Ecuador fija el 20 de agosto como fecha tentativa para sus elecciones anticipadas

La portavoz del Consejo Nacional Electoral dijo que Lasso y los legisladores destituidos pueden postularse en los comicios

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en una imagen de archivo. (EFE)
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en una imagen de archivo. (EFE)

18 de mayo 2023 - 19:00

Quito/(EFE).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló al 20 de agosto próximo como fecha tentativa para las elecciones generales anticipadas, luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, pidiese la convocatoria a elecciones tras disolver la Asamblea Nacional (Parlamento).

A partir de este jueves comienza a correr el plazo de siete días para que el CNE convoque a elecciones, lo que marca al 24 de mayo como fecha límite.

Para el CNE "es un desafío enorme en cuanto todo se contrae en los tiempos previstos en la Constitución y en la ley", dijo Atamaint al recordar que un proceso electoral normal se prepara con un año de anticipación, pero ahora lo deben hacer en noventa días para la primera vuelta.

Atamaint aclaró en la televisión Teleamazonas que se deben cumplir todos los hitos normales de un proceso electoral, por lo que los partidos y movimientos políticos deben realizar primarias. El CNE debe calificar las candidaturas y proclamarlas, propiciar el debate entre los postulantes posiblemente al inicio mismo de la campaña electoral que, podría desarrollarse durante 15 días, en lugar de los 45 señalados en procesos electorales normales.

La Constitución señala que el jefe de Estado debe asumir el cargo el 24 de mayo, pero Atamaint comentó que esto no aplica para las elecciones anticipadas

Aunque aclaró que aún no es un dato oficial, pues debe ser aprobado por el pleno del CNE, Atamaint avanzó que la primera vuelta electoral sería el 20 de agosto y, de ser necesario un balotaje o segunda vuelta, este sería el 15 de octubre.

La Constitución señala que el jefe de Estado debe asumir el cargo el 24 de mayo, pero Atamaint comentó que esto no aplica para las elecciones anticipadas, por lo que especuló que Ecuador podría tener un nuevo Gobierno a inicios de noviembre.

"Aproximadamente sí, tendríamos que esperar que los (eventuales) recursos se resuelvan lo más pronto posible. El país espera volver a la tranquilidad, a la normalidad y en eso, la función Electoral, está totalmente consciente y apelamos a que las organizaciones políticas también tengan ese comportamiento patriótico, y a la altura de lo que exige el sistema político del Ecuador", comentó.

La presidenta del CNE indicó que, si cumplen con los requisitos legales, Lasso y los legisladores destituidos pueden postular en los comicios anticipados

La presidenta del CNE indicó que, si cumplen con los requisitos legales, Lasso y los legisladores destituidos pueden postular en los comicios anticipados, pero ello no se considera una reelección.

"No cuenta como reelección, lo dice un pronunciamiento, una sentencia de la Corte Constitucional", aclaró al recordar que se trata de una candidatura "para completar" un período, por lo que los candidatos pueden volver a postular para los comicios generales de 2025, que es cuando debía terminar el período de Lasso.

Por otra parte, el CNE tiene pendiente una consulta popular nacional y procesos electorales locales, algunos de los cuales analizan juntar con las elecciones generales anticipadas a fin, además, de ahorrar recursos.

Atamaint consideró que el proceso para las elecciones anticipadas debería costar menos de cien millones de dólares.

Mientras el CNE avanza en la planificación del proceso electoral, la Corte Constitucional analiza demandas de inconstitucionalidad plantadas por grupos de oposición contra el decreto de Lasso, quien adujo "grave crisis política y conmoción interna" para aplicar la llamada "muerte cruzada", por la cual disolvió el Parlamento y pidió que se convoque a elecciones anticipadas, en momentos en que estaba a punto de cumplir la mitad de su período presidencial.

Los demandantes consideran que en el país no hay una crisis política ni conmoción interna, por lo que tildan de ilegal al decreto.

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