En el Sistema de Nacional de Salud cubano, el que no paga, espera o se muere

Madrid/Bajo el título La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud cubano, la plataforma independiente Casa Palanca ha publicado una exhaustiva y demoledora investigación que desenmascara el deterioro estructural del sistema sanitario en la Isla, y documenta con nombres, datos y testimonios el paso del “derecho garantizado” al “servicio condicionado”.

El trabajo se apoya en una encuesta nacional a 2.141 personas elaborada por Cubadata, decenas de entrevistas con pacientes, médicos, enfermeros y familiares, así como en fuentes estadísticas oficiales y documentos legales vigentes. Su hallazgo central no es nuevo, pero sí contundente: el Sistema Nacional de Salud (SNS), formalmente gratuito y universal, opera de facto bajo una lógica de mercado, altamente corrompido, donde el que no paga, espera o se muere.

Según el informe, el 74,3% de los encuestados declaró haber tenido que pagar por servicios o medicamentos supuestamente gratuitos, y un 78% confesó haber recurrido a contactos personales para obtener atención médica. La corrupción no es una anécdota, sino una estructura instalada: desde camilleros y pantristas hasta médicos y jefes de servicio.

Más de la mitad de los encuestados (56,9%) asegura que realiza estos pagos "siempre o con frecuencia", con La Habana a la cabeza (66,6%). Por regiones, se manifiesta de la siguiente forma: Occidente (58,8%), Oriente (55,8%) y Centro (51,9%).

Los servicios más "tarifados" de manera informal son la obtención de medicamentos, procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas con equipos médicos

Los servicios más "tarifados" de manera informal son la obtención de medicamentos (57,6%), procedimientos quirúrgicos (27,9%) y pruebas diagnósticas con equipos médicos (10%). Incluso, intervenciones como cesáreas, legrados o tratamiento de fibromas requieren el desembolso de sumas entre 25.000 y 45.000 CUP (65 a 117 dólares, según la tasa de cambio del mercado negro), sin contar con los insumos que deben ser comprados por fuera del sistema.

La paradoja es brutal. Cuba destina apenas el 2,1% del presupuesto estatal a salud y asistencia social, pero mantiene a 24.000 médicos trabajando en 56 países, lo que en 2022 reportó ingresos de 4.882 millones de dólares, según datos oficiales. De ellos, entre el 75% y el 90% de los salarios pagados por los gobiernos receptores se queda en las arcas del Estado cubano.

Mientras tanto, las farmacias nacionales tienen un desabastecimiento superior al 50% del cuadro básico de medicamentos y los hospitales muestran signos de abandono, con techos colapsados, plagas de roedores, salas clausuradas y una higiene deficiente documentada en múltiples reportajes independientes.

El texto intercala las cifras con testimonios que estremecen: un anestesiólogo que opera con insumos guardados "para los nuestros", una enfermera de neonatología que admite retrasar atenciones a pacientes sin “recomendación”, o un paciente que para operarse una hernia tuvo que regalar dos cerdos a los médicos. Otros, como Alexis Domínguez, esperan una cirugía urgente mientras pagan hasta 150 dólares solo para ser anotados en una lista.

Más indignante aún es la situación de las mujeres. El capítulo dedicado a ginecología y obstetricia documenta pagos por cesáreas, abortos, regulaciones y hasta para que se respete un protocolo médico mínimo durante el parto. Una joven, por ejemplo, pagó 10.000 pesos para que su cesárea se realizara antes de que su bebé corriera peligro, luego de 36 horas de trabajo de parto. “El pagar te da la cobertura de poder reclamar”, dice sin rodeos.

La investigación subraya que lo más alarmante no es la existencia de la corrupción, sino su normalización. Casi el 83% de los encuestados cree que la corrupción en salud está “extendida” o “muy extendida”. Y más del 52% afirma que ha dejado de buscar atención médica debido a los pagos ilegales.

El texto califica este fenómeno como una forma de violencia institucionalizada, que se ejerce no solo por acción, sino también por omisión

El texto califica este fenómeno como una forma de violencia institucionalizada, que se ejerce no solo por acción (cobros indebidos, maltrato y negligencia), sino también por omisión (ineficiencia, espera interminable y falta de recursos). “Lo que era derecho, hoy es privilegio”, sintetiza con crudeza.

Las autoridades, por su parte, han optado por minimizar el problema. Miguel Díaz-Canel reconoció en abril de 2025 que existen “tendencias negativas” como la venta ilegal de servicios, pero se limitó a pedir que se enfrenten “enérgicamente”. A falta de una estrategia estructural, el Gobierno solo castiga casos aislados, sin admitir que la corrupción es consecuencia directa de salarios paupérrimos, falta de recursos y desinversión crónica.

El estudio concluye que el SNS cubano no se está privatizando en el sentido clásico, pero sí en la práctica. La salud ya no depende del Estado, sino del bolsillo o los contactos del paciente. Y lo que es más preocupante, incluso los médicos recién graduados están desertando, invalidando sus títulos antes que ejercer en estas condiciones. Entre 2021 y 2023, más de 63.800 profesionales del sector salud abandonaron el sistema.

“Tu servicio de salud es gratuito... pero cuesta”. La pancarta que cuelga en la entrada de algunos hospitales podría parecer un chiste cruel. Pero en Cuba, donde el dolor y la enfermedad se han vuelto un producto más del mercado negro, esa ironía es ya una verdad incontestable.