España reconoce "diferencias" en derechos humanos con Cuba pero insiste en el "diálogo constructivo"

Madrid/(EUROPA PRESS) -El Gobierno español ha reconocido que mantiene "diferencias sustantivas" en lo que a los derechos humanos se refiere con las autoridades de Cuba pero ha defendido su apuesta por el diálogo y el acompañamiento a las reformas acometidas en la Isla por Miguel Díaz-Canel como la mejor vía para lograr cambios en este ámbito.

Así lo ha expresado en una respuesta parlamentaria a una pregunta de Ciudadanos, en la que sin embargo no aclara si ha pedido al Gobierno cubano la liberación de "presos de conciencia" en la Isla, citando el caso concreto de Denis Solís, detenido el pasado 10 de noviembre "de forma irregular", según los de Inés Arrimadas, y que posteriormente fue condenado a ocho meses de cárcel por un supuesto delito de desacato.

En su pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ciudadanos (liberales) recuerda que el 23 de noviembre se debatió en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre la detención de más presos de conciencia en Cuba y se reclamó al Ejecutivo "acciones para facilitar la liberación de esos presos y el cese de la represión", si bien no salió adelante debido al rechazo "de los grupos que apoyan al Gobierno".

Ciudadanos recuerda que el 23 de noviembre se debatió una proposición no de ley sobre la detención de más presos de conciencia en Cuba que no salió adelante debido al rechazo "de los grupos que apoyan al Gobierno"

Ante esta circunstancia, el partido pidió saber si el Ejecutivo pensaba modificar su política exterior hacia Cuba dadas las críticas desde la oposición. "El Gobierno de España mantiene una política de diálogo crítico pero constructivo con Cuba en materia de derechos humanos, reconociendo que existen diferencias sustantivas, lo que no impide colaborar y avanzar en cuestiones de interés común", replica el Ejecutivo en su respuesta, fechada el 18 de enero.

En este sentido, desde Moncloa se reconoce que "subyacen divergencias de opinión, conceptos y enfoques en esta materia pero al mismo tiempo se considera que resulta necesario abordar esta cuestión en las conversaciones mantenidas de manera regular con el Gobierno cubano, así como acompañar las reformas que debe acometer Cuba en esta materia, para el beneficio de todos los cubanos". Fue este el mensaje que trasladó el rey Felipe VI durante su visita a Cuba en noviembre de 2019, añade.

Por otra parte, el Gobierno reivindica que sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Cuba y que en 2018, durante el Examen Periódico Universal al que se sometió la Isla, formuló "recomendaciones específicas en materia de libertad de asociación y ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre otras".

Además, recuerda, en noviembre de 2018 se institucionalizó el diálogo sobre derechos humanos mediante la firma de un memorando de entendimiento, celebrándose la primera ronda de consultas a nivel de ministros de Exteriores en octubre de 2019.

El Gobierno insiste en que su postura es coherente con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba

"El Gobierno nunca ha renunciado a mantener un diálogo franco y constructivo en materia de derechos humanos", insiste en su respuesta parlamentaria, subrayando que además esto es coherente con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba, firmado en 2016 y que España impulsó, "el cual incluye un diálogo sobre derechos humanos que permite abordar estas cuestiones" y establecer "un nuevo marco de relación" que deja atrás la posición común de la UE adoptada en 1996.

Gracias a este nuevo Acuerdo, añade el Gobierno, ha habido ya dos rondas de diálogo entre la UE y Cuba, "cuyos resultados han sido calificados como positivos por ambas partes", y que "permiten abrir un nuevo escenario basado en un enfoque constructivo y de acompañamiento al Gobierno de Cuba en el necesario proceso de reforma en esta materia".

Según sostiene el Gobierno, "la UE pretende generar un espacio de confianza con el objetivo de promover avances sustantivos en esta materia frente a otros enfoques que apenas han obtenido resultados", en una clara alusión a Estados Unidos.

Precisamente, en su pregunta Ciudadanos había pedido al Gobierno que aclarara la estrategia que iba a seguir con la nueva Administración de Joe Biden en lo relativo a la democratización y la defensa de los derechos humanos en Cuba.

En este sentido, el Ejecutivo subraya que "España y la UE respetan, pero no comparten el actual enfoque" de Estados Unidos "en materia de promoción y defensa de los derechos humanos en Cuba basado en el embargo y las sanciones, al considerar que resulta lesivo para el conjunto de los ciudadanos y apenas ha provocado cambios estructurales".

No obstante, tanto España como la UE "seguirán promoviendo las relaciones transatlánticas y el entendimiento con Estados Unidos también en relación con Cuba, sin renunciar a nuestra relación y enfoque de política exterior, procurando sumar esfuerzos que contribuyan al desarrollo y bienestar del pueblo cubano".

Moncloa replica que "España no tiene suscrito ningún acuerdo con Cuba ni mantiene ninguna colaboración" en este ámbito y por tanto, al no ser parte de ningún acuerdo internacional de este tipo "no los conoce ni entra a valorarlos"

Así las cosas, el Gobierno apuesta por no adelantar acontecimientos a la espera de que quede conformada la nueva Administración y "se conozcan los detalles, eventualmente, de la política que seguirá respecto a Cuba".

Por otra parte, desde Ciudadanos también se pedía al Ejecutivo que aclarara las acciones que estaba realizando "para acabar con los trabajos forzosos a los que se somete a los profesionales sanitarios en el contexto de las misiones internacionales cubanas".

A este respecto, Moncloa replica que "España no tiene suscrito ningún acuerdo con Cuba ni mantiene ninguna colaboración" en este ámbito y por tanto, al no ser parte de ningún acuerdo internacional de este tipo "no los conoce ni entra a valorarlos". En todo caso, añade el Gobierno, "la prestación de servicios o la realización de actividades profesionales en España debe hacerse respetando nuestro marco legal y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia laboral".

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