Deroncelé, un preso común de 50 años que cumplía condena en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, murió este martes en condiciones de extrema vulnerabilidad y sin atención médica adecuada. El centro de asesoría legal Cubalex reportó este miércoles que el hombre estaba recluido en la celda 34 del Destacamento 17, donde permanecía solo.

De acuerdo con el informe de la ONG, Deroncelé, originario del municipio santiaguero de El Salao, padecía patologías psiquiátricas asociadas a la pérdida del control de los impulsos y presentaba un estado avanzado de desnutrición, además de no recibir atención médica especializada ni el tratamiento que su condición requería.

“Debido al visible deterioro de su salud, otros reclusos evitaban compartir celda con él, por temor a que, si fallecía, las autoridades los responsabilizaran”, asegura la organización en su informe. Por ello, el hombre murió en total abandono, sin atención médica oportuna ni traslado a un hospital, pese a la gravedad de su estado, denuncia la ONG. Y agrega: “Posteriormente, las autoridades penitenciarias habrían restringido la comunicación con el exterior para impedir que se conociera su fallecimiento”.

“Toda persona privada de libertad está bajo la custodia y protección del Estado. Una muerte en prisión no es un hecho aislado”

La ONG responsabiliza a las autoridades por la muerte, al señalar que “toda persona privada de libertad está bajo la custodia y protección del Estado. Una muerte en prisión no es un hecho aislado: compromete directamente la responsabilidad estatal, especialmente cuando la vulnerabilidad era evidente y no se adoptaron medidas para proteger su vida”.

La cárcel de Boniato, donde estaba preso Deroncelé, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por Cubalex y otras organizaciones por “el abandono, la insalubridad y la falta de atención médica”, que se siguen “cobrando vidas”.

La prisión ha sido también señalada por familiares de internos por las condiciones alarmantes en que los mantienen, además de someterlos a un régimen de máxima severidad, lo que ha provocado que los internos mueran por hambre o tuberculosis. “La alimentación es insuficiente e inadecuada. Solo reciben sopa de arroz o plátano burro, sin acceso regular a un plato fuerte, el cual se les suministra de manera esporádica”, subrayó la ONG en un reporte en marzo del año pasado.

Esta sería la tercera muerte registrada de un preso bajo custodia del Estado cubano en 2026

Esta sería la tercera muerte registrada de un preso bajo custodia del Estado cubano en 2026. La anterior fue la de Luis Miguel Oña Jiménez, joven preso político del 11J, quien falleció tres días después de ser excarcelado bajo licencia extrapenal, cuando su estado de salud ya era crítico. Aunque no ocurrió dentro de un centro penitenciario, organizaciones como Prisoners Defenders (PD) y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) han responsabilizado a las autoridades por el deceso.

Oña Jiménez estaba recluido en la prisión de Panamá para pacientes con VIH, en Güines, provincia Mayabeque, donde sufrió una isquemia cerebral (disminución del riego sanguíneo de una parte del cuerpo), lo que provocó que no pudiera mover la boca, las manos ni los pies. Posteriormente fue trasladado al hospital Julio Trigo López, de La Habana. Según reporta Prisoners Defenders, allí fue “desahuciado” y enviado a su casa bajo licencia extrapenal, donde murió poco después. A pesar de su condición, no recibió la atención médica adecuada tras un evento neurológico tan grave, ni el tratamiento correspondiente a sus padecimientos de base.

El joven de 27 años fue uno de los cientos de manifestantes detenidos en las masivas protestas registradas el 11 de julio de 2021. Por ello, Oña Jiménez cumplía una condena de 12 años por “sedición”.

De acuerdo con cifras de Cubalex, en 2025 ocurrieron al menos 41 muertes en prisiones cubanas, vinculadas a condiciones inhumanas de reclusión, deficiente alimentación, ausencia de atención médica adecuada y enfermedades sin tratamiento oportuno. “La falta de transparencia estatal impide dimensionar el alcance real de esta crisis”, acusa la organización. En tanto, según números de CDPC, que lleva el conteo desde 2023, desde ese año hasta ahora, han muerto en prisión 119 personas.