El Supremo de EE UU falla a favor de Havana Docks en la causa contra cuatro navieras que usaron el puerto de La Habana

Madrid/Tras años de litigio, el Tribunal Supremo de EE UU ha dado la razón a Havana Docks Corporation en su reclamación contra las compañías Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises, a las que considera responsables ante las reclamaciones que pueda hacer un ciudadano estadounidense en base a la Ley Helms-Burton. La sentencia, publicada este jueves, devuelve el caso a los tribunales, que deberán resolver nuevamente si procede indemnizar a los afectados por confiscaciones en los años 60 en Cuba. 

La decisión ha sido adoptada por la mayoría del tribunal, a excepción de un voto discrepante. Los magistrados consideran que quienes utilizan propiedades "contaminadas por una confiscación anterior" son responsables ante "cualquier ciudadano estadounidense que tenga algún derecho sobre ellas". El juez Clarence Thomas, ponente del fallo, indicó que ahora Havana Docks solo tendrá que demostrar que las líneas de cruceros de esas empresas han utilizado la propiedad confiscada, algo que ya había quedado probado en momentos anteriores de la causa.

La jueza discrepante, Elena Kagan, formuló su voto particular adhiriéndose a la tesis del Tribunal de Apelaciones anterior, que consideró que los derechos de Havana Docks Corporation expiraron antes de que las cuatro compañías de cruceros las explotaran.

El tribunal argumentó que si Havana Docks hubiera sido “propietaria en pleno dominio” de los terrenos la situación sería diferente, pero no de este modo

Havana Docks Corporation es una compañía presidida por el estadounidense Mickael Behn. Su abuelo, William C. Behn, poseía en 1960 tres muelles en el puerto de La Habana que fueron confiscados en 1960 por el régimen de Fidel Castro. Con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permitía a los ciudadanos estadounidenses reclamar por los bienes expropiados por la Revolución sin compensación –todos–, la empresa demandó a las cuatro navieras por haber ganado al menos 1.100 millones explotando sus muelles. La compañía cifró sus pérdidas en 9.179 millones de dólares desde la confiscación.

En 2022, la jueza Beth Bloom, del Distrito Sur de Florida, falló a favor de Havana Docks y condenó a estas empresas a pagar 439 millones de dólares solidariamente al concluir que las cruceristas participaron en el tráfico de bienes confiscados al atracar sus barcos en la terminal, usarla para embarcar y desembarcar pasajeros, y como punto de partida y finalización en excursiones por tierra. 

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones cambió las cosas. Los magistrados consideraron en octubre de 2024 que Havana Docks no era propietaria del área en disputa, sino que tenía una concesión usufructuaria para “construir y operar muelles e instalaciones de la terminal del Puerto de La Habana por un período de 99 años a partir de 1905”. Esa concesión terminó en 2004, por lo que los derechos ya se habían extinguido las empresas realizaron viajes a la Isla, es decir 2016 y 2019. 

En aquella ocasión, el tribunal argumentó que si Havana Docks hubiera sido “propietaria en pleno dominio” de los terrenos la situación sería diferente, pero no de este modo. “No creemos que el Congreso, al promulgar el Título III, haya querido convertir los intereses de propiedad que estaban limitados temporalmente al momento de su confiscación en intereses de dominio absoluto a perpetuidad, de modo que los titulares de esos intereses limitados pudieran hacer valer sus reclamaciones sobre tráfico hasta lo que Buzz Lightyear llamó ‘el infinito y más allá’”, adujo la sentencia. 

La decisión sienta un precedente para que más personas –jurídicas o físicas– afectadas por las confiscaciones demanden en los tribunales estadounidenses

Ahora, el máximo tribunal vuelve a dar la vuelta a las cosas en lo que parece la antesala de un caso similar que aún está en espera, el de las reclamaciones de Exxon Mobil. En este caso, la compañía, antes llamada Standard Oil Company, reclamó ante los tribunales la expropiación de la actual refinería Ñico López de La Habana, así como 117 gasolineras que operaban en la Isla antes de la llegada de Castro al poder. La demanda se impuso contra la Corporación Cimex y la Unión Cuba Petróleo (Cupet), quienes debieron defender su posición en las cortes estadounidenses. En total, ha declarado la empresa, las pérdidas fueron de 72 millones de dólares en esa época, una cifra que ahora se calcula en unos 600 millones. 

Esta causa difiere de la anterior porque el tribunal de apelaciones frenó la demanda por otro motivo, ya que alegó que las empresas estatales cubanas estaban protegidas por la inmunidad soberana que ampara a países extranjeros. Exxon decidió llevar el caso hasta el Supremo en abril de 2025.

La decisión en el caso de Havana Docks sienta un precedente para que más personas –jurídicas o físicas– afectadas por las confiscaciones demanden en los tribunales estadounidenses y añade presión a cualquier que se plantee invertir en Cuba. No obstante, las compañías alegaron durante todo el proceso que en ese momento estaban cumpliendo con la legislación del país. La sentencia también se conoce un día después de que trascienda la posibilidad de que un ex asesor de Trump adquiera el 55% de Sherritt Internacional con el fin de explotar minas en Cuba si se le concede una licencia de la Ofac, aunque