El sector privado ya puede vender al mayoreo sin la mediación de una empresa estatal

Madrid/Las idas y venidas del Gobierno en las regulaciones de la política de ventas mayoristas han generado un caos que se ha prolongado durante todo un año. La situación estaba ya tan en el olvido que, ahora que el Consejo de Ministros ha clarificado cómo quedan las cosas, ya pocos se han interesado. El economista Daniel Torralbas ha publicado un didáctico análisis este martes en OnCuba que, entre otras cosas, concluye que los precios seguirán altos para la mayoría de la población al dejar en manos de un relativamente escaso número de empresas el comercio mayorista. La buena noticia es, a su juicio, que al menos se elimina la obligación de recurrir al Estado como mediador.

Se cumple ahora un año desde que, en diciembre de 2024, el Gobierno publicó una resolución para abordar “el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista por los actores económicos no estatales”. Aquel texto restringía la venta al por mayor a las mipymes que tuvieran esta tarea como objeto social y contaran con la licencia comercial para ello, siempre a través del Estado. Además, se hacía constar expresamente que las mipymes que tuvieran no tuvieran esta actividad como principal debían liquidar sus mercancías en los 120 días siguientes a la entrada en vigor de la norma. Para los cuentapropistas quedaba completamente prohibido el mayoreo.

La revuelta fue importante. Miles de mipymes se dedicaban a la venta al por mayor como actividad secundaria, frecuentemente para otros negocios como el suyo. Aunque los privados llevaban meses temiéndolo –a partir del paquete normativo de agosto de 2024– la indignación fue rápida y los empresarios advirtieron de que la medida solo conduciría a más escasez y, con ella, precios más altos. Viendo las orejas al lobo, el Gobierno decidió en abril, cuando se cumplía el plazo de liquidación de existencias, ampliarlo seis meses más.

“Aquí ha ocurrido una concentración del mercado en relativamente pocos actores que es perjudicial para la competencia, la reducción de precios y la economía”

Ya en septiembre, en el tiempo de descuento, se dio otro paso en el errático camino al anunciar la suspensión indefinida. Además, el primer ministro, Manuel Marrero, se pronunció en contra de la norma aprobada por su propio Gobierno meses atrás, calificándola de “restrictiva”. Pero hace dos semanas la prensa oficial aclaró cómo quedaba el “informe sobre el ordenamiento de la comercialización de las formas de gestión no estatal”, que fue presentado por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez.  

Los cuentapropistas, como originalmente se indicaba, seguirán teniendo completamente prohibido vender al por mayor. Las mipymes y cooperativas que tengan como actividad principal el comercio al por mayor deberán vender los bienes que produzcan –y no los que importan o compran a otro, si se diera el caso– o las materias primas para que otros elaboren productos. Esto reduce en la práctica, subraya Torralbas, a 408 las empresas que podrán dedicarse a ello, quedando fuera las miles de mipymes que lo tienen como actividad secundaria. 

“Aquí ha ocurrido una concentración del mercado en relativamente pocos actores que es perjudicial para la competencia, la reducción de precios y la economía”, señala el economista.

Torralbas califica de “acertada decisión del Gobierno” la de eliminar la intermediación estatal, puesto que ahora los privados podrán vender directamente a cualquier actor económico, de empresas estatales a unidades presupuestadas, pasando por asociaciones sin ánimo de lucro, instituciones religiosas, asociaciones fraternales, empresas de capital cubano, extranjero o mixto; organismos internacionales, misiones diplomáticas y un sinfín de operadores.

En su análisis, el economista se pregunta si la nueva normativa abrirá la puerta a que se creen nuevas empresas con esta actividad “pero con una restricción fundamental: la ‘relación’ con la estrategia local y nacional, un criterio que conduce, sin lugar a dudas, a la discrecionalidad”.

La resolución final es, según Torralbas, un avance con respecto a la original, pero “aunque la cuerda se ha aflojado, sigue habiendo altas barreras (burocráticas) a la entrada de nuevos competidores en el sector comercial privado”. Las 408 mipymes que se dedican al mayoreo son de muy distinta índole, afirma el experto, y, añade, no consta que todas estén operando, “por lo que el tamaño del sector puede ser incluso menor”.

A su juicio, debido a su función para abastecer al comercio minorista y a la grave crisis de escasez que aqueja a la población, la política debería ser aún más abierta

A su juicio, debido a su función para abastecer al comercio minorista y a la grave crisis de escasez que aqueja a la población, la política debería ser aún más abierta para fomentar la oferta y la producción. Su propuesta incluye cinco puntos esenciales, el primero de ellos es precisamente que se permita entrar a tantos comerciantes como sea posible para saturar la oferta, que sufre una carestía crítica. 

Torralbas propone también incentivos para importar materias primas e insumos en vez de bienes finales. Esto existe desde enero de 2024, cuando se redujeron un 50% los aranceles a los primeros y se propuso encarecer a los segundos –hecho este último que solo acabó trasladándose a algunos productos, entre ellos el alcohol y el tabaco, precisamente por la escasez y problemas para producir. Sin embargo, al economista le parece que el método para beneficiarse de las cargas fiscales es engorroso, aunque no indica cuál sería la alternativa. 

Además, hay otras propuestas como facilitar los créditos en divisas para la importación, crear clústeres importadores para las mipymes e introducir sistemas de evaluación para monitorizar los resultados. 

“Las nuevas reglas mantienen el sector comercial privado cerrado y altamente concentrado. Sin embargo, una política que ha dado tantos golpes de timón todavía podría reservarnos sorpresas”, concluye.