La Policía persigue también a los "ilegales" que buscan refugio en Matanzas

Matanzas/El policía le pidió el carné de identidad en pleno Parque de la Libertad y Esmeralda sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No había cometido ningún delito, pero su documento revelaba una falta que en Cuba puede costarle a cualquiera una multa: vivir donde no está oficialmente registrado.

Nacida hace 59 años en Cauto Cristo, Granma, llegó a Matanzas en 2022 con cuatro mudas de ropa metidas en una jaba. Una anciana necesitaba cuidados permanentes y a Esmeralda le urgía trabajar. Su hermana, residente en la ciudad, parecía facilitarle el cambio de dirección, pero el trámite no prosperó. Desde entonces vive en La Marina y soporta que algunos conocidos la llamen "la palestina".

El patrullero que la interceptó hablaba con un acento parecido al suyo. Le preguntó de mala manera qué hacía tan lejos de su lugar de origen. Esmeralda evitó discutir. "Resolví la situación diciéndole que vine a ver a mi hermana enferma, pero me hizo pasar un susto", recuerda.

"Resolví la situación diciéndole que vine a ver a mi hermana enferma, pero me hizo pasar un susto"

Las redadas contra quienes carecen de domicilio legal se intensifican por temporadas. El miedo, en cambio, permanece. Algunos migrantes evitan el centro y prefieren caminar por barrios apartados, donde resulta menos probable encontrarse con una patrulla.

Para Esmeralda, el problema no termina en la calle. "Mi sobrina ha tenido que acompañarme con su carné al hospital provincial, porque de lo contrario los médicos no quieren atenderme", denuncia. Tampoco pudo, por años, acceder normalmente a la canasta básica, ya casi extinta. "Yo resolvía el poquito de arroz gracias a que la dependienta, jugándosela, me lo vendía. Si hubiera sido por el Gobierno ya me hubiera muerto de hambre".

En la periferia matancera, los llamados "llega y pon" muestran otra cara de ese éxodo interior. Cerca del Balcón del Yumurí, en el reparto Dubrocq, familias procedentes del oriente han levantado viviendas con planchas metálicas, madera y materiales recuperados. Algunas consiguieron paredes de bloques; otras siguen esperando una mejora que nunca llega.

Yunior llegó desde Manatí, Las Tunas, hace casi dos años. Traía su bicicleta y 4.000 pesos. Dejó atrás a su esposa y a su hija, entonces de siete años, con la esperanza de reunir dinero para traerlas. Ahora alquila un cuarto con piso de tierra, sin agua corriente y con un inodoro a dos metros del camastro.

"Estoy chapeando patios y haciendo cualquier otra cosa que aparezca para pagar el alquiler y comer algo caliente una vez al día", cuenta. Mientras afila el machete para su próximo trabajo, reconoce que conseguir empleo estable resulta casi imposible. "Lo primero que me exigen es el cambio de dirección".

Un vecino suyo comenzó a vender pan sin licencia para sobrevivir. Lo sorprendieron en la calle, recibió una multa elevada y terminó regresando a su pueblo oriental. Yunior teme correr la misma suerte. También le preocupa que su hija no pueda matricularse en una escuela si finalmente logra reunir a la familia.

"Yo quisiera que mi esposa y mi hija estuvieran conmigo, pero la otra gran dificultad es que en esta situación a la niña no la aceptan en la escuela", lamenta.

Su primo, emigrado a España, le escribe sobre las dificultades de empezar de cero en otro país. Yunior advierte con ironía: "no tengo nada que envidiarle". Sin haber cruzado una frontera internacional, también se siente extranjero.