Cuba denuncia intentos de vincular a la Isla con las protestas en Colombia

El Gobierno de Duque sigue negociando con el Comité del Paro Nacional para poner fin a las manifestaciones

Manifestantes se enfrentan a policías durante una jornada de protestas en contra de la reforma tributaria, el 29 de marzo de 2021, en Cali (Colombia). (EFE/Ernesto Guzmán Jr.)
Enfrentamientos entre policías y manifestantes en Colombia. (EFE/Ernesto Guzmán Jr.)

(con información de EFE).- El Gobierno de Cuba denunció este domingo intentos de vincularlo con las protestas violentas ocurridas en Colombia desde finales de abril en rechazo a la brutalidad policial y las políticas del Gobierno del presidente Iván Duque, y ratificó su compromiso con la paz en esa nación suramericana.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó en un mensaje a través de su cuenta de Twitter: "el compromiso de Cuba con la paz de Colombia está más que demostrado y así seguirá siendo".

"Cualquier intento por vincularnos con la situación que vive hoy ese país se estrella contra esa verdad incuestionable", añadió

"Cualquier intento por vincularnos con la situación que vive hoy ese país se estrella contra esa verdad incuestionable", añadió.

El pasado 7 de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla protestó por la expulsión del primer secretario de su embajada en Colombia, Omar Rafael García, y calificó de "injustificada e inamistosa" la decisión de Bogotá de declarar persona non grata al diplomático de la isla por supuestas "actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena"'.

Ayer, el director general para América Latina y el Caribe de la Cancillería cubana, Eugenio Martínez, también rechazó acusaciones de sectores de la política colombiana y de exiliados de origen cubano en Estados Unidos, que intentan responsabilizar a Cuba con la situación en Colombia y consideró que tratan de "esconder las verdaderas causas de las protestas".

Las relaciones bilaterales entre los gobiernos de La Habana y Bogotá se encuentran enturbiadas tras la negativa de la Isla de extraditar a cuatro miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permanecen en La Habana tras el fallido diálogo de paz con el Gobierno.

Colombia solicitó su extradición tras el atentado del ELN contra una academia de Policía en Bogotá que hace dos años dejó 22 cadetes muertos.

El pasado enero Estados Unidos volvió a alistar a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, principalmente por la presencia en su territorio de representantes de esa guerrilla.

El presidente Duque condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo dejara de secuestrar personas y liberara a las que tiene en cautiverio, lo que la guerrilla se niega a acatar

El ELN comenzó en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de conversaciones concluyó sin avances a principios de agosto de ese mismo año.

El presidente Duque condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo dejara de secuestrar personas y liberara a las que tiene en cautiverio, lo que la guerrilla se niega a acatar.

En Colombia, donde este lunes es festivo, el Comité Nacional de Paro (CNP) se reunirá de nuevo con el Gobierno en el tercer encuentro de los últimos días. El colectivo entregó ayer un documento de tres páginas con cinco exigencias clave para las protestas que el Ejecutivo analiza para dar respuesta.

El primer punto es el que afecta al Ejército y el Esmad de la Policía, cuya retirada pide el CNP, además de poner fin al uso de armas de fuego u otras que produzcan heridas de gravedad. En este sentido, también reclaman el fin de las detenciones indiscriminadas y que se controle a los grupos civiles armados. 

El CNP reclama a Duque que condene el abuso desmedido de la fuerza por parte de la Policía y que se depuren responsabilidades, así como la identificación de los manifestantes con terroristas o violentos. Otro punto destacado es el de la violencia sexual, debido a las denuncias de algunas manifestantes. Los representantes del comité exigen que se detengan estas prácticas y que las mujeres sean detenidas por agentes de su mismo género.

Por último, se pide un "mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de sus derechos".

Por último, se pide un "mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de sus derechos"

Además, hay una serie de peticiones entre las partes para las mesas. El Comité pide la retirada de la reforma de la Salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación. También piden renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, defensa de la producción nacional, subsidios a las micro, pequeña y medianas empresas y matrícula cero para los estudiantes universitarios más pobres.

El Gobierno, por su parte, plantea para la mesa de negociación asuntos como la vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.

Además, el Ejecutivo pide que los manifestantes cesen los bloqueos en las carreteras porque afectan a la golpeada economía del país, que busca levantarse porque no ha podido funcionar al cien por cien por los confinamientos adoptados para atajar la expansión del coronavirus. Las pérdidas económicas en 15 días se calculan en unos 1.763 millones de dólares, según el Gobierno.

Para que las partes lleguen a la mesa de negociación es fundamental el apoyo y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) con monseñor Héctor Fabio Henao; el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu y la jefe en Colombia de la oficina de Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

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