La posible compra de Sherritt por un inversor de EE UU da esperanza a los dueños expropiados

Madrid/La posible toma de control de Sherritt International por una firma estadounidense no enterraría los viejos pleitos por las minas de níquel y cobalto de Moa. Al contrario, podría llevarlos directamente al terreno más incómodo para cualquier inversor de Estados Unidos: sus tribunales y sus activos dentro del país.

Así lo advierte William Pitt, empresario y heredero de una de las familias que reclama derechos sobre antiguas concesiones mineras nacionalizadas por el Gobierno cubano después de 1959. Para Pitt, la eventual entrada de Gillon Capital, radicada en Texas y dirigida por Ray Washburne, abre una oportunidad para que los antiguos propietarios intenten cobrar compensaciones por la explotación de los yacimientos.

El pasado 20 de mayo, Sherritt anunció un acuerdo preliminar y no vinculante que permitiría a Gillon adquirir hasta el 55% de sus acciones. La operación no supone una compra directa de las minas cubanas, pero sí daría al inversor estadounidense el control corporativo de la compañía canadiense y, por tanto, influencia sobre sus intereses en Cuba.

En papel, Sherritt sigue siendo socia del Gobierno cubano. Tiene el 50% de Moa Joint Venture, la empresa mixta que comparte con la estatal General Nickel Company y que extrae níquel y cobalto en la costa nororiental de la Isla. El mineral viaja después hasta Fort Saskatchewan, en Alberta, donde se refina. La compañía también tiene un pie en el negocio de los hidrocarburos, con varios pozos petroleros y un tercio de Energas, vital para La Habana y otros territorios del occidente de la Isla. 

Sherritt ha operado durante décadas bajo la protección de las leyes canadienses, que dificultan la ejecución en Canadá de sentencias dictadas en Estados Unidos al amparo de la Ley Helms-Burton

La minera había anunciado semanas antes la suspensión de su participación directa en las operaciones cubanas y la repatriación de su personal tras el endurecimiento de las sanciones de Washington. Sin embargo, no ha cerrado definitivamente todos sus negocios ni ha renunciado formalmente a sus participaciones.

Ahí es donde Pitt ve la grieta. Sherritt ha operado durante décadas bajo la protección de las leyes canadienses, que dificultan la ejecución en Canadá de sentencias dictadas en Estados Unidos al amparo de la Ley Helms-Burton. Gillon, en cambio, tiene su sede y buena parte de sus negocios en territorio estadounidense. “A simple vista, la compra por Gillon hace lucir que será posible usar la Ley Helms-Burton contra Gillon Capital”, sostiene Pitt en declaraciones a este diario.

El empresario asegura haber enviado por correo certificado a Washburne mapas y documentos sobre las concesiones reclamadas por su familia. Según explica, estos materiales muestran que algunas de sus propiedades se superponen con terrenos explotados históricamente por Freeport Sulphur y posteriormente por Sherritt.

Washburne fue funcionario durante el primer mandato de Trump y ha participado durante años en la recaudación de fondos para candidatos republicanos. Ese vínculo lleva a Pitt a pensar que el empresario no asumirá el control de Sherritt sin haber calculado primero el costo político y jurídico de la operación. “Washburne no va a arriesgar los estimados de un mínimo de 380 millones de dólares comprando el 51% de Sherritt sin estar seguro de que va a tener muchas ganancias”, afirma. 

Pitt también plantea que Freeport-McMoRan, heredera de Freeport Sulphur, podría terminar vinculada a la explotación de Moa como operadora técnica. Gillon es principalmente una firma de inversiones y bienes raíces y necesitaría experiencia minera para dirigir un negocio de esa envergadura. 

Pitt considera que el interés de Gillon se explica por el valor estratégico del níquel y el cobalto, esenciales para la industria militar, energética y tecnológica

Entre las principales reclamaciones históricas relacionadas con Moa figuran las certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos tras las nacionalizaciones de 1960. Pitt cifra en 88 millones de dólares, más intereses, la reclamación vinculada a Freeport.

El propio Pitt afirma que su familia cuenta con decisiones de tribunales federales y de la Comisión que reconocen derechos sobre varias concesiones, entre ellas la mina de cobre La Cristina. Más que impedir la llegada de capital estadounidense, Pitt propone convertirla en una vía de negociación. “Tengo esperanza de que, si Gillon acaba metida en la minería de Cuba, y una compañía americana vuelve a trabajar las minas, podríamos establecer una forma de ‘royalty payment’”, afirma.

Pitt considera que el interés de Gillon se explica por el valor estratégico del níquel y el cobalto, esenciales para la industria militar, energética y tecnológica. El experto compara la situación de Sherritt con la de Antilles Gold, compañía australiana vinculada a proyectos de oro y cobre en Cuba. Según sostiene, esa diferencia en los minerales explotados explica por qué la posible venta de Sherritt ha despertado interés entre inversores estadounidenses, mientras que Antilles Gold tendría más difícil encontrar un comprador. 

La operación de Gillon está todavía lejos de cerrarse. Si finalmente recibe la aprobación de Washington, un inversor estadounidense pasará a controlar Sherritt sin adquirir directamente ni en exclusiva sus activos cubanos. Para Pitt, ese cambio podría abrir por primera vez una vía real de negociación.