El Consejo Electoral niega la validez del referéndum convocado por la oposición

La fiscal Luisa Ortega pide convertirse en un factor para el diálogo entre chavismo y sus detractores

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. (MIGUEL GUTIERREZ EFE)
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se mostró conciliadora y dispuesta a ser puente entre chavismo y oposición. (MIGUEL GUTIERREZ EFE)

(Con información de EFE). Socorro Hernández, una de las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral vinculada al chavismo, aseguró este martes que la consulta promovida por la oposición contra la Asamblea Nacional Constituyente no tendrá validez legal.

"La Asamblea Nacional Constituyente es el proceso legalmente permitido dentro de la Constitución y las leyes que se tiene que llevar adelante, cualquier otra cosa que se esté haciendo no reviste la legalidad de un proceso electoral", dijo al ser consultada sobre el proceso.

En este sentido, indicó que los opositores "no han pedido ningún apoyo" ni han consultado "absolutamente nada de esa iniciativa".

"Aquí la institución en el país que lleva adelante los procesos electorales es el Consejo Nacional Electoral, cualquier otro ejercicio que se esté haciendo obviamente no es vinculante, no tiene carácter de legalidad", insistió.

"Aquí la institución en el país que lleva adelante los procesos electorales es el Consejo Nacional Electoral, cualquier otro ejercicio que se esté haciendo obviamente no es vinculante"

El Parlamento aprobó el 5 de julio la convocatoria a un referendo para el próximo domingo para consultar a los venezolanos su rechazo o apoyo a la Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para elegir el 30 de julio a los redactores de una nueva Carta Magna.

El plebiscito que se celebrará el próximo domingo con el respaldo de algunas universidades e independiente del Poder Electoral consulta además a los venezolanos sobre si rechazan la Asamblea Nacional Constituyente, y si piden a las Fuerzas Armada que protejan la Constitución vigente y respalde a la AN.

Una tercera les pregunta si aprueban la remoción de los titulares de los Poderes Públicos, acusados de servir al chavismo, la celebración de elecciones y la conformación de un Gobierno de unidad nacional.

Las manifestaciones, mientras, continúan sucediéndose acompañadas de violencia y las autoridades tratan de contener las protestas por la vía judicial. Este martes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió acciones contra las alcaldesas de los municipios occidentales de Maracaibo y San Cristóbal, Eveling Trejo y Patricia Gutiérrez, respectivamente, ambas opositoras al Gobierno.

En un comunicado del Supremo se indica que la Sala Constitucional ordenó que las alcaldesas "realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios" para "evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos".

Asimismo se exige que las alcaldesas "procedan a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana".

También se pide a las funcionarias que cumplan con la protección de los habitantes de los municipios que gobiernan, "impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

Gutiérrez es esposa del político preso Daniel Ceballos, ex alcalde del municipio que ahora ella gobierna y que fue privado de libertad por supuestamente permitir la colocación de barricadas durante las protestas antigubernamentales de 2014.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo este martes que 232 personas se encuentran "ilegítimamente detenidas" por tribunales

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo este martes que 232 personas se encuentran "ilegítimamente detenidas" por tribunales, pues para los arrestos hechos en el marco de la ola de protestas que se desarrolla en el país hace más de cien días no ha habido participación del Ministerio Público.

"El Ministerio Público en el día de hoy realizó un balance de las personas ilegítimamente detenidas por tribunales (...) Logramos determinar que 232 personas fueron privadas de libertad sin petición alguna del MP y que 251 se encuentran en detención domiciliaria sin petición del MP", dijo Ortega a la emisora privada Unión Radio.

Señaló que hay "jueces actuando fuera de sus facultades" que han procedido a "imputar delitos y a acordar medidas restrictivas de libertad".

Sobre la detención del diputado opositor Wilmer Azuaje en mayo pasado sin orden judicial, declaró que el MP ha hecho solicitudes para "que ese limbo jurídico en que está este ciudadano se resuelva", y resaltó que ese ciudadano goza, además, de inmunidad parlamentaria.

"Las evidencias que presuntamente se le encontraron a él nunca fueron puestas a la orden del MP, nosotros solicitamos a la justicia militar, a la entonces fiscal militar, que pusiera todas esas evidencias a la orden del MP y nunca las puso", agregó. El propio el defensor del Pueblo dijo que a Azuaje debería otorgársele "una medida cautelar sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad".

"Si la solución de estos conflictos pasa porque yo no esté en el Ministerio Público también estoy dispuesta a hacerlo, si la solución de este país pasa porque yo esté privada de libertad, estoy dispuesta a hacerlo"

Pese a este contexto en el que no cesa la confrontación, la fiscal general, Luisa Ortega, ha intentado recuperar el tono dialogante y ha expresado su interés en convertirse en un "factor para el diálogo" entre el Gobierno y la oposición.

"Ojalá pudiera tener una conversación franca con el presidente (...) y con la oposición, ojalá yo pudiera convertirme en un factor para el diálogo en este país (...) estoy dispuesta a hacerlo con quien sea necesario", dijo la fiscal en una entrevista con la emisora privada Unión Radio.

"Tengo que anteponer los intereses del país, los intereses de la nación por encima de mis propios intereses, es más, si la solución de estos conflictos pasa porque yo no esté en el Ministerio Público también estoy dispuesta a hacerlo, si la solución de este país pasa porque yo esté privada de libertad, estoy dispuesta a hacerlo", dijo.

Ortega agregó que su deseo es que se entienda que el país pide "paz, entendimiento, alimentos, medicinas" y dijo no saber nada sobre el desarrollo de su enjuiciamiento, pues todo "es clandestino".

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