Duque pone en el centro del debate la justicia de paz al objetar su ley

La norma fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, es una de las voces que apoyan a Duque en su rechazo a parte de la Justicia Especial para la Paz. (De Kiosini)
Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, es una de las voces que apoyan a Duque en su rechazo a parte de la Justicia Especial para la Paz. (De Kiosini)

(EFE).- La Justicia Especial para la Paz (JEP) de Colombia volvió este lunes al centro del debate tras la decisión tomada por el presidente Iván Duque de objetar seis artículos de la ley estatutaria que la reglamenta, lo que ha generado una cadena de reacciones desde todo el abanico político.

Pese a que Duque anunció la decisión anoche, se esperaba desde que llegó a la Presidencia, el pasado 7 de agosto, una medida similar puesto que las bases de su partido, el uribista Centro Democrático, comenzaron a movilizarse en rechazo al acuerdo de paz y esencialmente en lo relacionado con la creación de una jurisdicción especial.

El principal apoyo que recibió Duque este lunes fue el del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que ya había cuestionado hace unas semanas varios puntos de la ley que reglamenta la JEP, instancia considerada la columna vertebral del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC.

El principal apoyo que recibió Duque este lunes fue el del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que ya había cuestionado hace unas semanas varios puntos de la ley que reglamenta la JEP

Dicha ley fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional.

Martínez leyó este lunes un comunicado en el que asegura tener la "profunda convicción" de que al tramitar las objeciones del presidente "no se compromete para nada la paz" ni "mucho menos" causa "una herida a la JEP".

En su opinión, las propuestas de Duque de objetar seis de los 159 artículos de la ley suponen "una valiosa oportunidad para que, bajo el liderazgo del Jefe del Estado, los distintos sectores de la vida nacional procuren un consenso" acerca de la jurisdicción especial.

Las objeciones hechas a la ley buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado.

Además, aspira a que se aclaren las competencias de la justicia ordinaria, inclusive en los casos de extradición, y garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, entre sus principales aspectos.

Por eso, el fiscal general insistió en que "es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados (de las FARC) puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos", como está previsto en la norma objetada.

La Fiscalía es una de las principales interesadas en el caso, puesto que se ha producido un choque de competencias entre la JEP y la justicia ordinaria

La Fiscalía es una de las principales interesadas en el caso, puesto que se ha producido un choque de competencias entre la JEP y la justicia ordinaria, por lo que Martínez subrayó la necesidad de que se abra un debate acerca de si la entidad debe suspender "las diligencias judiciales para recabar pruebas frente a los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad".

Entre ese choque de competencias, la mayor polvareda se ha levantado con la extradición de Jesús Santrich, uno de los antiguos jefes de las FARC, detenido en Bogotá y reclamado por EE UU por narcotráfico.

Su partido y uno de los principales interesados en el caso, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fue contundente al anunciar que pedirá la intervención de la ONU y de la comunidad internacional para evitar que la paz sea "destrozada".

"El partido político FARC solicitará de forma inmediata la intervención política de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (...) para evitar que la paz construida con tantos esfuerzos sea destrozada", manifestaron.

La FARC subrayó que su petición es "conforme a los mecanismos previstos en el acuerdo de paz", por lo que agregó que acudirá además a la Corte Penal Internacional (CPI).

Por otra parte, los exnegociadores de paz del Gobierno colombiano y de la antigua guerrilla firmaron una carta en la que manifiestan al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su preocupación por las objeciones de Duque.

Los exnegociadores de paz del Gobierno colombiano y de la antigua guerrilla firmaron una carta en la que manifiestan al secretario general de la ONU su preocupación por las objeciones de Duque

En la misiva, que también fue apoyada por políticos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil en general, los firmantes consideran que las objeciones presidenciales pueden "lesionar gravemente" la aplicación del acuerdo firmado para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

"Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas", afirman.

A los críticos se sumó el líder opositor Gustavo Petro, que hoy ocupa un asiento en el Senado tras ser derrotado por Duque en la segunda vuelta presidencial.

Petro llamó a sus electores a través de Twitter para que "en cada rincón del país" salgan a la calle a manifestarse por la paz.

"A cada movimiento social, a cada fuerza política democrática les solicito dejar de esperar y coordinar la movilización por la paz", pidió Petro en la mayor prueba de que el acuerdo con las FARC vuelve a estar en el centro del debate político.

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