La Justicia condena por corrupción al exvicepresidente de Cristina Fernández

El juicio a Elías Antonio Saca, expresidente de El Salvador, se inició este martes sumando un caso más a un verano marcado por la corrupción

Amado Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública.
Amado Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública.

(EFE).- La Justicia argentina condenó este martes al que fue vicepresidente durante el Gobierno de Cristina Fernández, Amado Boudou (2011-2015), a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.

Boudou se convirtió así en el primer vicepresidente preso de la historia de Argentina.

La sentencia la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires, que ordenó su detención inmediata y estableció una multa de 90.000 pesos (unos 3.200 dólares) y la "inhabilitación especial perpetua" para cargos públicos.

Boudou: "Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden caminan sin problemas, los que deciden transformar la realidad, son perseguidos"

Durante sus alegatos finales, Boudou aseguró no haber cometido los delitos que se le acusan y denunció ser víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país.

"Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden caminan sin problemas, los que deciden transformar la realidad, son perseguidos inicialmente en forma mediática y después a través de parte del sistema de administración de leyes", alegó el excompañero de fórmula de Fernández (2007-2015).

Asimismo, denunció que, desde que comenzó el juicio en octubre de 2017, "la carga de la prueba estuvo invertida". La defensa intentó suspender el veredicto al argumentar que uno de los jueces  no podía intervenir en la causa por su supuesta parcialidad y por haber sido candidato del Gobierno a ocupar un cargo clave en la Cámara Federal, una petición que el tribunal rechazó.

Tras la lectura del veredicto, se dispuso el traslado del exvicepresidente al Complejo Penitenciario de Ezeiza, en Buenos Aires.

La investigación judicial apunta a que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica cuando el primero era ministro, con el objetivo de imprimir billetes y documentación oficial.

Tras la lectura del veredicto, se dispuso el traslado del exvicepresidente al Complejo Penitenciario de Ezeiza, en Buenos Aires

A mediados de 2010, un juzgado comercial declaró la quiebra de Ciccone por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou.

Según la causa, Boudou se aprovechó su cargo y acordó junto a Núñez Carmona con los dueños de la imprenta la cesión del 70% de la firma a cambio que esta pudiera volver a operar y firmar contratos con la administración pública.

Los magistrados también impusieron una pena de 5 años y medio de cárcel para Núñez Carmona por considerarlo "partícipe necesario" de esos delitos, y una de 4 años y medio para Nicolás Ciccone, exdueño de la empresa, como "autor penalmente responsable" de cohecho activo.

Amado Boudou está procesado además por, entre otros delitos, presunto enriquecimiento ilícito mediante lavado dinero y por esa causa estuvo dos meses en prisión preventiva a finales de 2017.

El Salvador

Este martes El Salvador también vio llegar a los tribunales a uno de sus exmandatarios. Elías Antonio Saca se convirtió hoy en el primer expresidente de la historia democrática del país sometido a un juicio penal por delitos de corrupción en los que admitirá su responsabilidad para obtener una pena de cárcel menor.

En un movimiento legal inesperado, él y tres de sus antiguos colaboradores aceptaron confesar, en fecha aún por precisar y procedimiento abreviado, la forma en la que extrajeron y lavaron más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

"Doy mi consentimiento al juicio abreviado. He conocido todos los detalles, hemos discutido con mi defensa y hablado con la Fiscalía", dijo Saca al ser preguntado por uno de los jueces sobre el trato.

"Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y que estará por un largo tiempo en un centro penal"

Los otros implicados que se acogieron a este beneficio legal son los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente.

El acuerdo estipula que Saca y Charlaix purgarán una pena de 10 años de prisión y Rank y Funes una de cinco, sin la posibilidad de apelar ni recibir beneficios como la libertad condicional, y deberán reintegrar parte de los fondos malversados.

La Fiscalía celebró el acuerdo alcanzado y calificó la futura condena de Saca como un hecho histórico. "Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y que estará por un largo tiempo en un centro penal" por delitos de corrupción, apuntó Cortez.

El abogado de Saca, Mario Machado, dijo a periodistas que la admisión de los delitos no implica que Saca reconocerá la malversación de los más de 300 millones de dólares, sino solo de una parte.

La Fiscalía en sus alegatos sostuvo que los procesador "montaron una estructura criminal dentro de la Presidencia" para "desviar esos fondos a beneficio particular".

El representante del Ministerio Público explicó que Saca y sus colaboradores crearon un reglamento interno para tener una justificación legal de la extracción del dinero y que además les permitía depositarlo en cuentas particulares.

Los fondos eran movidos como gastos reservados para actividades de inteligencia, por lo que la información relacionada era considerada como secreto de Estado

Además, los fondos eran movidos como gastos reservados para actividades de inteligencia, por lo que la información relacionada era considerada como secreto de Estado.

El partido que llevó a Saca al poder, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), resultó nuevamente salpicado en esta trama de corrupción, dado que el fiscal señaló que recibió 7,6 millones de dólares de los fondos malversados.

Esta no es la primera vez que el partido es implicado en un caso de corrupción. Además, los casos de corrupción que implican a expresidentes de El Salvador, incluido Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y requerido por supuestamente malversar más de 351 millones de dólares, suman más de 666 millones de dólares.

Guatemala

Mientras, en Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina, que continúa en prisión preventiva desde septiembre de 2015 por varios casos de corrupción, ingresó en un hospital público de la capital por un "padecimiento cardiaco".

La encargada de comunicación del centro confirmó a los medios de comunicación que Pérez Molina ingresó este martes a las 21:30 hora local y que su condición era "estable".

Pérez Molina, presidente de Guatemala entre 2012 y 2015, estuvo ingresado en el Centro Médico Militar más de dos meses debido a padecimientos cardiacos pero el pasado 31 de julio el juez que lleva sus procesos, Miguel Ángel Gálvez, ordenó su reingresó en prisión, ya que los informes señalaban que podía seguir ahí con la atención médica.

El abogado dijo en ese momento que no se oponía a la decisión judicial, pero advertía de que se mantendrá el riesgo para su cliente, que padece de fibrilación ventricular maligna

El abogado dijo en ese momento que no se oponía a la decisión judicial, pero advertía de que se mantendrá el riesgo para su cliente, que padece de fibrilación ventricular maligna.

El exgobernante está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama de corrupción denominada "La Línea", una red dedicada a la defraudación aduanera desarticulada en abril del 2015 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Además de ese caso, está acusado en otros dos procesos más de corrupción conocidos como "Cooptación del Estado" y "TCQ", pero ninguna de las tres causas ha llegado aún a juicio.

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