¿Es posible compensar la confiscación de bienes?

14ymedio

09 de noviembre 2015 - 22:06

No es realista que La Habana pueda pagar las demandas de los exiliados — Carmelo Mesa-Lago - economista y profesor de la Universidad de Pittsburgh
Vemos que se acerca nuestro momento. Al menos estamos en un escenario más favorable — Jordi Cabarrocas - director general del proyecto 1898

Una de las mayores heridas para la sociedad cubana se produjo en 1961, cuando el Gobierno surgido tras la Revolución decretó la confiscación de los bienes de los ciudadanos que abandonaban definitivamente la Isla. Medio siglo más tarde, la restitución de estas propiedades sigue siendo una exigencia irrenunciable para quienes emigraron y un punto clave para la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y EE UU. Las leyes estadounidenses establecen que las compensaciones por las confiscaciones de propiedades norteamericanas son ineludibles para que se ponga fin al embargo contra la Isla.

No obstante, para el Gobierno cubano es un asunto innegociable. El economista cubanoamericano Carmelo Mesa-Lago ha explicado recientemente que no es realista que La Habana pueda pagar las demandas de los exiliados, como recoge el diario estadounidense Pittsburgh Post-Gazette. La comisión estadounidense encargada de las reclamaciones estima las indemnizaciones en más de 7.000 millones de dólares, incluyendo los intereses acumulados por décadas. Aunque la mayoría de las peticiones (268 millones de dólares) corresponden a grandes empresas como Exxon, Texaco, Coca-Cola, Colgate-Palmolive o IBM, muchos demandantes son particulares que han perdido sus viviendas, terrenos y pequeñas empresas.

En 1959, el nuevo Gobierno nacionalizó los bienes de las personas presuntamente relacionadas con la dictadura de Batista. Un año después, la Ley 890 expropió todas las grandes compañías estadounidenses y, luego, las medianas y pequeñas empresas. Hasta el cambio de la ley migratoria en 2013, los bienes de los nacionales que salían al exilio eran sistemáticamente confiscados.

Hasta el cambio de la ley migratoria en 2013, los bienes de los nacionales que salían al exilio eran sistemáticamente confiscados

Para el profesor de la Universidad de Pittsburgh, hay que mirar con realismo los números de la maltrecha economía cubana. Mesa-Lago sostiene que las exportaciones de Cuba en 2013 fueron un 12% inferiores a las de 1989, el pico de la actividad antes de la grave crisis económica que vivió la Isla después del colapso de la Unión Soviética. Otros factores a tener en cuenta, agrega el experto, son el déficit comercial de bienes (9.400 millones en 2013) y la deuda con el Club de París desde 1986 (15.000 millones de dólares).

Las autoridades cubanas sostienen que el embargo de EE UU ha causado daños económicos por 833.755 millones de dólares a la Isla y utilizan ese argumento "como moneda de cambio para negociar" las compensaciones por las expropiaciones. Sin embargo, Patrick J. Borchers, profesor de derecho internacional de la Universidad Creighton, afirma que va a ser improbable que esta contrademanda pueda evitar que La Habana tenga que hacer frente a sus deudas.

El oficialismo sabe que el debate sobre la propiedad es imposible de eludir de cara a la reconciliación nacional. En 1978 se celebró una reunión entre exiliados y el Gobierno cubano con el fin de abrir un canal de comunicación. Aunque el acercamiento no prosperó, se consiguió la liberación de más de 3.000 presos políticos y quedaron expuestas las cuatro vías esenciales para la reconciliación. Una de ellas era la restitución de propiedades.

"Desde 1959, son decenas, posiblemente cientos de miles de cubanos los que calificarían para reclamarle al Estado compensaciones"

El economista cubano Jorge A. Sanguinetty, autor del artículo "La propiedad privada y las reclamaciones en el futuro de Cuba", cree que "desde 1959, son decenas, posiblemente cientos de miles de cubanos los que calificarían para reclamarle al Estado compensaciones". Para él, hay dos dificultades: cómo determinar quiénes son los dueños legítimos de las propiedades –a falta de un catastro actualizado– y qué hacer con los cientos de miles de ciudadanos que temen perder las viviendas que ocupan actualmente.

Otro de los asuntos por resolver es qué sucede si la devolución prospera pero existen pérdidas o daños ocasionados por el paso del tiempo. Las compensaciones en dinero son la solución más planteada por los expertos en esta situación, pero la economía cubana, cuyo estado ya es terminal, podría colapsar de tener que afrontar tales indemnizaciones.

¿Qué se ha hecho en otros países en circunstancias similares? La España postfranquista y la Alemania postcomunista no resarcieron a los que sufrieron la incautación de sus propiedades. En Letonia, en cambio, se resolvió el problema de la vivienda reconociendo de nuevo como dueños a los expropiados, dejando a los inquilinos diez años pagando una renta simbólica. Tras ese plazo, el dueño debía negociar con los que residían en la casa.

Las compensaciones en dinero son la solución más planteada por los expertos en esta situación, pero la economía cubana, cuyo estado ya es terminal, podría colapsar

Hace poco más de dos años se inició el plan de restitución de propiedades para la Iglesia católica con la devolución del Colegio Divina Pastora en Bayamo (Granma) o la capilla de la Universidad de Villanueva en La Habana. Muchos cubanos en el exilio, recelosos del proceso, lo calificaron de "premio" a la complicidad y silencio de la Iglesia con el régimen en los últimos tiempos. Fidel Castro plasmó el inicio de la normalización de sus relaciones con el Vaticano con la visita de Juan Pablo II a Cuba en 1998, un camino que continuó con los siguientes viajes de Benedicto XVI y de Francisco.

Tras el anuncio del presidente Barack Obama del pasado 17 de diciembre, las expectativas sobre las compensaciones han cobrado un nuevo vigor. En España, unas 500 familias están preparando sus reclamaciones asesorados por el proyecto 1898. La sociedad de recuperaciones patrimoniales, liderada por el ingeniero Jordi Cabarrocas, no exige adelantos y asume todo el riesgo de la operación, a cambio de un 30% de los bienes recuperados.

Cabarrocas explica que muchos de los demandantes son ancianos que acogieron su propuesta con escepticismo. "Hemos ido creciendo y perseverando y en los últimos años, con la enfermedad de Fidel y el proceso de apertura, vemos que se acerca nuestro momento. Al menos estamos en un escenario más favorable", afirma en declaraciones al diario español El Confidencial.

Las 3.000 familias que perdieron patrimonios importantes en Cuba están hoy concentradas en tres zonas (España, EE UU y el entorno caribeño). El equipo de 1898 está convencido de que conseguirá recuperar al menos una parte "en un plazo inferior a 10 años". Sin embargo, por el momento no existe la posibilidad de abrir un expediente, ni se ha empezado a trabajar sobre el terreno, basando la argumentación legal solo en los precedentes.

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