El drama de los 1.500 migrantes nicaragüenses que Ortega no deja volver a su país

Managua/(EFE).- La pandemia de la covid-19 los dejó sin medios de vida en el extranjero. Quieren volver a casa, pero el pasaporte que confirma su nacionalidad no es suficiente. Las autoridades de Nicaragua han establecido requisitos prohibitivos, por lo que ahora viven de la caridad o a la intemperie en países vecinos de Centroamérica y del Caribe.

Ese es el drama de unos 1.442 nicaragüenses varados en cuatro países de Centroamérica, dos islas del Caribe, y al menos dos embarcaciones en altamar, quienes llevan meses pidiendo al presidente Daniel Ortega que les permita regresar con sus familias, las que dejaron atrás antes de la pandemia por razones económicas o por la crisis sociopolítica local.

La situación la sufrían en silencio al menos 1.871 nicaragüenses, hasta que en junio pasado un grupo de 93 trabajadores de la estadounidense Carnival Cruise Lines, varados en el crucero Carnival Glory, en el mar Caribe, enviaron un vídeo, en el que aparecían sosteniendo un enorme cartel con la frase "Somos nicas, déjenos entrar", dirigida a Ortega.

Aunque ya se sabía de un grupo de 92 nicaragüense procedentes de El Salvador que había quedado varado en la frontera de Nicaragua con Honduras desde inicios de abril, el cartel desencadenó las denuncias de casos similares en Barbados, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Islas Caimán, Honduras, y Panamá.

Reportes de nicaragüenses durmiendo a la intemperie o viviendo de la buena voluntad de personas que se apiadaban de ellos empezaron a aparecer en videos compartidos en redes sociales.

Incluso los trabajadores de los cruceros internacionales, que no son migrantes sino que pasan embarcados varios meses ahorrando el dinero ganado para sostener a sus familias, afirmaron que se habían quedado sin sus ahorros, tras pagar hospedaje y alimentos en algunas islas del Caribe.

Si bien el Gobierno de Nicaragua, que no ha cerrado sus fronteras por la pandemia, finalmente dejó pasar a 44 miembros del grupo que procedía de El Salvador, mantuvo su posición de no permitir el ingreso de nicaragüenses, hasta que unos 1.180 de estos se plantaron en la terminal de Albrook, Panamá, decididos a regresar con sus familias.

Pero incluso tras llegar a un acuerdo con las autoridades de Panamá y Costa Rica para dejar entrar a los nicaragüenses de Albrook de 100 en 100 cada ocho horas, el Gobierno de Ortega luego se echó para atrás, y estableció que debían ingresar cada 14 días, hasta que finalmente accedió a que ingresaran los martes y viernes, según la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

"Hay ausencia total de autoridad del Estado en el abordaje de este problema. Hay una omisión delictiva. La CPDH lamenta la actitud negligente e indolente de nuestras autoridades", dijo a EFE el abogado de la organización, Pablo Cuevas.

Cada nicaragüense que quiera volver debe presentar una prueba de covid-19 negativa, costear su traslado a Nicaragua, el pago de gastos operativos, alimentación, transporte hasta sus viviendas, y garantizar una cuarentena de 14 días

La vicepresidenta Rosario Murillo ha explicado que el Gobierno no ha negado el ingreso de los nicaragüenses, sino que ha establecido un proceso de repatriación "ordenado".

Aunque el Ejecutivo no ha informado de nuevos requisitos para que sus nacionales ingresen al país, las autoridades han mencionado en diferentes ocasiones que cada nicaragüense que quiera volver debe presentar una prueba de covid-19 negativa, costear su traslado a Nicaragua, el pago de gastos operativos, alimentación, transporte hasta sus viviendas, y garantizar una cuarentena de 14 días.

Hasta ahora unos 436 nicaragüenses han logrado llegar a sus casas, pero los que permanecen en Barbados, Islas Caimán o en altamar, así como algunos de los que están en Honduras y Costa Rica, sostienen que el Gobierno les niega la entrada o les retrasa la fecha de los vuelos, sin dar explicación.

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó "al Estado de Nicaragua a que permita el inmediato retorno de sus nacionales, así como a los Estados de la región a realizar acciones de cooperación con ese fin", haciendo énfasis en los casos de Panamá, y en "más de 100" de Guatemala.

Los de Panamá se han mostrado inquietos desde que fueron trasladados a dos albergues en Chiriquí, donde agradecen el trato y la comida que reciben de los panameños, pero se quejan de hacinamiento, y de la lentitud con que las autoridades de Nicaragua admiten su ingreso.

Los de Guatemala no están mejor. Según la organización no gubernamental Cristosal, dedicada a promover los derechos humanos en ese país, más de 40 nicaragüenses llevan varios días en la frontera con Honduras, viviendo "a la intemperie, con alimentos limitados, sin acceso a baños y otras condiciones indispensables".

Según Cristosal, todo lo que necesitan los nicaragüenses varados es "una carta del Gobierno de Nicaragua en la que se comprometa a dejar que sus ciudadanos entren a su territorio".

Según datos del Gobierno, que no ha establecido restricciones frente a la pandemia y promueve eventos públicos, el covid-19 ha contagiado a 2.846 personas y ha dejado 91 muertos.

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