Un juez de EE UU autoriza la incautación de Citgo, filial de PDVSA

El fallo es recurrible por parte de la venezolana y los detalles y condiciones de la decisión aún no se han dado a conocer

La incautación de Citgo es a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus negocios en Venezuela. (Michael Rivera/CC)
La incautación de Citgo es a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus negocios en Venezuela. (Michael Rivera/CC)

(EFE).- Un juez estadounidense autorizó este jueves la incautación de Citgo - principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos - a favor de la minera canadiense Crystallex, que reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización de sus negocios en el país caribeño.

La decisión tomada este jueves por el juez federal Leonard P. Stark, con tribunal en Wilmington (Delaware), es la primera que autoriza la incautación de Citgo.

El fallo, que autoriza la incautación de acciones como paso previo a la venta, es recurrible por parte de PDVSA y los detalles y condiciones de la decisión aún no se han dado a conocer.

Sin embargo, la eventual incautación de Citgo implicaría para el Gobierno de Nicolás Maduro la pérdida de su principal activo en Estados Unidos.

La pérdida de Citgo pondría en peligro uno de los pocos mercados petroleros que generan beneficios a Venezuela: Estados Unidos, según 'The Wall Street Journal'

Además, según apuntó The Wall Street Journal, la pérdida de Citgo pondría en peligro uno de los pocos mercados petroleros que generan beneficios a Venezuela: Estados Unidos.

A través de Citgo Petroleum, PDVSA tiene tres refinerías en los estados de Texas, Illinois y Luisiana, así como una red de unas 10.000 gasolineras en todo el país.

Crystallex es la primera empresa de las muchas que han puesto su punto de mira en Citgo por sus pérdidas empresariales en Venezuela que logra un veredicto favorable de la Justicia de EE UU.

La minera canadiense reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización en 2008 del yacimiento Las Cristinas, que contiene uno de los depósitos oro más grandes del mundo.

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