El Gobierno de España cierra la puerta a la reclamación de bienes entre Estados

Exteriores considera que ya se realizó un acuerdo en 1986 y que las peticiones deben ser a título particular

Esta casa en La Habana era propiedad del gallego Raúl Lesteiro, según sus parientes, que reclaman por las pérdidas desde España. (D.R.)
Esta casa en La Habana era propiedad del gallego Raúl Lesteiro, según sus parientes, que reclaman por las pérdidas desde España. (D.R.)

El Gobierno de España cierra la puerta a las reclamaciones entre Estados en lo que concierne a los bienes confiscados por el castrismo tras la Revolución y señala que deben ser a nivel particular, según publicó este domingo el diario ABC

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores citadas por el diario indican que el planteamiento de la Administración de EE UU, con la "imposición de una ley más allá de las fronteras no es homologable al planteamiento europeo", que aboga por negociar acuerdos para el establecimiento de la indemnización. En el caso español este acuerdo ya se hizo en 1986 y Madrid considera que no hay base para su reapertura.

"Cuba y España cerraron un acuerdo de Estado a Estado que establecía una indemnización para los afectados en 1986 cuya reapertura está fuera de lugar", declaró la fuente a ABC, que añadió que "cualquier reclamación que se plantee tendrá que ser, exclusivamente, a nivel particular".

En aquel momento, muchos de los posibles reclamantes rechazaron el acuerdo al considerar que la cantidad fijada era apenas una quinta parte del valor real de lo que se había confiscado

España y Cuba firmaron un convenio el 16 de noviembre de 1986 a través del cual La Habana debía pagar a España 5.416 millones de pesetas (unos 32,5 millones de euros, moneda actual en vigor) "como liquidación y finiquito de la indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de la firma del presente convenio, ambas inclusive", de las que un tercio se debía abonar en efectivo y el resto en especies.

En aquel momento, muchos de los posibles reclamantes rechazaron el acuerdo al considerar que la cantidad fijada era apenas una quinta parte del valor real de lo que se había confiscado. Otros no reclamaron porque no tuvieron noticias del pacto.

Dos sentencias del Tribunal Supremo español respaldaron estos acuerdos, aunque añadieron que no se extinguía el ejercicio del "hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización, planteando, a tal efecto, la correspondiente reclamación ante el actual o ante un posterior Gobierno cubano".

Según ABC, hay unas 450 familias españolas agrupadas en la asociación 1 898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales que aspiran a recuperar lo que se les arrebató.

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