El Tribunal Supremo venezolano en el exilio estudiará si Maduro debe ser juzgado por el caso Odebrecht

El organismo admite a trámite la solicitud de Luisa Ortega que ve irregularidades en la ejecución de una obra en Zulia

El Supremo venezolano en el exilio tomó la decisión de cursar la solicitud de Luisa Ortega este martes.
El Supremo venezolano en el exilio tomó la decisión de cursar la solicitud de Luisa Ortega este martes.

(EFE). -El Tribunal Supremo (TSJ) venezolano en el exilio admitió este martes a trámite una solicitud de la ex fiscal general Luisa Ortega para que determine si el presidente Nicolás Maduro debe ser juzgado penalmente por presuntos delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

La decisión fue anunciada al término de una reunión de la Sala Plena del TSJ celebrada ayer en Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, para evaluar la petición de "antejuicio de mérito" planteada por Ortega, que también está exiliada.

Sobre la petición para que se detenga a Maduro y se pida a Interpol orden de captura contra él, el TSJ en el exilio anunció que "se reserva el derecho de pronunciarse"

Participaron en la reunión ocho magistrados del TSJ en el exilio radicados en Florida, además de otros conectados vía telefónica o internet desde Panamá, Colombia y Chile, que decidieron admitir a trámite la solicitud.

Sobre la petición para que se detenga a Maduro y se pida a Interpol orden de captura contra él, el TSJ en el exilio anunció que "se reserva el derecho de pronunciarse" sobre esas medidas, cuando decida sobre "la existencia o no de méritos para el enjuiciamiento de quien ejerce el cargo de Presidente de la República de Venezuela".

En su petición, la exfiscal Ortega considera que hay "mérito para iniciar causa penal" contra el presidente Maduro, "con ocasión a la presunta participación en hechos de corrupción que surgen de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía General de la República en el año 2015".

Esa investigación está referida a supuestas irregularidades en la ejecución de una obra de infraestructura en el estado Zulia conocida como el Segundo Cruce sobre el Lago de Maracaibo.

La ex fiscal general indica además que hay pruebas de que Maduro, cuando era canciller, recibió "grandes cantidades de dinero en dólares" para el pago de las campañas presidenciales

Como resultado de esas pesquisas se obtuvo información acerca de contrataciones de obras con Odebrecht por una suma de 2.500 millones de dólares que "no han sido culminadas y otras que jamás se llegaron a ejecutar en el país".

La ex fiscal general indica además que hay pruebas de que Maduro, cuando era canciller, recibió "grandes cantidades de dinero en dólares" para el pago de las campañas presidenciales de Hugo Chávez y luego para el pago de la suya propia, tras la muerte del líder bolivariano en 2013.

"Todo por instrucciones del fallecido presidente Hugo Chávez Frías y con la complacencia del Gobierno brasileño presidido por el señor (Luiz Inácio) Lula da Silva", señala Ortega.

Según dice Ortega, la Fiscalía concluyó que "se conformó una red de corrupción con altos funcionarios del Estado venezolano, los cuales identifica con prácticas que van desde el cobro de vacunas, sobornos y comisiones, penetrando así gran parte de la estructura gubernamental que influyó en forma decisiva en el destino de Venezuela".

El presidente del alto tribunal dijo que Maduro va a ser notificado inmediatamente para que comparezca a una audiencia oral y pública fijada para el 3 de abril en EE UU

Miguel Ángel Martín, presidente del alto tribunal nombrado por la Audiencia Nacional venezolana, que se define como "legítimo" y cuyos miembros están exiliados en EE UU y otros países, dijo a Efe que Maduro y el actual fiscal general, Tarek Saab, van a ser notificados inmediatamente para que el primero comparezca a una audiencia oral y pública fijada para el 3 de abril en EE UU.

Preguntado por Efe por el lugar donde se celebrará tal audiencia, Martín dijo Efe que aún no se ha determinado. Para Miguel Ángel Martín, el objetivo es "dar derecho de palabra a cada parte".

Después de esa audiencia, el tribunal tiene 30 días para tomar una decisión sobre la solicitud de Ortega, explicó.

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