Topan los precios agropecuarios en La Habana en un nuevo intento "por regular la comercialización"

La Habana/Tras dar cierre al IV Ejercicio de control de las ilegalidades el pasado domingo, este lunes el gobierno de La Habana ha anunciado un nuevo tope de precios a varios alimentos. Se trata del enésimo “esfuerzo por regular la comercialización de los productos agropecuarios y garantizar una mayor equidad”, una estrategia que hasta ahora ha rendido pocos frutos. 

Firmada por la gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez, la resolución –de la que no se aclara la fecha de entrada en vigor– deroga todas las anteriores normas al respecto e impone un nuevo régimen de precios máximos para la venta minorista de 29 productos que se comercializan en ferias agropecuarias. Entre los más destacados están la yuca, el boniato, los plátanos burros y plátanos fruta, así como la calabaza, que no podrán superar los 25 pesos por libra. La guayaba se cifró a 20, mientras que la unidad de piña y la libra de plátano de vianda se toparon en 35. 

En el resto de los productos los precios suben: el arroz a 155, el carbón vegetal a 800, la malanga puede venderse a 55 o 75 pesos dependiendo de la variedad, y los frijoles, si le fueron entregados insumos al productor, se topan a 196 pesos. De lo contrario, se venderán a un máximo de 285 por libra.

En estos casos se toparon 19 productos y los precios máximos son más altos

También se impusieron precios máximos minoristas a los carretilleros, cuentapropistas, cooperativas no agropecuarias y “mercados de oferta y demanda gestionados por Acopio”. En estos casos se toparon 19 productos y los precios máximos son más altos. Una libra de yuca, por ejemplo, puede venderse a 45 pesos, casi al doble de lo que se exige para las ferias agropecuarias. Otros productos siguen la misma tendencia: plátano burro y fruta, pepino y guayaba a 40 pesos; malanga a 75 o 110 y plátano de vianda a 50. Sin embargo, otros como el arroz, los frijoles y algunas verduras coinciden en precio. 

Los listados de precios se establecen sobre la base de tres tipos de comercialización: compra al productor, venta mayorista y comercio minorista. Por ejemplo, el guajiro debe vender su libra de yuca por 20 pesos al mayorista, que la comercializará a 24 pesos, mientras el minorista la ofrecerá a 30 pesos.

En la lista se incluyen también el boniato, el plátano burro y el de fruta, además de la calabaza, que tienen el mismo tope de la yuca. El resto varía entre los 25 y los 250 pesos dependiendo del producto y de qué entidad lo adquiera.  

Los nuevos topes tendrán efecto en todos los municipios de la capital, añade la resolución, que insiste en que su propósito es “mejorar la transparencia en la comercialización de alimentos, proteger al consumidor y fortalecer el control estatal sobre los precios en un contexto económico desafiante agudizado por el recrudecimiento del bloqueo”.

"Si en vez de topar el precio, le dieran facilidades al campesino..."

Que los precios se controlen justo después de que el Estado desplegara por toda una semana a sus inspectores en todo el país no es casual. Según los resultados publicados por la prensa oficial al cierre del ejercicio contra las ilegalidades, una de las violaciones encontradas con más frecuencia fue, precisamente, la venta de alimentos a “precios abusivos”.

No obstante, los habaneros ya ven venir la desaparición de los productos regulados y su venta por la izquierda, como ocurre cada vez que el Estado anuncia un tope de precios. “Cuando dicen que van a bajar los precios los productos desaparecen. Los particulares tienen todas las mercancías y los estatales no tienen nada y también venden con precios elevados. Podemos poner el ejemplo de la papa: solo nos dieron una sola vez por la llamada canasta básica. Las demás las vendieron los vendedores ambulantes a precios elevados. Aquí ya no confiamos en casi nada, solo nos queda vivir para ver”, refería un lector al pie de la publicación de Tribuna de La Habana en Facebook.

“Si en vez de topar el precio, le dieran facilidades al campesino para cultivar, por ejemplo combustible para preparar las tierras, productos de fumigación y abonos, y con el traslado de la mercancía hacia la ciudad. Entonces sí hablen de bajar precios, pero esto lo que hace es que el campesino se vaya y no venga más”, criticaba otro desde el punto de vista de los guajiros que, como muchos vendedores, se han quejado numerosas veces de que los precios topados no cubren la inversión que lleva sembrar o comprar los alimentos.

Sin embargo, el Estado parece más centrado en imponer las normas que en resolver el problema de raíz y, a la larga, las multas que cobra por la violación de los precios le reportan millones de pesos. 

Solo durante la semana pasada, en el marco del ejercicio de control de ilegalidades, en la Isla se impusieron 7.500 multas, derivadas de más de 12.000 inspecciones. Las sanciones suman casi 24 millones de pesos recaudados, a los que se suman decomisos de todo tipo de productos que van a parar a las empresas estatales encargadas de comercializarlos.