Un juez tumba la condena a Expedia por traficar con bienes confiscados en Cuba

Madrid/La condena por tráfico de propiedades confiscadas en Cuba a la agencia estadounidense de viajes Expedia fue anulada el pasado viernes por un juez federal de Florida. La decisión deja sin efecto la sentencia, emitida en abril de este año, que obligaba a pagar 29,8 millones de dólares a la empresa por beneficiarse, a través de su sistema de reservas, de hoteles construídos sobre terrenos que el régimen cubano arrebató a su legítimo propietario en Cayo Coco, Ciego de Ávila.

Según el juez Francisco A. Moreno, juez superior del Tribunal del Distrito Sur de Florida, los abogados del reclamante, Mario Echevarría, no lograron demostrar que Expedia Group hubiera traficado con los hoteles que el Gobierno de la Isla construyó en terrenos que había heredado. El demandante había denunciado a Expedia Group, Inc. –y no a la filial, Expedia Inc., responsable de las reservas – además de a Orbitz y Hotels.com, pero el juez cree que no está probado que la empresa matriz fuera consciente ni, mucho menos, responsable, de las acciones de la filial.

En cuanto a las dos empresas restantes, el magistrado también pone en duda su intención de traficar, puesto que, una vez que fueron notificadas, dejaron de permitir reservas

En cuanto a las dos empresas restantes, el magistrado también pone en duda su intención de traficar, puesto que, una vez que fueron notificadas, dejaron de permitir reservas. Las indemnizaciones de manera conjunta ascendían a 119,4 millones de dólares por la explotación de los terrenos donde hoy se erigen los hoteles Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco.

El abogado de Echevarría, Andrés Rivero, confirmó al Miami Herald que prevé apelar la decisión. “Tenemos la intención de seguir luchando”, dijo al diario. Por su parte, Expedia Group hizo público un comunicado en el que dijo estar “satisfecho con la orden del juez que revocó el veredicto del jurado y la conclusión de que Expedia Group no violó la Ley Helms-Burton”. 

La norma, aprobada por el Gobierno de Bill Clinton en 1996, contiene un apartado específico (Título III) que permite que los ciudadanos estadounidenses que reclaman propiedades confiscadas por el régimen cubano demanden a las empresas que se hayan beneficiado de ellas. Sin embargo, esta opción fue sistemáticamente suspendida por todos los presidentes de EE UU hasta que, el 2 de mayo de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump se activó.

Desde entonces se han producido multitud de demandas en base a esta disposición, sin que, por ahora ninguna haya prosperado en sentencia firme. 

Es el caso de las grandes navieras estadounidenses Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises, que el pasado octubre se libraron de una multa millonaria por sus cruceros a Cuba entre 2016 y 2019. La Corte de Apelaciones de Florida anuló entonces la sentencia por la que en 2022 un tribunal de distrito las condenó a pagar más de 400 millones de dólares a la compañía Havana Docks por “traficar con bienes confiscados” por la Revolución. 

Desde entonces se han producido multitud de demandas en base a esta disposición, sin que, por ahora ninguna haya prosperado en sentencia firme

En 2023, durante otra demanda contra las propias Norwegian Cruise Line y MSC Cruises, un juez falló a favor de las compañías de cruceros y contra la reclamación del cubanoamericano Javier García-Bengochea –heredero de los terrenos que acogen el puerto de Santiago de Cuba–, porque este había recibido la propiedad de los enclaves después de ser usados por las empresas estadounidenses.

El año pasado fue Airbnb la demandada por el médico estadounidense Javier García-Bengochea por poner en alquiler en La Habana un edificio de seis departamentos en Miramar, construido en 1939 por la familia Parreño, gracias a quien el sanitario obtuvo la casa en herencia. 

Iberostar, cuyos hoteles están implicados en el caso de Expedia, y la también española Meliá, son otras de las compañías que se han visto envueltas en denuncias por la Helms-Burton sin que aún se haya fallado en su contra de manera definitiva.