El policía que atacó el Supremo de Venezuela reaparece y da una entrevista a Televisión Española

El Gobierno amenaza con la justicia militar a quienes obstaculicen la Constituyente

Óscar Pérez dio una entrevista a TVE que se emite este viernes. (Captura)
Óscar Pérez dio una entrevista a TVE que se emite este viernes. (Captura)

(EFE). -El policía venezolano Óscar Pérez, que a finales del mes pasado atacó desde un helicóptero las sedes del Supremo y del Ministerio de Interior, reapareció este jueves e hizo declaraciones a Televisión Española (TVE) durante una marcha nocturna por el este de Caracas.

El piloto de la Policía científica venezolana, que saltó a la fama tras reivindicar el ataque a esas dos instituciones del Estado en un vídeo difundido en redes sociales, se presentó la noche de este jueves en la Plaza Francia del sector Altamira del municipio de Chacao, donde esta vez habló para la corresponsal de TVE, Nuria Ramos.

El canal español tiene previsto emitir este viernes la entrevista exclusiva con el agente, en la cual dice, según un extracto facilitado a Efe, que el mejor homenaje a los caídos durante poco más de cien días de protestas contra el presidente, Nicolás Maduro, será que éste deje el poder.

Maduro, tú que has llamado a las armas a tus paramilitares pagados, porque sabes que con los votos no vas a lograr nada", enfrentarás a un pueblo que actuará en "legítima defensa"

"El verdadero homenaje es que esta dictadura caiga. Por ende, Maduro, tú que has llamado a las armas a tus paramilitares pagados, porque sabes que con los votos no vas a lograr nada", enfrentarás a un pueblo que actuará en "legítima defensa", sostuvo.

"Si tú estás listo -prosiguió-, nosotros también estaremos listos a defender al pueblo. Daremos hasta la vida, si es necesario".

El piloto dijo en grabaciones previas difundidas en las redes sociales tras sus ataques armados de junio, los que no ocasionaron víctimas, que estos fueron perpetrados "a la perfección".

En una futura "segunda fase" de su "plan", añadió, pedirá la renuncia de Maduro y, según él, esa dimisión será "lograda igualmente con la convicción, la planificación y nuestro esfuerzo en conjunto".

Pérez ha dicho que actúa como parte de una "coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles", de cuya existencia no se ha tenido constancia hasta el momento.

Maduro ha pedido a los ciudadanos de su país ayudar en la localización y captura del policía, a quien acusa de ser "terrorista y criminal".

Mientras, el vicepresidente el Gobierno de venezuela, Tareck el Aissami, amenazó con la justicia militar a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente.

"La derecha ha dicho que durante la votación del 30 de julio va a cerrar algunos centros electorales" que, por orden militar, serán "zonas de seguridad nacional y, en consecuencia, cualquier delito que allí se cometa será sancionado por la justicia militar", advirtió el vicepresidente.

La oposición sostiene que el proceso para escoger dentro de dos semanas a 537 redactores de una nueva Carta Magna -todos aparentemente oficialistas- apunta a acabar del todo con la democracia, por lo que el Gobierno advierte de planes violentos.

Los centros electorales serán "zonas de seguridad nacional y, en consecuencia, cualquier delito que allí se cometa será sancionado por la justicia militar"

"El que cometa el día 30 algún delito en zonas de seguridad recibirá una pena de cárcel de entre 5 y 10 años", advirtió Aissami, aunque dijo confiar en que "no habrá fascista que se atreva a meterse con nuestro proceso" si el sector oficialista se moviliza.

La única forma de evitar un boicot o sabotajes el día de esta elección es "la gran movilización de calle del pueblo y su voto" y el Gobierno de Maduro "se lo exige al pueblo", dijo.

"Tenemos la moral para exigir al pueblo el voto en defensa de la Revolución Bolivariana (...) porque no le hemos fallado a nadie; le exigimos al pueblo lealtad histórica con la Revolución", ordenó y nombró expresamente a "todos los trabajadores de la administración publica".

"Les hemos incrementado el salario, les hemos dado todo nuestro apoyo por lo que ahora le podemos decir: 'ahora te toca a ti'", insistió.

La convocatoria de la Asamblea Constituyente, un proceso para redactar una nueva Constitución que refunde el Estado, es uno de los motivos de las protestas callejeras antigubernamentales que sacuden Venezuela desde hace más de tres meses y que hasta la fecha se han saldado con 94 muertes, según cifras oficiales.

A través del Parlamento, donde tiene mayoría, la oposición convocó a su consulta organizada por los propios ciudadanos y ayer anunció que los resultados se darán a conocer el mismo domingo al finalizar la jornada.

La exdiputada María Corina Machado indicó en una rueda de prensa de la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que los rectores de las universidades que respaldan esta consulta serán los responsables de presentar el balance de resultados del proceso. La consulta también cuestiona a los ciudadanos si se debe pedir a las Fuerzas Armadas que protejan la Constitución vigente.

A partir del domingo la Fuerza Armada Nacional, acusada de proteger solo al Gobierno de Maduro, "tiene la orden explícita del pueblo soberano de Venezuela para que acate la Constitución"

Y una tercera pregunta alude a si se deben remover los titulares de los Poderes Públicos acusados de servir únicamente al oficialismo, así como la celebración de elecciones y la conformación de un gobierno de unidad nacional.

Machado sostiene que con esto "se acaban las excusas, se acaba la indiferencia a las órdenes inmorales" porque a partir del domingo la Fuerza Armada Nacional, acusada de proteger solo al Gobierno de Maduro, "tiene la orden explícita del pueblo soberano de Venezuela para que acate la Constitución".

Adicionalmente, el diputado opositor Juan Miguel Matheus acudió al Ministerio Público para solicitar que despliegue a sus fiscales el próximo domingo para que "de manera preventiva" colaboren con la seguridad de la consulta popular antigubernamental.

Matheus afirmó que se trata de una consulta pública enmarcada en el artículo 70 de la Constitución venezolana y que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico en vigor, esta "no tiene que ser organizada por el Consejo Nacional Electoral ni por ningún órgano de la administración electoral".

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