HRW exige a China que deje de perseguir a ciudadanos que protestan a raíz del incendio de Hong Kong

Hong Kong/La organización Human Rights Watch (HRW) reclamó este martes una investigación independiente sobre el incendio que se cobró 151 víctimas mortales en un complejo residencial de Hong Kong y exhortó al Gobierno de la ex colonia a dejar de perseguir a los ciudadanos que protestan por la tragedia.

"Es crucial que no se trate como criminales a quienes piden respuestas por este trágico incendio", ocurrido el pasado 26 de noviembre, señaló la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson, en un comunicado remitido a EFE.

Las autoridades han detenido ya a 12 personas por presunto homicidio imprudente en una investigación que apunta a graves irregularidades en la rehabilitación del complejo residencial, y también arrestaron a otras cuatro acusadas de "explotar la tragedia para incitar al odio y generar inestabilidad".

HRW pidió que se retiren los cargos contra estas últimas, a las que considera que se detuvo por ejercer "activismo pacífico".

HRW pidió que se retiren los cargos contra estas últimas, a las que considera que se detuvo por ejercer "activismo pacífico"

"Las autoridades de Hong Kong no deben responder al criticismo generado por una tragedia de la misma forma en que lo hace el Gobierno chino", señala la organización, que cita ejemplos como la censura y el encarcelamiento de ciudadanos chinos que protestaron por el grave terremoto de Sichuan en 2008 o la gestión inicial de la pandemia de covid.

Respecto a las responsabilidades por el incendio, HRW consideró que el Ejecutivo hongkonés "debe abrir una investigación independiente en lugar de arrestar a la gente que hace preguntas incómodas".

"No se puede retroceder en el tiempo para evitar esta tragedia, pero las autoridades pueden evitar hacerla todavía mayor", sostuvo Pearson, quien instó al Gobierno a "compensar adecuadamente a las víctimas y a hacer que los responsables", incluyendo cargos públicos, "respondan ante la Justicia".

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ya anunció en esta misma jornada la creación de una comisión independiente presidida por un juez para investigar "hasta el final" el incendio de siete de los ocho edificios del complejo residencial Wang Fuk Court, mientras continúan las labores de búsqueda de casi 40 personas desaparecidas.

Lee avanzó que la comisión determinará las causas del siniestro y propondrá cambios estructurales y garantizó que "los culpables responderán sea cual sea su posición".

Lee avanzó que la comisión determinará las causas del siniestro y propondrá cambios estructurales y garantizó que "los culpables responderán sea cual sea su posición"

Hasta ahora, los peritajes practicados a veinte muestras de la red perimetral exterior de los edificios, tomadas en diferentes alturas, han detectado que siete incumplen la normativa de resistencia al fuego y que el material homologado solo se instaló en las plantas bajas para eludir controles tras el paso del supertifón Ragasa en julio.

Además, el secretario de Seguridad hongkonés, Chris Tang, declaró este martes “organizaciones vetadas” a dos entidades políticas en el exilio –el autodenominado Parlamento de Hong Kong, con sede en Canadá, y la Unión por la Independencia Democrática de Hong Kong de Taiwán– en la primera aplicación de la Ley de Seguridad Nacional contra grupos que operan en el exterior.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 174/2025, entró en vigor de forma inmediata y se ampara en la sección 60(1) de la normativa promulgada el 23 de marzo de 2024, la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional (conocida como Artículo 23).

Según informó el Buró de Seguridad, el 25 de noviembre se remitieron requerimientos formales a ambas formaciones con un plazo de siete días para presentar alegaciones. El Parlamento de Hong Kong respondió con escritos, pero la entidad taiwanesa guardó silencio.

Tras analizar la documentación recibida y los antecedentes, Tang consideró acreditada la necesidad de vetarlos para preservar la soberanía nacional.

El Ejecutivo acusa a ambos de “actividades subversivas” destinadas a “derrocar el poder del Estado” mediante la promoción de la autodeterminación, la redacción de una constitución alternativa y el menoscabo del orden constitucional de la República Popular China.

Desde este lunes, cualquier persona que ejerza funciones directivas, mantenga afiliación, organice reuniones, facilite fondos o preste cualquier colaboración a estas entidades incurrirá en delito castigado con hasta catorce años de prisión y multa de un millón de dólares hongkoneses (110.590 euros, 128.400 dólares).

En comparecencia este martes, Tang confirmó el procedimiento seguido y recordó recientes condenas vinculadas a ambos grupos.

Una activista de 19 años fue sentenciada a doce meses de cárcel por sedición tras admitir haber difundido en redes sociales vídeos que instaban a participar en las elecciones del Parlamento en el exilio

Una activista de 19 años fue sentenciada a doce meses de cárcel por sedición tras admitir haber difundido en redes sociales vídeos que instaban a participar en las elecciones del Parlamento en el exilio, creado con la finalidad de establecer un legislativo paralelo para “derrocar” al Gobierno local.

En julio, las autoridades incluyeron en lista de búsqueda a 19 disidentes exiliados por su relación con esa estructura, ofreciendo recompensas de 200.000 dólares hongkoneses (25.680 dólares) por quince de ellos y de un millón por los cuatro restantes, ya perseguidos por otros delitos de seguridad nacional.

El pasado noviembre, un menor de 16 años se declaró culpable de conspiración para cometer secesión por sus vínculos con la organización taiwanesa y permanece en prisión preventiva junto a otros dos imputados a la espera de sentencia.

El veto constituye el primero contra entidades extranjeras desde la entrada en vigor de la legislación del artículo 23, aprobada por unanimidad en una Asamblea Legislativa sin oposición y complementaria a la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020.

El texto castiga traición, insurrección, sabotaje, injerencia externa, sedición y espionaje con penas que alcanzan la cadena perpetua. Organizaciones de derechos humanos, Gobiernos occidentales y la ONU han criticado la vaguedad de los tipos penales y su impacto en las libertades.

Las autoridades hongkonesas defienden la norma como cierre de vacíos legales tras las multitudinarias protestas prodemocracia de 2019 y frente a supuestas interferencias foráneas.