Las primeras demandas en EE UU por propiedades confiscadas en Cuba serán por puertos

Los demandantes  de Meliá en España estudian si demandan también en Estados Unidos

Cuando Carnival anunció su nueva ruta a Cuba advirtió que no vendería boletos a cubanoamericanos.
La demandada va a ser la empresa de cruceros Carnival, según el abogado de los querellantes.

(EFE).– Las dos primeras querellas judiciales que serán presentadas en Estados Unidos por el uso de propiedades confiscadas en Cuba tienen que ver con los puertos y la demandada va a ser la empresa de cruceros Carnival, informó este lunes a Efe el abogado de los demandantes.

El jueves 2 de mayo comenzará una batalla judicial en Estados Unidos para la que el abogado cubanoestadounidense Nicolás Gutiérrez, al que hasta hace poco tiempo muchos consideraban un "loco", lleva 25 años preparándose, según dice en una entrevista telefónica.

Ese día será el primero en el que se pueda plantear demandas ante los tribunales estadounidenses contra quienes se benefician de propiedades confiscadas en Cuba, gracias a la entrada en vigor el Título III de la Ley Helms-Burton.

Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero, son los primeros demandantes

Las primeras demandas serán interpuestas por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.

En ambos casos la demandada será la empresa de cruceros Carnival, que desde 2016 opera líneas a Cuba y utiliza los dos puertos mencionados, subrayó Gutiérrez, quien advierte que a estas demandas seguirán otras similares de García Bengoechea y Behn contra otras compañías de cruceros o navieras.

Antes de ir a los tribunales, tanto García Bengoechea como Behn han cumplido ya con una suerte de mecanismo de conciliación que el Departamento de Justicia de EE UU establece y no es obligatorio pero sí "recomendable", señala el abogado nacido hace 54 años en Costa Rica de padres cubanos exiliados.

Se trata de una carta oficial que se envía a los potenciales demandados advirtiéndoles de que tienen un plazo de 30 días para llegar a algún arreglo extrajudicial.

Por su parte, los herederos de Rafael Lucas Sánchez Hill, que fue dueño en Cuba de una gran finca hoy poblada de hoteles, no han decidido aún si demandarán en Estados Unidos a los que se benefician de una propiedad "robada", dijo Gutiérrez, que también es su abogado.

"No vamos a hacer nada que entorpezca nuestros esfuerzos legales en España", señaló el abogado respecto al proceso ya iniciado en éste país contra el grupo hotelero Meliá, que regenta varios hoteles en la zona costera de lo que fue la gigantesca propiedad.

"No vamos a hacer nada que entorpezca nuestros esfuerzos legales en España", señaló el abogado respecto al proceso ya iniciado en éste país contra el grupo hotelero Meliá

Esta misma semana, según Gutiérrez, los abogados de los descendientes de Sánchez Hill, que identificó como José Ramón Ferrándiz y Rafael Gimeno-Bayón Cobos, presentarán formalmente en los tribunales de Palma de Mallorca la demanda contra Meliá, una vez concluida la fase de conciliación.

Gutiérrez recordó que el grupo hotelero tiene "bienes dentro de la jurisdicción estadounidense", como dos hoteles en la zona de Miami, que si se plantease una acción similar en Estados Unidos, podrían valer para resarcir a los herederos de Sánchez Hill.

Según Gutiérrez, desde hace 30 años se han celebrado reuniones con representantes de Meliá y ellos han "tenido la 'chance' de resolver esto y no la han aprovechado". Ahora deben atenerse a las consecuencias, indicó el abogado, quien criticó que el Gobierno español esté en contra de la activación del Título III de la Ley Helms Burton.

A su juicio, es una contradicción que en España sea un delito y esté "estrictamente prohibido beneficiarse de propiedades robadas" y que el Gobierno español no respete la misma norma para Cuba.

"Todos estamos dispuestos a transar (acordar) si nos ofrecen una compensación", subraya Gutiérrez, quien, además de ser el abogado de muchos de los que quieren demandar, está viendo si él también puede ser demandante.

A su familia el "régimen dictatorial" de Cuba le confiscó fincas ganaderas, centrales azucareras y otras propiedades, incluida una casa en el barrio habanero del Vedado donde hoy funciona una oficina de la empresa británica Lloyd's, dice.

A su familia el "régimen dictatorial" de Cuba le confiscó fincas ganaderas, centrales azucareras y otras propiedades, incluida una casa en el Vedado

Para poder presentar una demanda, la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los 50.000 dólares, tasados por los jueces, según el título III de la ley Helms Burtom. El valor de la propiedad de unos 100.000 acres que la familia Sánchez Hill tenía al norte de la provincia de Holguín, con un frente de costa de 57 kilómetros, es infinitamente superior, subraya Gutiérrez.

La zona costera de la propiedad, que en los tiempos en que funcionaba allí la central azucarera Santa Lucía era considerada sin valor desde el punto de vista de la producción, es muy valiosa desde el punto de vista turístico, agrega.

Los edificios hoteleros allí erigidos después de la revolución de 1959 son propiedad del Grupo Gaviota, que controlan los militares cubanos y pertenecen al conglomerado empresarial GAESA, que está incluido en una lista de bienes sujetos a sanciones por parte de Estados Unidos.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE UU-Cuba, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

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