La Corte Penal Internacional emite una orden de detención contra Putin por "deportación ilegal" de niños

El tribunal dentificó a cientos de menores deportados a territorio ruso para pedir el arresto del mandatario

El presidente ruso, Vladímir Putin, en la Plaza Roja de Moscú, el 9 de mayo de 2022. (EFE/EPA/Maxim Shipenkov)
El presidente ruso, Vladímir Putin, en la Plaza Roja de Moscú, el 9 de mayo de 2022. (EFE/EPA/Maxim Shipenkov)

17 de marzo 2023 - 20:37

La Haya/(EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, como "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

"Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia", dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el "territorio ocupado de Ucrania", señaló la CPI, que considera que hay "motivos razonables" para creer que Putin tiene "responsabilidad penal individual" por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado, podría traducirse tanto en "haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros"

La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en "haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros", o por "no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva", según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.

En lo que respecta a Lvova-Belova (1984), la CPI considera que tiene "responsabilidad penal individual" por el mismo tipo de crimen de guerra tras "haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros" desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó hoy la CPI.

"Los incidentes identificados por mi Oficina incluyen la deportación de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil. Alegamos que muchos niños han sido dados en adopción en Rusia desde entonces. La ley se modificó, a través de decretos presidenciales emitidos por el presidente Putin, para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, facilitando su adopción por familias rusas", denunció Khan.

El fiscal también subrayó en su petición que "la mayoría de los actos en este patrón de deportaciones se llevaron a cabo en el contexto de los actos de agresión cometidos por las fuerzas militares rusas contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania que comenzaron en 2014", después de la anexión de Crimea.

Los relatos de quienes habían cuidado a estos niños y sus temores sobre qué había sido de ellos subrayaron la necesidad urgente de actuar"

"El impacto humano de estos crímenes quedó claro durante mi visita reciente a Ucrania. Allí, visité uno de los hogares de los que supuestamente se llevaron a los niños, cerca de la actual línea de frente del conflicto. Los relatos de quienes habían cuidado a estos niños y sus temores sobre qué había sido de ellos subrayaron la necesidad urgente de actuar", dice Khan.

El fiscal advirtió en un comunicado que seguirá "buscando la cooperación" de Rusia con sus investigaciones sobre la situación en Ucrania, y se comprometió a cumplir la ley e "investigar las circunstancias incriminatorias y exculpatorias por igual" de los presuntos crímenes cometidos durante la invasión rusa.

Además, aseguró que su oficina continúa "desarrollando múltiples líneas de investigación interconectadas" sobre la guerra en Ucrania, un país que tildó de "una escena del crimen que abarca una gama compleja y amplia de presuntos crímenes internacionales".

La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque "la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa" y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.

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