Los dirigentes de las FARC reconocen crímenes de lesa humanidad

En una audiencia pública en Bogotá también concurrieron víctimas de secuestros que pidieron justicia

De izquierda a derecha, los integrantes del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Rodrigo Londoño Echeverry, Rodrigo Granda Escobar y Milton de Jesús Toncel, participan en una audiencia de reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este 21 de junio en Bogotá, Colombia. (EFE/Carlos Ortega)
De izquierda a derecha, los integrantes del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP Julián Gallo Cubillos, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Rodrigo Londoño Echeverry, Rodrigo Granda Escobar y Milton de Jesús Toncel, participan en una audiencia de reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este 21 de junio en Bogotá, Colombia. (EFE/Carlos Ortega)

21 de junio 2022 - 23:29

Bogotá/(EFE).- El último jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reconoció este martes en una audiencia pública en Bogotá la responsabilidad del mando de la desmovilizada guerrilla en el secuestro y asesinato de civiles, militares, y policías cometidos por durante el conflicto armado.

"Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa dirección máxima de las FARC a reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro", dijo Londoño en una audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la biblioteca Virgilio Barco Vargas, de Bogotá.

Junto a Londoño estuvieron Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, todos miembros del último secretariado de las FARC, máximo órgano de esa guerrilla y por tanto responsables de las acciones de ese grupo armado.

Londoño añadió en una declaración leída que acudían para "asumir nuestra responsabilidad colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra", reconocimiento que hacen dentro del caso 01 abierto en julio de 2018.

A la diligencia también concurrieron víctimas de secuestros que pidieron justicia y no repetición.

Acudían para asumir la "responsabilidad colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra"

Las investigaciones de la JEP indican que las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial.

"El trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro", dijo la magistrada Julieta Lemaitre, que condujo la sesión.

La togada explicó que tres patrones cimentaron la política de secuestro de las Farc-EP para financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos.

El antiguo Secretariado de las Farc-EP fue imputado en el caso 01 por dar las órdenes que resultaron en crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes, y por los asesinatos y desapariciones forzadas que resultaron de estos.

Igualmente, también fue imputado por responsabilidad del mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros, como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.

La JEP abrió el caso 01 el 4 de julio de 2018 y en su proceso investigativo ha logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula.

La audiencia de reconocimiento que comenzó este martes y se extenderá hasta el jueves es el paso posterior a la imputación de cargos y el previo a que la JEP acepte su reconocimiento y emita la condena, que dependiendo del grado de verdad y aceptación de culpa que hagan, podrá no implicar la privación de libertad y en todo caso irá enfocada en la reparación a las víctimas.

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