Ataque del ELN con drones deja siete soldados muertos en una base militar de Colombia

Bogotá/El ataque perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar en Aguachica, en el departamento colombiano del Cesar, dejó un saldo de siete soldados muertos y 30 heridos, según confirmó el Ejército este viernes. La acción, ejecutada con drones cargados con explosivos improvisados, marca un nuevo umbral en la escalada de violencia del conflicto armado y evidencia la creciente sofisticación tecnológica de los grupos insurgentes, en un contexto de deterioro simultáneo de la seguridad y de la credibilidad institucional del Estado colombiano.

El atentado ocurrió en la base del Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte, ubicada en la zona rural de El Juncal, cuando los militares descansaban en hamacas tras una jornada de entrenamiento. Desde drones, los atacantes lanzaron granadas y otros artefactos explosivos no convencionales de manera indiscriminada. Entre las víctimas mortales se encuentra el soldado profesional Jorge Mario Orozco Díaz, quien falleció mientras recibía atención médica especializada. El Ejército precisó que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave y 26 presentan lesiones de menor consideración.

La autoría fue atribuida al Frente Camilo Torres del ELN, una de las estructuras más activas de esa guerrilla, que tiene fuerte presencia en el Cesar. El ataque se produjo en el marco de un paro armado de 72 horas convocado por el grupo insurgente, durante el cual ejecutó cerca de un centenar de acciones armadas en distintas regiones del país. La ofensiva coincidió además con otros episodios de violencia, como la toma durante más de siete horas de la localidad de Buenos Aires, en el Cauca, por disidencias de las FARC, que dejó ocho policías heridos y daños significativos en edificaciones públicas y privadas.

El ELN ha mantenido históricamente vínculos estrechos con La Habana

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, advirtió que el uso de drones armados se ha convertido en una “amenaza multidominio” que llegó para quedarse. Desde abril de 2024, cuando se registró el primer ataque de este tipo en el Cauca, las Fuerzas Militares han contabilizado 393 atentados con drones. Aunque el Ministerio de Defensa asegura haber logrado neutralizar cerca del 95% de estos ataques, reconoce que la amenaza crece de forma exponencial y pone en riesgo directo tanto a la fuerza pública como a la población civil.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó al ELN como un “cartel terrorista” y subrayó que no desmantelar por completo su capacidad operativa implica un grave peligro para la seguridad nacional. Sus declaraciones, difundidas en la red social X, contrastan con la incapacidad del Estado para frenar una dinámica de violencia que se expande mientras los procesos de negociación con los grupos armados avanzan de forma errática y sin resultados visibles para la ciudadanía.

El ELN ha mantenido históricamente vínculos estrechos con La Habana, que ha fungido como sede de diálogos de paz, refugio político y garante internacional en distintos procesos de negociación. Cuba ha alojado delegaciones del ELN durante años, incluso después de atentados graves, lo que ha generado tensiones diplomáticas con Colombia y críticas por la protección brindada a un grupo armado responsable de acciones terroristas. Esa relación, amparada en un discurso de mediación, ha terminado por blindar a la guerrilla en el plano internacional mientras su capacidad militar se expande sobre el terreno.

El mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al Gobierno de Gustavo Petro desde su llegada al poder

Este escenario de inseguridad se superpone con el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al Gobierno de Gustavo Petro desde su llegada al poder. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un organismo clave para atender emergencias, se convirtió en el epicentro de una trama de desvío de recursos públicos destinada, según la Fiscalía, a comprar apoyos políticos en el Congreso. El caso ha implicado a ex ministros, altos funcionarios, congresistas y operadores cercanos al presidente.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó esta semana prisión preventiva para dos figuras centrales del Ejecutivo: Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, ex titulares de Interior y Hacienda, respectivamente. Bonilla, uno de los colaboradores más cercanos de Petro desde su alcaldía en Bogotá, está señalado como presunto líder del entramado corrupto, que habría adjudicado contratos por al menos 92.000 millones de pesos a cambio de respaldo legislativo. Velasco, por su parte, habría participado desde una posición de liderazgo en la articulación de esos apoyos. 

La investigación también alcanza a los ex presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, detenidos desde mayo por presuntamente recibir sobornos millonarios con fondos de la UNGRD. A ellos se suman Olmedo López, ex director de la entidad y ya condenado a seis años de prisión; Sneyder Pinilla, ex subdirector, sentenciado tras colaborar con la Fiscalía; y Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las Regiones, señalada como intermediaria de pagos ilegales y actualmente encarcelada.

Uno de los nombres más sensibles es el de Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Dirección Nacional de Inteligencia, imputado por cohecho, peculado y lavado de activos. González, antiguo guerrillero del M-19 como el propio Petro, está prófugo y cuenta con circular roja de Interpol. Su presencia en Nicaragua, donde ha sido visto en actos sociales, ha provocado un nuevo foco de controversia diplomática y política.