Las cuatro aristas del estallido social de Chile

La llamada crisis social chilena ha ido tomando forma con el paso de los días hasta quedar definida como una masiva y pacífica protesta ciudadana que reclama profundos cambios estructurales

La protesta de este sábado en Santiago de Chile fue multitudinaria y llevó a Piñera a expresar que toma nota de las reivindicaciones. (EFE)
La protesta de este sábado en Santiago de Chile fue multitudinaria y llevó a Piñera a expresar que toma nota de las reivindicaciones. (EFE)

(EFE).- El descontento social continua en las calles de Chile reclamando profundos cambios estructurales, al tiempo que siguen produciéndose algunos focos de violencia. Son dos de las caras del fenómeno social que ha estallado en Chile, que hay que mirar también desde otros dos ángulos: la gestión del Gobierno y la acción del Ejército y las fuerzas de seguridad.

La llamada crisis social chilena ha ido tomando forma con el paso de los días hasta quedar definida como una masiva y pacífica protesta ciudadana que reclama profundos cambios estructurales en el sistema económico social para acabar con los modelos neoliberales de pensiones, salud o educación, entre otros, y generar una sociedad más justa.

Este aspecto se fue haciendo cada vez más visible desde el lunes 21 de octubre y alcanzó su punto culminante el pasado viernes con una manifestación que sólo en el centro de Santiago reunió a alrededor de 1,2 millones de personas, según cifras oficiales, la mayor que se recuerda en el país, al menos desde la recuperación de la democracia en 1990.

Con el eslogan de "Esto no ha terminado", los chilenos han programado una nueva semana de protestas y llaman a una masiva manifestación ante el palacio de La Moneda para este martes

Con el eslogan de "Esto no ha terminado", los chilenos han programado una nueva semana de protestas y llaman a una masiva manifestación ante el palacio de La Moneda para este martes, para seguir aumentando la presión sobre el presidente Sebastián Piñera en búsqueda de cambios sistémicos.

La expresión cívica de hartazgo es ya la estampa principal del estallido social chileno, pero el fenómeno comenzó de una forma muy distinta, como una ola de vandalismo que suma hasta la fecha en torno a una veintena de víctimas mortales.

La noche del viernes 18 de octubre Santiago prendió en llamas. Decenas de paradas del metro de Santiago fueron incendiadas o siniestradas. El suburbano venía siendo toda esa semana objeto evasiones masivas como queja por el incremento del precio del boleto, pero la radicalización de esta protesta se expandió.

El sábado varias puntos de Santiago se convirtieron en una batalla campal y a lo largo de todo el país se sucedieron la quema de centros comerciales, bancos o concesionarios de autos, y múltiples saqueos a comercios y farmacias.

La violencia continuó fuerte el domingo pero fue yendo a menos con el paso de los días, quedando circunscrita a grupos aislados que generan disturbios y desmanes.

La explosión de esta crisis pilló desprevenidas a las fuerzas del orden, que se vieron sobrepasadas, y el Gobierno chileno confió en el Ejército para salvaguardar el orden público declarando el estado de emergencia, una medida inédita desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La explosión de esta crisis pilló desprevenidas a las fuerzas del orden, que se vieron sobrepasadas, y el Gobierno confió en el Ejército para salvaguardar el orden público, una medida inédita

Piñera lo tuvo claro: el país estaba "en guerra" contra un enemigo "poderoso" que actuaba de forma coordinada.

A partir de ahí, el presidente fue abriéndose poco a poco al clamor ciudadano. Anuló el incremento del precio del metro, detonador de toda esta protesta pero apenas la gota de agua que colmó el vaso del descontento; anunció una nueva agenda social, con incrementos en las pensiones más bajas y en el ingreso mínimo o una rebaja del precio de los medicamentos; y pidió perdón por no haber visto antes la situación de precariedad de muchos chilenos.

La histórica marcha del pasado viernes le motivó a dar dos pasos más: anunciar un inminente cambio de gabinete para poder enfrentar las demandas de los ciudadanos y acabar con los estados de emergencia.

Mientras se espera por el calado del cambio de gabinete que realice el presidente, algunas fuerzas políticas están planteando acusarle constitucionalmente ante el Congreso Nacional, proceso por el que se podría llegar a su destitución.

La presencia de los militares en las calles enrabietó aún más a la ciudadanía, que hace apenas 30 años salió de una dictadura militar y que aún clama justicia por los detenidos y desaparecidos de ese periodo.

A la declaración de los estados de emergencia le siguieron continuos toques de queda cada noche, que prohibían las libertades de movimiento y de reunión y que obligaron a dispersar reuniones pacíficas y masivas de ciudadanos una vez que llegaba la hora del inicio del toque de queda.

Comenzaron a sucederse denuncias presuntos de abusos y violaciones de derechos humanos y por las redes sociales siguen corriendo vídeos que muestran supuestos apremios ilegítimos por parte de militares y de fuerzas del orden

Comenzaron a sucederse denuncias presuntos de abusos y violaciones de derechos humanos y por las redes sociales siguen corriendo vídeos que muestran supuestos apremios ilegítimos por parte de militares y de fuerzas del orden.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha presentado hasta la fecha 88 acciones judiciales, entre ellas 5 querellas por homicidio y 17 por violencia sexual presuntamente cometidos por militares o fuerzas del orden desde que el pasado viernes comenzara el estallido social en Chile.

Además, el INDH ha contabilizado que casi 3.200 han sido detenidas y más de 1.092 has sido heridas: 37 por disparos de bala, 272 por perdigones, 237 por arma de fuego no identificada y 24 por balines

Ya con los militares de nuevo en los cuarteles desde esta medianoche, este lunes llegará a Chile una misión de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michele Bachelet, para examinar si se han violando los derechos humanos en el accionar el del Estado durante el presente estallido social.

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