El ex ministro de Transportes de España, condenado a 24 años de prisión por corrupción

Madrid/El Tribunal Supremo de España ha condenado al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su ex asesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, recogida por Europa Press, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

Los magistrados que les juzgaron consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió "graves" delitos de corrupción.

Para el tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama

Para el tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos" de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el ex ministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

A su juicio, el "efecto más grave" de esas conductas "es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía".

"Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema", advierte.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las condenas de cárcel, los magistrados fijan la de Ábalos en 16 años y en 15 la Koldo. Respecto a Aldama, le aplican la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos", aunque lo condiciona a que no vuelva a delinquir, haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semestral de actividades.

No obstante, el empresario está siendo investigado por el caso de los hidrocarburos, una presunta trama de fraude fiscal masivo de compraventa de combustibles que causó un perjuicio a Hacienda de 182,5 millones de euros. Aldama está investigado por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal. Además, se le acusa de pagar sobornos a altos cargos para obtener contratos públicos durante la pandemia y beneficiarse en el sector energético. 

Las acusaciones populares que encabezó el Partido Popular reclamaban 30 años para el ex ministro y su ex asesor, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado noviembre, mientras que para el empresario solicitaban cinco años

La Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 24 años de prisión para el ex ministro, 19 y medio para su ex asesor y 7 para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares que encabezó el Partido Popular reclamaban 30 años para el ex ministro y su ex asesor, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado noviembre, mientras que para el empresario solicitaban cinco años.

Durante el juicio, tanto Ábalos como su ex asesor se declararon inocentes de los hechos que se les acusaba y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.

Ábalos fue secretario de organización del PSOE –número dos de Pedro Sánchez– entre 2017, cuando el actual presidente del Gobierno de España venció en las primarias del partido, y 2021. En 2018 asumió la cartera de Fomento como parte del primer Ejecutivo de Sánchez, que en 2020 pasó a llamarse Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En 2024, al estallar el caso de corrupción, que inicialmente vinculaba solo a su ex asesor, el PSOE le solicitó la dimisión, pero Ábalos se negó a entregar el acta de diputado y pasó al grupo mixto. El partido también le abrió un expediente y lo suspendió cautelarmente de militancia hasta que en noviembre de 2024 lo expulsó definitivamente.