Ante las amenazas de China, Rusia o Cuba, EE UU busca consolidar su contrainteligencia

Madrid/Washington ha puesto la contrainteligencia en el centro de su agenda de seguridad nacional. El proyecto de ley titulado Ley de Mejora Estratégica de la Contrainteligencia y Unificación de los Esfuerzos de Reforma –SECURE Act– amplía la definición de contrainteligencia, pasando de solo proteger contra amenazas de espionaje extranjero a exigir que se “disuadan, interrumpan, investiguen y exploten” las operaciones de inteligencia de potencias extranjeras.

El presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, ha anunciado audiencias y una agenda legislativa para lo que él mismo llama una “reconstrucción” de la capacidad de contrainteligencia de Estados Unidos. El movimiento llega tras años de advertencias internas sobre fallos graves en la detección de espionaje extranjero y en medio de un contexto de creciente enfrentamiento con China y actos de espionaje por parte de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.

Un elemento clave sería la creación de un centro nacional de contrainteligencia dentro de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Este reemplazaría al Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, que carece del poder de coordinación y fusionar las actividades de las ramas de contraespionaje dentro de la CIA, el FBI, la Agencia de Inteligencia de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional, los servicios militares y otras agencias de seguridad. El proyecto de ley establece que un énfasis clave será establecer la doctrina y los requisitos para la ejecución de actividades “ofensivas” de contrainteligencia.

Aunque Cuba no constituye la amenaza más urgente, su papel como aliada de las principales potencias enemigas de Estados Unidos, así como su propio rol en el espionaje y la desestabilización de la región, la incluyen en la reducida lista de prioridades. 

“Esta legislación asegura que nuestros servicios de inteligencia puedan pasar de una postura reactiva a una más proactiva frente a las amenazas”

Los casos concretos de espionaje cubano que más pesan en la memoria estadounidense siguen siendo emblemáticos y sirven de argumento para quienes piden reformas profundas. Ana Belén Montes, analista del Defense Intelligence Agency, admitió espiar para La Habana durante años, fue condenada en 2002 a 25 años y liberada tras cumplir parte de su condena en 2023. 

Otro caso notorio es el de Víctor Manuel Rocha, quien trabajó para el Departamento de Estado desde 1981, desempeñando altos cargos, incluida una etapa en el Consejo de Seguridad Nacional. Rocha confesó que, durante ese tiempo, operó como agente encubierto de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, transmitiendo información no pública y manteniendo lealtad al régimen castrista pese a su juramento al servicio estadounidense. Fue arrestado en diciembre de 2023 en Miami, y en abril de 2024 se declaró culpable de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificar al Fiscal General de EE UU, así como de fraude y declaraciones falsas.

En un mensaje publicado recientemente en la cuenta oficial del Comité en X, los legisladores informaron de que el proyecto de ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2026 fue aprobado con disposiciones “que reconstruyen la capacidad de contrainteligencia que EE UU necesita ahora”. Y justificaba el texto: “Esta legislación asegura que nuestros servicios de inteligencia puedan pasar de una postura reactiva a una más proactiva frente a las amenazas”.

Crawford, congresista republicano por Arkansas y aliado de Donald Trump, asumió en enero la presidencia del Comité. Desde entonces ha hecho de la contrainteligencia una prioridad. “Nuestro aparato actual es demasiado fragmentado y lento. Debemos coordinarnos mejor y anticipar, no solo reaccionar”, aseveró.

Entre los episodios más graves se citan la desarticulación de la red de informantes de la CIA en China entre 2010 y 2012

El nuevo objetivo es “examinar los fracasos del sistema estadounidense en adoptar un enfoque estratégico” y “discutir cómo construir una capacidad de contrainteligencia unificada” capaz de enfrentar adversarios que operan en múltiples dominios: ciberespacio, economía, defensa y política interior. 

En paralelo, varios estudios de centros de investigación han reavivado la discusión sobre la presencia de China en Cuba. Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, publicado en junio de 2025, mostró imágenes satelitales de instalaciones de recolección de inteligencia de señales en la Isla, presuntamente ampliadas y modernizadas con apoyo de Pekín. La Administración de Joe Biden reconoció en 2023 que China había mejorado capacidades de escucha en territorio cubano, lo que provocó fuertes críticas en el Congreso.

Entre los episodios más graves se citan la desarticulación de la red de informantes de la CIA en China entre 2010 y 2012, los casos de traición de Aldrich Ames y Robert Hanssen –que entregaron información a Moscú– y la infiltración de hackers vinculados al Estado chino en redes de agencias federales, como el ataque masivo a la Oficina de Administración de Personal descubierto en 2015.

Crawford y otros legisladores afirman que se necesita un enfoque “ofensivo”, aunque no se han publicado detalles sobre cómo se traduciría eso en autoridad legal. Expertos advierten que las reformas deben equilibrar la agresividad con el respeto a las libertades civiles, para evitar abusos como los que en el pasado han generado controversia en programas de vigilancia masiva.