ONG reporta la muerte de un preso político y 59 violaciones de derechos en cárceles cubanas este enero

La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (Cdpc) registró 59 violaciones a los derechos humanos en presidios cubanos y un recluso fallecido por negligencia médica en enero de 2026, según su informe sobre ese periodo divulgado este viernes.

En esta actualización de la situación de las prisiones cubanas, la ONG, con sede en México, refirió que al menos 31 personas privadas de libertad (2 mujeres y 29 hombres) fueron identificadas como afectadas por algunas de estas violaciones.

El Cdpc también lamenta la muerte del preso político Lázaro García Ríos, quien cumplía una sanción de 20 años de cárcel impuesta en 2022, acusado de delitos de propaganda enemiga y sabotaje.

Refiere que García Ríos fue sometido a una operación cardíaca y aunque “los estudios médicos indicaban que no se había recuperado plenamente” fue retornado a la cárcel Combinado del Este (La Habana) y luego registró denuncias sobre el deterioro de su salud, “sin que existan evidencias de que le fuera otorgada atención médica oportuna y adecuada por parte de las autoridades penitenciarias”.

La ONG indicó que documentó violaciones de derechos en 22 cárceles de 14 provincias. De ellas, la oriental Las Tunas registró la mayor cantidad denuncias (10), principalmente en la prisión “El Típico”.

Volvió a señalar que los grupos más afectados son los presos por razones políticas, los afrodescendientes y los que viven con enfermedades crónicas, y aclaró que en una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad.

El informe recalcó que las malas condiciones de vida son una constante generalizada

Asimismo, refiere que organismos internacionales de derechos humanos expresaron preocupación por la situación de salud de los presos políticos e instaron a las autoridades a su “liberación inmediata e incondicional”.

El informe recalcó que las malas condiciones de vida son “una constante generalizada” caracterizada por la “alimentación insuficiente, mal elaborada y en mal estado, desnutrición severa, escasez de agua potable, infraestructura deteriorada, falta de colchones, plagas de insectos y brotes epidemiológicos sin tratamiento adecuado”.

Como castigo aplicados a los presos por las denuncias de estas situaciones, el informe refiere que les fueron restringidas o vigiladas las comunicaciones, el envío a celda de castigo, el traslado de cárcel y la privación de atención médica. A esto se suman golpizas con impunidad y amenazas.

También se indican testimonios de “violencia sexual perpetrada por otros reclusos con instigación de autoridades penitenciarias”, así como la fabricación de nuevas causas penales para impedir el acceso a beneficios carcelarios, y restricciones a las visitas familiares y conyugales.

El Cdpc destacó que la información relacionada en su informe representa “un subregistro de los eventos y víctimas reales”.

Finalmente, explicó que resulta imposible disponer de una documentación completa debido a “la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios”.