Guerra judicial entre la fiscal general venezolana y el chavismo

Los abogados de Luisa Ortega recusan a 17 magistrados del Supremo de cara al jucio en su contra que arranca hoy

Un grupo de afines al Gobierno denuncia por malversación a la fiscal

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, introdujo un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. (EFE)
La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, introdujo un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. (EFE)

(EFE). -Los abogados defensores de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, recusaron a 17 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) previo al proceso de enjuiciamiento cuyo inicio se prevé para este martes en el Alto Juzgado contra la funcionaria, informó este lunes el Ministerio Público.

En un comunicado, el organismo indicó que los abogados recusaron a 17 de los 32 miembros de la Sala Plena del Supremo por "irregularidades en el proceso de solicitud de antejuicio de mérito" contra la fiscal.

Asimismo, remarcaron que el Poder Judicial debe pronunciarse antes de la audiencia que dará inicio al proceso de enjuiciamiento previsto para mañana.

Según la nota oficial, la denuncia admitida contra Ortega Díaz "se sustenta en que supuestamente la denunciada no avaló el proceso de selección de 13 magistrados que integran la Sala Plena del TSJ, por lo que ellos no deberían conocer sobre este caso, pues forman parte de lo señalado" por el denunciante, el chavista Pedro Carreño.

Ortega Díaz también ha emprendido acciones contra los magistrados de la Sala Constitucional por lo que estos estarían "inhabilitados para conocer cualquier causa contra" ella

Ortega Díaz también ha emprendido acciones contra los magistrados de la Sala Constitucional por lo que estos estarían "inhabilitados para conocer cualquier causa contra" ella.

Entre otras supuestas irregularidades los juristas destacaron que Carreño promovió como prueba "el contenido de una decisión que aún no había sido publicada ni se conocían sus argumentos" y que la denuncia contra Ortega Díaz fue recibida "a una hora en la que ya había culminado el despacho de la Sala Plena".

El Supremo aprobó el pasado miércoles las medidas cautelares solicitadas por Carreño contra la fiscal general que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.

Dicha decisión, según el TSJ, fue tomada por unanimidad por todos los magistrados del Supremo "en aras de garantizar el cauce procesal respectivo".

Señaló además que se prohibió a la abogada de 59 años enajenar y gravar sus bienes, y reiteró que la solicitud de antejuicio de mérito presentada el pasado 16 de junio por Carreño estuvo motivada "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo" como fiscal general.

A la fiscal Luisa Ortega se le abrió un nuevo frente judicial con la presentación de una denuncia por parte de un grupo de profesionales afines al Gobierno por presunta malversación de fondos públicos.

El coordinador general del llamado Frente de Profesionales Patriotas, Andrés Giusseppe, dijo al canal estatal VTV, acompañado por otras cinco personas, que esta denuncia la hacía en nombre de quienes defienden la Revolución y la Constitución. Ortega "ha venido incurriendo en mal uso de los fondos públicos" y "por eso vinimos a solicitar al contralor general, Manuel Galindo, que se aboque en abrir un procedimiento administrativo", dijo.

Ortega "ha venido incurriendo en mal uso de los fondos públicos" y "por eso vinimos a solicitar al contralor general, Manuel Galindo, que se aboque en abrir un procedimiento administrativo"

El portavoz pidió a Galindo que constituya un sistema de control externo de la Contraloría sobre la Fiscalía, así como un sistema de control interno en dicho organismo, remarcó, "para acusar el mal manejo de los fondos públicos en que ha venido incurriendo".

"Estamos hablando específicamente del caso relacionado con la designación, de una manera fraudulenta, ilícita, irrisoria, de un vicefiscal", prosiguió Giusseppe en alusión a la designación del vicefiscal general, Rafael González Arias.

Dicho funcionario fue designado en abril pasado por Ortega sin la autorización del Parlamento, lo que llevó al Supremo a declarar nulo el acto y resolver que designará a un nuevo vicefiscal general de manera provisional, de igual manera sin consultar a la Cámara, por encontrarse esta en desacato ante la Justicia.

El Parlamento ratificó ayer en el cargo a González Arias y respaldó la actuación de la fiscal general. "Desde ese momento que la fiscal incumplió con la Constitución, incumplió con la ley orgánica del Ministerio Público (...) ella incurrió en falta grave administrativa", afirmó Giussepe. Asimismo, aseguró que todos los pagos que ha recibido el vicefiscal "usurpador, ilegal, Rafael González, conlleva a que hubo un mal manejo de los fondos públicos por parte de la fiscal", culminó.

Otra de las novedades de este lunes en el ámbito judicial fue la ratificación por parte del Ministerio Público de una solicitud oficial a Estados Unidos a través de la cual pide información sobre el caso de Efraín Flores y Francisco Flores, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela y encarcelados en el país norteamericano por tráfico de drogas.

"MP ratificó solicitud de carta rogatoria a EE UU para obtener información sobre caso de Efraín Campos Flores y Franqui Flores", informó el Ministerio Público a través de la red social Twitter.

La Fiscalía pidió a EE UU informes sobre el caso de los familiares de Maduro acusados de narcotráfico

Efraín Campos y Franqui Flores fueron detenidos por la DEA el 10 de noviembre de 2015 en Haití y acusados por las autoridades estadounidenses de conspirar para exportar y distribuir cocaína en EE UU.

El juicio a los Flores comenzó el pasado 7 de noviembre de 2016, y el 18 de noviembre el jurado los declaró culpables.

Los abogados de los Flores solicitaron el 24 de enero de este año un nuevo juicio, alegando que las pruebas presentadas durante el proceso fueron "completamente insuficientes" para establecer su culpabilidad "más allá de la duda razonable".

La sentencia inicial había sido fijada para el pasado 7 de marzo, pero luego de estos recursos legales presentados por la defensa -entre ellos para un nuevo juicio-, que fueron rechazados por el tribunal, la fecha fue cambiada para los próximos 12 y 13 de septiembre.

Ya en noviembre pasado el Parlamento venezolano había pedido al presidente, Nicolás Maduro, que diera información "veraz" sobre la detención de sus familiares y, anteriormente, la oposición había solicitado a la Fiscalía abrir una investigación sobre este caso.

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