"La situación es más crítica que en el período especial”, advierte el economista cubano Pedro Monreal

La Habana/La crisis cubana es “sistémica” y es probable que su modelo de economía planificada haya llegado “al límite”, sostiene en una entrevista a EFE el reconocido economista cubano Pedro Monreal, quien subraya que el primer paso de una reforma económica debe ser siempre “político”.

“La situación actual es muy crítica, más crítica que en el período especial, entre 1990 y 1993”, señala en relación a la peor crisis de Cuba hasta la fecha, la que siguió al derrumbe del bloque soviético en Europa.

Este doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, que ha ejercido durante décadas la docencia y la investigación en su país y el extranjero, reside actualmente en Madrid y es un referente por sus análisis en redes sociales al hilo de la actualidad cubana.

Explica que la contracción económica fue mayor en el período especial, pero que ahora, tras cinco años de profunda crisis en la isla, la “caída es más sostenida y no está a la vista una salida”.

Cuba sufre desabastecimiento de básicos (alimentos, medicinas, combustible), prolongados apagones diarios, fuerte inflación, recesión, dolarización creciente, migración masiva y un deterioro acelerado de las condiciones de vida.

“Creo que se ha llegado al límite en la capacidad de ajustar de un sistema de planificación centralizada”, analiza Monreal e indica que “tras sucesivas modificaciones sin eliminar los problemas estructurales” del país -sino apenas algunas de sus consecuencias-, las medidas que adopta el Gobierno tienen “efectos decrecientes”.

“La economía sigue decreciendo y la crisis no tiene salida, no se resuelve. Lo que se esté haciendo, no está teniendo resultado"

“La economía sigue decreciendo y la crisis no tiene salida, no se resuelve. Lo que se esté haciendo, no está teniendo resultado. ¿Estamos al final de un modelo de regulación de casi 60 años? Es probable”, se contesta.

Monreal dibuja un panorama alarmante. Destaca los “niveles totalmente derrumbados” de la producción agropecuaria, que “siguen cayendo como un plomo desde los picos de 2016-2018”, y advierte de una crisis de seguridad alimentaria “muy, muy seria”.

Advierte también sobre la situación energética, con las reiteradas averías en las obsoletas centrales termoeléctricas; el déficit presupuestario; la pérdida de capacidad de arrastre del sector turístico; la falta de “respaldo productivo” del peso cubano; y el derrumbe del poder adquisitivo de los salarios en un 30 % en apenas cuatro años debido a la inflación.

A su juicio, Cuba se encuentra en una “crisis sistémica”, “una alteración profunda y dilatada de la matriz” del modelo económico que afecta sus pilares. “Es el tipo de crisis de la que un país no se puede recuperar desde dentro de los marcos del sistema”, dice, y lamenta que la dirección del país no parezca dispuesta a asumir la “radicalidad” de los cambios necesarios.

“Toda reforma económica es un acto político”, subraya este economista, quien sostiene que el mantenimiento de la economía planificada en Cuba “tiene que ver con insistencia política, no tanto económica”.

La falta de acción política en este ámbito, en su opinión, se puede entender solamente por dos motivos. En primer lugar, por el intento de “preservar el poder” del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) porque, como pasó en casi todas las demás economías socialistas, esas necesidades “dictan el ritmo y la dirección de las reformas”.

El segundo, apunta, es el temor de que los cambios económicos pudieran modificar el “funcionamiento institucional”, diversificar los intereses de las élites, con la subsiguiente “fragmentación” de la dirección del país.

En su opinión, el “cálculo” de estas élites es que “es preferible asumir el riesgo de la desintegración económica”, tratando de apuntalar sólo “los elementos más críticos”, que lanzar “unas reformas más radicales que pudieran trastocar completamente” la estructura de poder.

“En Cuba obviamente se reconoce el riesgo muy grande de que la pérdida de dinamismo económico arrastre a la población a una crisis social que se transforme en política, de la cual se han visto chispazos”

“En Cuba obviamente se reconoce el riesgo muy grande de que la pérdida de dinamismo económico arrastre a la población a una crisis social que se transforme en política, de la cual se han visto chispazos”, señala Monreal.

Con respecto al programa gubernamental para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que viene implementándose a cuentagotas desde hace casi dos años, Monreal señala incongruencias e inconsistencias: “Es un intento de resolver una crisis estructural sin modificar sustancialmente el marco”.

Considera que el programa, que incluyó principalmente medidas de ajuste presupuestario y la dolarización parcial de la economía, no tiene visos de alcanzar sus objetivos porque “sigue manteniendo una idea de que el sistema puede ser recompuesto a partir de modificaciones -yo digo- cosméticas”.

Una de las medidas contempladas en ese plan es una reforma del sistema monetario, profundamente tensionado por la denominada Tarea Ordenamiento de 2021, un fallido intento del Gobierno cubano de sacar al dólar de la economía local. “Es un desastre, lo que puso la economía cubana patas arriba más que cualquier otra cosa”, considera Monreal.

Sin embargo, cualquier actuación en este ámbito ahora es también compleja, reconoce. El economista no cree que el Gobierno vaya a unificar los tipos de cambio (actualmente dos oficiales, ambos muy alejados del informal) ni que pueda establecer una nueva tasa guiándose por los fundamentales porque sería “matar de hambre al país”.

Sobre si sería un cambio flotante, como avanzó el Gobierno a finales del año pasado, Monreal también tiene dudas. Sería más probable una “flotación sucia” entre dos bandas, aunque eso implicaría que el banco central tuviese divisas para defender la tasa.

El Gobierno sí que ha tenido “éxito” reduciendo la inflación y el déficit público, apunta el economista, pero esto se ha logrado “básicamente empobreciendo al país”, por la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales y los recortes en servicios.