Iberostar y Meliá preparan su defensa ante el endurecimiento del embargo

Las empresas hoteleras han contratado los servicios de varios despachos de abogados, según el diario económico 'Cinco Días'

La compañía hotelera española Meliá tiene 32 hoteles operativos en el archipiélago, 7 en construcción y unas 15.000 habitaciones. (14ymedio)
La compañía hotelera española Meliá tiene 32 hoteles operativos en el archipiélago, 7 en construcción y unas 15.000 habitaciones. (14ymedio)

Iberostar y Meliá, las dos grandes empresas hoteleras españolas con mayores inversiones en Cuba, están preparándose frente a posibles reclamaciones después de que la Administración de Trump haya activado parcialmente el Título III de la ley Helms-Burton. Según el diario económico español Cinco Días, las compañías hoteleras ya han contratado los servicios de varios despachos de abogados para hacer frente a eventuales problemas judiciales.

El Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por Estados Unidos en 1996, contempla la posibilidad de llevar a cabo reclamaciones ante los tribunales estadounidenses de las que podría derivarse la confiscación de propiedades en Estados Unidos de las empresas con operaciones en Cuba. En los últimos 20 años Washington ha suspendido la aplicación de este título de la Ley, pero el pasado 17 de marzo el Gobierno de Donald Trump tomó la decisión de aplicarlo de forma parcial. Por el momento, se permite que las personas y empresas demanden a compañías sancionadas por Washington que operan en Cuba y que están incluidas en una "lista negra", lo que afecta, principalmente a las vinculadas a la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). En este supuesto se encuentran algunos hoteles de Gaviota que gestiona Meliá.

El temor fundamental es que llegado el próximo 17 de abril, Trump no renueve la suspensión definitivamente y permita las demandas para recuperar los bienes confiscados

El temor fundamental es que llegado el próximo 17 de abril, Trump no renueve la suspensión definitivamente y permita las demandas para recuperar los bienes confiscados.

Según Hermenegildo Altozano, socio del despacho de abogados Bird & Bird consultado por Cinco Días y experto en temas cubanos, Trump intenta presionar con medidas económicas para forzar cambios políticos. Marco Rubio está al frente de esa estrategia, explica el abogado. "Es un senador muy importante, influyente, que quiere hacer carrera política y que está usando su poder para intentar convencer a los cubanos en el exilio y a los EE UU de hacer reclamaciones y reactivar el mecanismo de coerción", indicaron fuentes empresariales próximas a Trump al diario.

Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y director del Cuban Desk, consultado también por Cinco Días, dice que existen cerca de 6.000 reclamaciones certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras dependiente del Gobierno, por importe aproximado a 9.000 millones de dólares, aunque la cifra es conservadora.

Según Cinco Días, los expertos en este tema descartan a priori que se llegue a expropiar, pero consideran posibles otras medidas económicas. "Veo altamente improbable que uno de los reclamantes certificados pueda iniciar el proceso de reclamación, pero si lo hiciera eso podría generar un deterioro de la calificación crediticia de las compañías y podría provocar un recorte de las líneas de crédito a las empresas españolas", dijo Altozano. Otro despacho consultado, que no quiso identificarse, no descarta tanto los recursos. "El pulso podría intensificarse si se pasara de la amenaza a la realidad y el Ejecutivo norteamericano también podría optar por embargar flujos de caja o activos de la compañía en suelo estadounidense", declaran.

Meliá tiene 32 hoteles operativos en el archipiélago, 7 en construcción y unas 15.000 habitaciones, mientras que Iberostar tiene 21 hoteles y 6.300 habitaciones. Esta última tiene un importante plan de expansión aprobado para llegar a las 12.000 habitaciones en 2020.

La pasada semana la Cámara de Comercio de España reclamó a la Unión Europea una postura común para luchar en este marco. El organismo pidió acciones orientadas a evitar la aplicación de la Ley Helms-Burton de manera extraterritorial a ciudadanos y empresas europeas y muy especialmente a España.

Entre las acciones que podrían llevarse a cabo señala la aplicación del artículo 6 del Blocking Statute de la Unión Europea que permite a los Estados miembros afectados por la Ley Helms-Burton iniciar acciones legales en territorio de la Unión Europea en contra de las empresas estadounidenses demandantes de sanciones a las empresas europeas con intereses en Cuba.

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