Cinco años de los talibanes: un Estado que sobrevive mientras los afganos pierden bienestar

Kabul/Cinco años después de su regreso al poder, los talibanes han conseguido algo que parecía improbable tras la retirada de las tropas internacionales y el desplome de la ayuda exterior: mantener en funcionamiento el Estado afgano. Pero la estabilidad de las cuentas públicas convive con una realidad mucho menos alentadora para la población, marcada por el endeudamiento, la pobreza y la exclusión de millones de mujeres y niñas.

La economía afgana creció un 4,8% en 2025, según el Banco Mundial. Sin embargo, el incremento no alcanzó para compensar el aumento de la población, impulsado en buena medida por el retorno de unos 3,7 millones de afganos desde países vecinos. El resultado fue una caída del 5,6% del PIB por habitante.

Afganistán produce hoy más que hace unos años, pero sus ciudadanos disponen, en promedio, de menos recursos. Más del 80% de los hogares están endeudados y una amplia mayoría no consigue cubrir sus necesidades básicas.

“Algunas familias llevan años sobreviviendo gracias a los préstamos, a la venta de sus muebles y enseres domésticos, y a las donaciones”, explica Martine van Bijlert, investigadora del Afghanistan Analysts Network. La red de solidaridad entre familiares, amigos y vecinos sigue funcionando, pero, advierte, está “increíblemente agotada”.

Casi la mitad del gasto público en lo que va de año se ha destinado a seguridad, mientras que salud y protección social reciben conjuntamente menos del 10%

Los talibanes atribuyen buena parte de las dificultades a las restricciones bancarias, las sanciones y el aislamiento internacional. Pero el destino del gasto público revela también las prioridades del régimen.

Casi la mitad del gasto público en lo que va de año se ha destinado a seguridad, mientras que salud y protección social reciben conjuntamente menos del 10%, según el Banco Mundial. Solo en 2025 cerraron más de 400 centros sanitarios por falta de fondos.

“No cabe duda de que se ha alcanzado cierto grado de estabilidad económica en Afganistán, pero aún no se ha logrado la prosperidad económica”, reconoce Mohammad Hassan Haqyar, jefe de la oficina del viceprimer ministro para Asuntos Económicos.

Ante la reducción de la ayuda y la escasez de inversión extranjera, el régimen apuesta por grandes obras de infraestructura. Entre ellas figuran el canal Qosh-Tepa, destinado a ampliar el regadío agrícola, y el gasoducto TAPI, que pretende transportar gas desde Turkmenistán hasta India atravesando Afganistán y Pakistán.

La estrategia busca convertir al país en un corredor entre Asia Central y Asia del Sur y generar ingresos propios. Pero el modelo tropieza con un problema que los grandes proyectos no pueden resolver por sí solos: la destrucción progresiva del capital humano.

Lo que fue presentado inicialmente como una suspensión temporal para adaptar los programas de estudio a la ley islámica terminó convirtiéndose en una prohibición indefinida

La exclusión de las mujeres de la educación y de buena parte del mercado laboral es quizá la expresión más visible de ese deterioro. Unas 2,4 millones de niñas afganas permanecen fuera del sistema educativo, según la ONU.

Farogh tenía 11 años cuando los talibanes cerraron las escuelas para las niñas. Cinco años después, pasa los días en su casa, dedicada a las tareas domésticas. Sahar, que tenía 13 años cuando comenzó la prohibición, espera ahora un matrimonio concertado por su familia.

Lo que fue presentado inicialmente como una suspensión temporal para adaptar los programas de estudio a la ley islámica terminó convirtiéndose en una prohibición indefinida. Después del cierre de las escuelas secundarias llegaron el veto a las universidades y las restricciones al empleo femenino.

La ausencia de alternativas ha favorecido además el aumento de los matrimonios infantiles y forzados, aunque no existen estadísticas nacionales que permitan medir su alcance. En la provincia de Kandahar, el médico Bashir Karimi afirma haber detectado un aumento del 10% en el número de niñas que se convierten en madres a partir de datos de tres centros sanitarios.

La mortalidad materna alcanza unas 638 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, más del doble del promedio mundial

El pasado mayo, los talibanes aprobaron además un decreto que elimina cualquier límite de edad para el matrimonio y concede a los tutores masculinos amplias facultades para acordar enlaces de menores.

La prohibición no solo tiene consecuencias sociales. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que las restricciones económicas impuestas a las mujeres habrán restado unos 920 millones de dólares al PIB entre 2024 y 2026.

La falta de profesionales femeninas también golpea al sistema sanitario. La mortalidad materna alcanza unas 638 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, más del doble del promedio mundial, según la ONU.

Incluso dentro del movimiento talibán han surgido discrepancias. El exviceministro de Exteriores Abás Stanikzai cuestionó públicamente la prohibición de la educación femenina y afirmó que no tenía fundamento en la ley islámica. Poco después abandonó Afganistán y se trasladó a Emiratos Árabes Unidos.

Cinco años después, el experimento económico talibán ha demostrado que el régimen puede mantener un Estado con muchos menos recursos externos. Lo que no ha demostrado es que pueda generar prosperidad para una población cada vez mayor.