El enfrentamiento entre la Fiscalía y el Supremo amenaza el hilo constitucional

La Habana/(Con informaciones de agencias).- La ruptura en Venezuela entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha quedado patente este martes tras la decisión de la fiscal general, Luisa Ortega García, de no acudir a la sesión de retirada de la inmunidad en su contra por parte del TSJ, institución que dijo no reconocer y en cuya sede no compareció por considerar que no ha cometido delitos y que el proceso abierto contra ella viola la legislación para anular a la Fiscalía.

En una comparecencia desde el Ministerio Público, Ortega García admitió que este martes será apartada de sus funciones, al igual que el vicefiscal Rafael González, pero se negó a reconocer a la nueva vicefiscal, Katherine Harrington, designada durante la jornada por el Supremo.

La ausencia de la fiscal general no ha impedido que el TSJ comenzase el proceso de enjuiciamiento contra ella, en el que el diputado oficialista Pedro Carreño acusó a Ortega de "ponerse en antagonismo con el poder judicial" y "con el poder ejecutivo" por increpar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que hiciese uso del "terrorismo de Estado".

Por su parte, el presidente de la Sala Constitucional del Supremo, Juan Mendoza Jover, explicó que la designación de González por parte de la fiscal general se anuló porque no fue revisada en un primer momento por la Cámara que, según el TSJ, está "en desacato", por lo que Ortega Díaz debía haber sometido su decisión a evaluación del Supremo.

La nueva vicefiscal, que fue designada en 2015 por Nicolás Maduro como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal, es una ferviente partidaria del chavismo

La nueva vicefiscal, que fue designada en 2015 por Nicolás Maduro como como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal, es una ferviente partidaria del chavismo que cuenta en su hoja de servicios con haber llevado causas judiciales de varios dirigentes opositores encarcelados. Además, la funcionaria fue sancionada por Estados Unidos en 2015 con la congelación de bienes y la prohibición de entrada en el país.

Durante su comparecencia, Ortega García indicó que con este acto del Supremo, "quedará abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento popular" y aseguró que la violencia no solo se observa con la agresión de manifestantes en la calle, sino también en "las acciones de las instituciones" que "perjudican a la colectividad".

En esa línea, la fiscal no tuvo reparos en asegurar que, a raíz de las intensas y violentas protestas acaecidas en el país durante los últimos tres meses, está en marcha un "golpe de Estado" más "grotesco" que el que se dio contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002 por parte del empresario Pedro Carmona y, a su entender, los poderes públicos se están disolviendo como en aquel entonces.

Pese a sus orígenes chavistas, la titular del Ministerio Público se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses para convertirse en la figura más crítica contra el Gobierno dentro de las instituciones públicas, lo que la ha llevado a anunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y a oponerse al cambio de constitución impulsada por Maduro.

Ese orden constitucional se ha visto nuevamente sacudido este martes al tachar Maduro de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al margen del Poder Electoral del país, un día después de que la oposición anunciara un referendo para que los ciudadanos se pronuncien sobre la Asamblea Constituyente que impulsa el Gobierno.

Pese a sus orígenes chavistas, la titular del Ministerio Público se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses para convertirse en la figura más crítica contra el Gobierno dentro de las instituciones públicas

"Para uno convocar consultas públicas de carácter nacional refrendarias, tipo referéndum, amerita cumplir un conjunto de requisitos y mecanismos constitucionales y nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la constitución, los derechos establecidos aquí, o por su cuenta, a lo loco", agregó el mandatario.

Los venezolanos están llamados a las urnas por el Gobierno el próximo 30 de julio para elegir a quienes deben redactar una nueva Carta Magna, a la que se opone la oposición, que ha anunciado que boicoteará la jornada electoral.

El referendo impulsado por la oposición preguntará también eventualmente a los ciudadanos sobre la organización de nuevas elecciones y la formación de un Gobierno de "unidad" que sustituya al actual Ejecutivo.

Desde hace tres meses se desarrolla en Venezuela una ola de protestas antigubernamentales a favor y en contra del Gobierno que hasta el momento ha dejado 90 fallecidos, según cifras ofrecidas hoy por la Fiscalía.