EE UU incluye a 22 cubanos en una lista de “los peores delincuentes extranjeros indocumentados”

La Habana/La Casa Blanca sigue endureciendo el tono en su lucha contra la migración irregular. El viernes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló los nombres de 51 migrantes indocumentados considerados de “alta peligrosidad”, encarcelados en la prisión de máxima seguridad Luisiana Lockup, de los cuales 22, casi la mitad, son cubanos.

En una ficha informativa, la institución explicó que todos cumplen condenas por delitos como asesinato, violación, explotación sexual y agresión sexual a menores. Sin embargo, no detalla cuánto tiempo han estado en prisión y si se ha intentado repatriarlos a Cuba. El mismo DHS, el 3 de septiembre pasado, anunció que una sección de esa prisión en Luisiana sería utilizada para albergar “a algunos de los peores delincuentes extranjeros ilegales arrestados por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)” y dar uso a un área del penal “que llevaba años sin ser utilizada”.

De los 22 cubanos en la lista, 16 están condenados por asesinato. Se trata de Erick Carlos Artiles Ramos, Félix Bartutis Pérez, Ricardo Blanco Chomat, Ramón Fernández-Correa, Luis Gastón-Sánchez, Daniel González Oropeza, José González Suárez, Eddy López Jemot, Reynaldo Luna-Sivila, Aramis Felipe Perdomo Añasco, Raimundo Poey Marrero, Elpidio Fuentes Morales, Francisco Rodríguez-Romero, Osvaldo Valdés Basnuevo, Dimas E. Vázquez y Juan Carlos Viera-Guedes.

De los 22 cubanos en la lista, 16 están condenados por asesinato; los otros seis, por delitos sexuales

El resto, seis, tienen condena por delitos sexuales. Yamil Ballate-Martínez (por explotación sexual de un menor), Jorge Cajides-Vegas (agresión sexual, sodomía, agresión a una niña y violencia doméstica), Félix Fernando Martínez Rico (violación con arma), Ariochy Morán (tocamientos a menores), Maykel Rodríguez Valladares (tocamientos a menores) y Humberto Vargas-López (violación).

Además de los cubanos, en la lista de convictos hay ciudadanos de El Salvador, Venezuela, Haití, Irak, Irán, Vietnam, China, Rusia, Sudán, Etiopía, Somalia, India y Bielorrusia. De los 51 presos, 26 están en prisión por asesinato, nueve por agresión sexual a un menor, ocho por violación y ocho por explotación sexual de menores.

“Asesinos, pedófilos, violadores y depredadores de menores. Estos son los delincuentes extranjeros ilegales atroces arrestados por el ICE y retenidos en la cárcel de Luisiana”, dijo un portavoz del DHS citado en el comunicado. “Los delincuentes extranjeros ilegales no son bienvenidos en Estados Unidos”, insistió.

Durante el anuncio de la ampliación de la prisión de Luisiana para recluir a delincuentes extranjeros indocumentados, el gobernador republicano Jeffrey Landry señaló, junto a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que “el Centro de Detención de Luisiana le brindará al ICE el espacio necesario para encerrar a algunos de los peores inmigrantes ilegales delincuentes, como asesinos, violadores, pedófilos, narcotraficantes y pandilleros, para que ya no puedan amenazar a nuestras familias y comunidades”.

En ese acto también se informó que se garantizaron fondos para asegurar 80.000 nuevas camas que el ICE podrá utilizar para detener y deportar “a los peores entre los peores”.

Sin embargo, la situación de la inmensa mayoría de los migrantes en situación irregular no tiene nada que ver con los criminales señalados por la Administración de Trump. Tampoco se puede incluir en esa lista de delincuentes de "alta peligrosidad" a los dos boxeadores cubanos que están presos en EE UU, Billy Rodríguez y Damián Lescaille. El primero fue arrestado el 10 de agosto por el personal de ICE después de un accidente que sufrió contra un poste. Las autoridades barajan la opción de deportarlo a Cuba; sin embargo, “sería un riesgo enorme para el peleador, pues abandonó una delegación cubana en el extranjero y recibió la repulsa del oficialismo”, señaló el medio Swing Completo. En el caso de Lescaille, fue detenido el 30 de agosto bajo dos cargos de posesión de una sustancia controlada.