Marchas, plantones y bloqueos en Bolivia contra el "paquetazo de leyes"
En algunas urbes se suspendieron las protestas ante un anuncio del Gobierno de Luis Arce de que el proyecto sería retirado, pero la oferta no convenció a todos
La Paz/ Santa Cruz (Bolivia)/(EFE).- Comerciantes, universitarios, docentes, cívicos y plataformas ciudadanas se movilizaron este jueves en ciudades bolivianas como La Paz y Santa Cruz contra el "paquetazo" de leyes gubernamentales que estos sectores consideran que atentan contra diversas libertades.
Las protestas en La Paz fueron lideradas por los gremiales o comerciantes, quienes recorrieron las principales calles del centro histórico de la ciudad para exigir que se anule el proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
"Deberíamos unirnos todos los sectores, ya que este proyecto de ley limita, amordaza y va a penalizar estas marchas, la voz de protesta, la voz del pueblo", dijo a EFE un dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, David Carvajal.
"Deberíamos unirnos todos los sectores, ya que este proyecto de ley limita, amordaza y va a penalizar estas marchas, la voz de protesta, la voz del pueblo"
En algunas urbes se suspendieron las protestas ante un anuncio del Gobierno de Luis Arce de que el proyecto sería retirado, pero la oferta no convenció a todos los gremiales.
"Nosotros no creemos en este Gobierno mentiroso, hasta que no veamos en físico, hasta que no veamos el papel firmado, vamos a seguir en estado de emergencia", afirmó Carvajal.
Santa Cruz, el motor económico del país, amaneció con bloqueos callejeros efectuados por los comerciantes en los principales "anillos" o avenidas de circunvalación de la ciudad.
Los bloqueos se instalaron empleando banderas bolivianas y cruceñas, y en algunos sitios se exhibieron pancartas con consignas como "No al paquetazo de leyes", "Rechazamos que sea la gestora la que maneje los aportes de los trabajadores" o "Libertad de expresión en las redes sociales para la juventud".
Uno de los puntos bloqueados fue la rotonda del Cristo Redentor, un monumento emblemático de Santa Cruz donde suelen realizarse los cabildos ciudadanos por demandas regionales, y también se cerró el paso en la carretera hacia el sur y los valles cruceños.
Las plataformas ciudadanas y grupos cívicos se apostaron en el monumento a la Madre India, mientras que los docentes, administrativos y estudiantes de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) hicieron un plantón en las avenidas que circundan el campus universitario.
La medida se decidió en una reunión realizada en la víspera, "como una forma de apoyar el reclamo que está haciendo el sector gremial", explicó a EFE el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar.
"Consideramos que leyes que atentan contra derechos y libertades de los ciudadanos no pueden ser aprobadas de manera unilateral", sostuvo Cuéllar.
La universidad se declaró "en emergencia ante todo este grupo de leyes amedrentadoras, persecutorias" y resolvió sumarse a la convocatoria nacional a protestar contra el llamado "paquetazo", explicó por su parte el vicerrector, Reinerio Vargas.
También está en la mira la estatal Gestora Pública, que desde el próximo mes se hará cargo de la administración de todos los fondos de pensiones
Las semanas pasadas ya hubo diversas protestas contra el "paquetazo de leyes" como el 280 referido a la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas, el proyecto 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos y el 304 que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales.
El tratamiento del proyecto 280 está paralizado hasta que sea socializado, el 304 fue retirado de la Asamblea Legislativa y del 305 se sacará el artículo que era cuestionado por los gremios periodísticos del país por atentar contra la libertad de expresión.
También está en la mira la estatal Gestora Pública, que desde el próximo mes se hará cargo de la administración de todos los fondos de pensiones.
Sectores como las universidades públicas, trabajadores en salud y jubilados se oponen al traspaso de sus aportes a la gestora al considerar que se corre el riesgo de que el Gobierno utilice libremente los recursos de la jubilación con perjuicios a los beneficiarios, algo que el Ejecutivo ha negado.
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