La condena de reclamar justicia en China
Pekín/(EFE).- A más de dos horas del centro de Pekín se encuentra el "pueblo de los peticionarios", un conjunto de chabolas de ciudadanos que viven pidiendo justicia en China y que forman parte de una lista negra del régimen que les impide tener trabajo o una vivienda digna.
Wang, de 60 años, vive en seis metros cuadrados junto a su marido y esconde una pequeña letrina debajo del colchón para emergencias que, desgraciadamente, se convierten en su día a día. Sus opciones son limitadas: salir al descampado a hacer sus necesidades frente a sus vecinos o caminar durante veinte minutos hasta el baño público más cercano.
"Salgo a recoger verduras por la calle, pero cuando anochece. Me da vergüenza que me vean", confiesa entre lágrimas, mientras prepara algo de comer con los pocos alimentos que tiene y los muchos invitados que se reúnen hoy en este pequeño espacio, ciudadanos que también habitan en el "pueblo" y que quieren contar su historia.
La suya es la de una economista jefe de una gran empresa que acabó siendo degradada e inmediatamente despedida con una indemnización muy inferior a la que le correspondía por sus años de directiva.
"Querían enchufar a alguien. Traté de reclamar por todos los medios y lo único que recibí fue las torturas de los campos (cárceles extrajudiciales) y la exclusión social", rememora Wang.
Tanto ella como el resto de las personas congregadas han sido víctimas del mismo problema: la rampante corrupción en sus localidades y la falta de un sistema judicial independiente que les dé una salida. Ante ello, decidieron trasladarse a Pekín para pedir al Gobierno que intervenga, pero se toparon con la represión.
Las autoridades les encerraron en los recientemente abolidos gulags chinos por un periodo de hasta cuatro años sin pasar por juicio y sin más razón que la de pedir justicia
En la mayoría de casos, las autoridades les encerraron en los recientemente abolidos gulags chinos por un periodo de hasta cuatro años sin pasar por juicio y sin más razón que la de pedir justicia.
Al salir, su nombre ya está "manchado" para siempre. "En mi carné de identidad pone que soy una enferma mental así que nadie me contrata", explica Wang y enseña las más de mil cartas que ha escrito al presidente chino Xi Jinping para pedirle ayuda y que ha entregado al Buró de Cartas, sin obtener respuesta.
Jia, de 55 años, también está marcada y reconoce que se pone nerviosa cada vez que se le acerca un guardia. "Nos detienen cada dos por tres, así que en la cumbre de líderes del APEC (en noviembre) me escondí en las montañas", relata la mujer con voz nerviosa, y con un tono que se va elevando a medida que se afana en contar todo tipo de detalles sobre cómo le golpeaban en los "campos" con barras eléctricas.
"Escribe todo lo que puedas", insiste Jia a Efe, en un rincón de una calle a oscuras, con la mirada perdida pero atenta a cualquier persona que pueda acercarse y tal vez suponga un peligro.
La mujer vendía helados en la calle hasta que un día la mafia que controlaba los puestos ambulantes en su localidad le pegó una paliza por no acatar "órdenes". Los tribunales le dieron la espalda y ahora está vetada por su carné de identidad para alquiler un piso o una habitación en un motel.
"Los peticionarios son como fantasmas que deambulan (...) Una vez que han sido marcados en el sistema nacional les son vetados muchos de sus derechos, si no todos, incluida la opción de quedarse en un hostal, conseguir trabajo o incluso utilizar el metro en Pekín", explica Wendy Lin, investigadora de Chinese Human Rights Defenders.
De ahí que acaben en un lugar como el que entre ellos llaman "el pueblo de los peticionarios", donde en cada casa se ha vivido algún tipo de tragedia
De ahí que acaben en un lugar como el que entre ellos llaman "el pueblo de los peticionarios", donde en cada casa se ha vivido algún tipo de tragedia y se conocen demasiado bien las violaciones de derechos humanos que se cometen en la segunda economía mundial.
La policía acude de vez en cuando a este inhóspito lugar que, a pesar de la pobreza de las construcciones, está plagado de pequeñas cámaras de vigilancia, y realiza registros sin ningún tipo de orden judicial. "Vivimos en vilo", declara Xia Guangquan, un hombre de 48 años, a quien le expropiaron su comercio sin motivo y los tribunales rechazaron aceptar su caso al estar relacionado con líderes locales.
El hombre, alto y de aspecto fuerte, rompe a llorar al comenzar a contar cómo una decisión "de unos poderosos" arruinó su vida, le llevó a un gulag cuando decidió reclamar y, tras las torturas, le trajo hasta el "pueblo", que desvela la otra cara del Pekín de los rascacielos.
Según algunos expertos, la nueva reforma judicial impulsada por el Gobierno en octubre pasado ayudará a reducir este tipo de situaciones, con medidas que presionarán a los juzgados locales a aceptar más casos, incluido aquellos relacionados con las autoridades.
Las víctimas de la persecución confían en los líderes de Pekín, pero no saben si serán capaces de controlar un país tan grande. "Aquí en Pekín todo es más seguro, pero no en nuestra casa. Allí nada lo es", subraya la antigua vendedora de helados, y enseña a Efe un mensaje que ha recibido en su móvil: "Os estamos vigilando".
