"Solicitar la certificación del elector no es hacerle el juego a la dictadura cubana"

La Habana/El Parlamento cubano rechazó recientemente una petición para tramitar una ley de amnistía que impulsaron decenas de familiares de presos políticos. A partir de aquella solicitud, que la Asamblea Nacional catalogó de "improcedente", se generó un amplio debate sobre la pertinencia o no de apelar a las propias leyes del régimen cubano para impulsar un cambio en la Isla.

Sobre ello conversa Manuel Cuesta Morúa con este diario. La opinión de este veterano disidente, radicado en la Isla, aborda varias de esas aristas que compartimos con nuestros lectores.

Pregunta. ¿Legitimar o no legitimar? ¿Se puede vivir bajo un régimen autoritario y renunciar a aceptar todas sus normativas y protocolos oficiales?

Respuesta. Podría parecer cínico decir que el proceso de legitimación de las dictaduras comienza por la aceptación de las instituciones que gestionan nuestra condición existencial o social. La mal llamada libreta de abastecimiento, el carné de identidad y el pasaporte son de esas instituciones a través de las cuales la dictadura nos regula, controla y limita, pero que aceptamos. Y no porque queramos, sino por dos razones: las dictaduras son posibles solo si institucionalizan toda la vida social. También están obligadas a incorporar el lenguaje y ciertas herramientas democráticas. 

La mal llamada libreta de abastecimiento, el carné de identidad y el pasaporte son de esas instituciones a través de las cuales la dictadura nos regula

P. ¿Por qué tienen esa obligación?

R. De lo contrario tienen un serio problema de legitimación tanto interna como externa. Tienen que aparentar ante sí y ante los demás. Por eso, los espacios legales y constitucionales que dejan a la población para que se puedan convertir en ciudadanos son solo condiciones, obligaciones casi inevitables que las dictaduras se autoimponen para poder atravesar con cierta impunidad el campo y el juego de las apariencias. 

P. ¿Entonces es como un juego de espejos?

R. Exacto. No son condiciones que nos imponen a nosotros, sino realidades institucionales que no les queda más remedio que asumir si quieren ser de algún modo aceptados. La dictadura nos impone algunas cosas por ley, como el artículo 5 de la Constitución, y otras, la mayoría, fuera o manipulando la ley. 

P. ¿Un ejemplo de alguna de esas condiciones dentro de la ley?

R. El requisito de contar con una certificación de elector para impulsar una petición ante la Asamblea Nacional, que puede ser similar a cualquier otro requerimiento de autentificación ciudadana en cualquier democracia genuina. Sin embargo, en el caso de Cuba, se trata de una barrera excesiva. No obstante, puede ser saltada si nos imponemos a nosotros mismos el ejercicio de una ciudadanía fuerte.

P. ¿Entonces recomienda solicitar la certificación del elector?

R. Sí, creo que solicitarla es un paso en nuestra conversión en ciudadanos cívicos. No le estaríamos haciendo el juego a la dictadura, a la que no le interesa que la apariencia se convierta en realidad, sino a nosotros mismos. Ellos ni siquiera difunden estos caminos legales. 

P. ¿Considera que el propio régimen esconde la existencia de esos canales?

R. Exacto. ¿Habla acaso el Gobierno en algún programa radial o televisivo sobre leyes como la 131, que recoge las posibilidades del ejercicio ciudadano? ¿Imprime de forma sistemática la Constitución para distribuirla, que no venderla, en centros de trabajo o en escuelas? 

P. ¿Pero usar esos caminos no sería "hacerle el juego" al régimen?

R. A juzgar por las respuestas al Proyecto Varela o a la propuesta de candidatos independientes en elecciones locales del Poder Popular, el Gobierno no creyó, ni por asomo, que se le estuviera haciendo el juego. La prueba de autenticidad de las alternativas cívicas pasa por su capacidad para legitimarse, tanto dentro de sus propias reglas como dentro de las reglas convencionales de la sociedad y del Estado. El problema real de las dictaduras es que se sienten siempre constreñidas cuando de reglas del juego se trata.

P. Usted está entre los promotores de un proyecto que recomienda usar esos caminos ¿En qué punto están?

R. El proceso comenzó en 2022 de la mano del Consejo de Transición para la Democracia en Cuba y de la plataforma D Frente. Julio Ferrer, abogado independiente, nos advirtió de que en marzo de 2020 había entrado en vigor la Ley 131, que regula cómo debe hacerse la recogida de firmas para cualquier iniciativa ciudadana. Había que empezar por acudir ante el Consejo Electoral Nacional para solicitar la certificación acreditativa de la condición de elector. 

Por muy engorroso que parezca y sea, esto es todo un paso de avance respecto a la época del Proyecto Varela, cuando, una vez entregada las primeras 11.000 firmas, el Gobierno exigió el requisito de que cada firma tenía que ser autenticada ante notario. 

Ante cada incursión nuestra, ellos subían la valla de los requisitos para hacernos más difícil el ejercicio cívico

P. ¿Y se han logrado conseguir esas certificaciones?

R. Obtenerlas ha sido una odisea. Empezamos por ir a los Consejos Electorales Municipales. En algunos, luego de consultar con sus superiores, aceptaban nuestra solicitud y nos firmaban una copia como acuse de recibo, otros no. Era todo muy irregular y por eso acudimos al Consejo Electoral Nacional, primero Ferrer para insistir y obtener finalmente la primera certificación del elector entregada en Cuba. Más tarde, yo, para indagar por qué no se había tramitado el resto de las solicitudes hechas en distintas provincias.

P. ¿Qué respondieron?

R. Una asesora jurídica nos dijo que la tramitación había que hacerla en cada Consejo Electoral Provincial. A eso nos dispusimos, para enterarnos que a ese nivel tampoco era. Ante cada incursión nuestra, ellos subían la valla de los requisitos para hacernos más difícil el ejercicio cívico. Hasta ahora, ocho electores han recibido su certificación de una decena de solicitudes. 

P. ¿Entre las críticas del propio bando y los obstáculos burocráticos del otro, el resultado parece bastante incierto?

R. Nuestra determinación es continuar saltando vallas. De la ley a la ley y desde abajo, ese sigue siendo el mejor camino.