La Corte Penal quiere que el fiscal Khan se aparte del caso contra Maduro por conflicto de intereses

La Haya/La Corte Penal Internacional (CPI) pide al fiscal principal, Karim Khan, apartarse de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela en un plazo de tres semanas, al considerar que existen motivos razonables para dudar de su imparcialidad en el caso, dado que su cuñada ha sido contratada para el equipo legal del Gobierno de Nicolás Maduro.

La Sala de Apelaciones de la CPI concluyó que el fiscal mantiene una “relación familiar, profesional y jerárquica” con Venkateswari Alagendra, su cuñada y una de las abogadas del Gobierno de Venezuela, lo cual compromete –al menos en apariencia– su imparcialidad.

“Un observador imparcial y bien informado, tras analizar todos los hechos, podría razonablemente percibir parcialidad, dado el vínculo familiar con Alagendra, combinado con la relación profesional y jerárquica previa (habían trabajado juntos antes). La Sala concluye que sí existen "motivos para creer que existe una causa de recusación”, señaló.

El detonante fue la presencia de Alagendra en una audiencia en noviembre de 2023. La Fundación Arcadia y el abogado venezolano Robert Carmona-Borjas solicitaron después la “recusación” del fiscal por “conflicto de intereses” dada la relación “familiar, profesional y jerárquica” entre Khan y Alagendra.

Los denunciantes señalaron que la letrada no sólo es familiar directa, sino que trabajaron juntos en el pasado en casos de alto perfil

Los denunciantes señalaron que la letrada no sólo es familiar directa, sino que trabajaron juntos en el pasado en casos de alto perfil, incluyendo la defensa de William Ruto (actual presidente de Kenia) y de Saif al Islam Gadafi (investigado por crímenes en Libia).

Y los jueces concluyeron que la combinación de vínculos personales y laborales entre Khan y Alagendra sí podría generar una percepción razonable de parcialidad, algo que vulnera los principios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, que prohíbe la participación del fiscal en situaciones donde su objetividad pueda ser cuestionada.

“El hecho de que Venezuela contratara el bufete de abogados de ella no puede considerarse una coincidencia”, lamentaron los denunciantes, que exigieron al tribunal “intervenir de inmediato” para “salvaguardar la integridad judicial”.

En una respuesta remitida al tribunal en abril, el fiscal rechazó que los denunciantes tengan “razones de peso que justifiquen” exigir su recusación y aseguró que “nunca ha compartido información confidencial” con Alagendra y que “no recuerda ninguna conversación con ella sobre hechos públicos” relacionados con Venezuela.

Pidió a los jueces “presumirse su imparcialidad, dada su experiencia y juramento profesional” y defendió que no comparte hogar con ella, que sus finanzas son independientes y que no ha discutido con ella temas relacionados con Venezuela.

También aseguró no tener una implicación directa en la gestión diaria de la investigación venezolana en la CPI, que es “solo una de 17 bajo su oficina”, dirigida por un equipo unificado bajo supervisión directa del fiscal adjunto.

La Sala, sin embargo, rechaza ahora esos argumentos y considera que Khan no fue suficientemente transparente ni proactivo para evitar dudas sobre su imparcialidad, y que su inacción tras una advertencia previa del propio tribunal en febrero pasado constituye una “nueva circunstancia” que obliga a actuar.

En su decisión, de 22 páginas, los jueces recuerdan que no hace falta probar una falta de imparcialidad real: basta con que un observador imparcial y bien informado pueda percibir de forma razonable un riesgo de parcialidad para que exista causa de recusación.

Si Khan no solicita voluntariamente su excusa dentro del plazo otorgado, los jueces pueden proceder a su recusación formal, lo que podría abrir una crisis interna en la oficina del Fiscal de la CPI

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.

Aunque en febrero la Sala de Apelaciones rechazó una primera solicitud de recusación por motivos procesales –al no haber un “caso” formal ni una solicitud directa de una persona investigada–, ahora ha decidido actuar.

Si Khan no solicita voluntariamente su excusa dentro del plazo otorgado, los jueces pueden proceder a su recusación formal, lo que podría abrir una crisis interna en la oficina del Fiscal de la CPI, que ya está bajo presión tras emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por, entre otros, el uso del hambre como arma de guerra en Gaza, y contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por deportación de niños ucranianos.

Por otro lado, el departamento de asuntos internos de la ONU está investigando sospechas de acoso sexual contra Khan, lo que le obligó a apartarse temporalmente del cargo en mayo debido a las tensiones que causaba esta situación en la CPI. Los dos fiscales adjuntos han asumido la gestión de la oficina y Khan no ha hecho más apariciones públicas desde entonces.