La ONU denuncia la persecución a opositores de Ortega incluso fuera de Nicaragua

Ginebra/La persecución contra opositores políticos en Nicaragua, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas o líderes religiosos, "no solo persiste, sino que se ha convertido en una práctica recurrente y más allá de sus fronteras", destacó este viernes la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este acoso "se ve exacerbado por cambios legislativos que refuerzan el cierre del espacio cívico y aumentan las restricciones indebidas a la participación política", señaló la directora de la División de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, en un informe oral sobre la situación en el país presentado ante la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Desde la presentación del anterior informe en marzo, el Gobierno de Daniel Ortega ha cancelado la personalidad jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, elevando a 5.535 el total que han sido disueltas desde 2018. "Esta cifra representa más del 80% de las organizaciones registradas hasta fines de 2017 y refleja un desmantelamiento devastador del espacio cívico en Nicaragua", aseguró Kohonen.

La representante de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk agregó que la situación de la prensa sigue siendo crítica, con al menos 178 periodistas obligados a exiliarse desde 2018, "mientras quienes continúan en el país enfrentan vigilancia, amenazas y censura". También son alarmantes las restricciones al ejercicio de la libertad religiosa, subrayó la directora de operaciones, quien denunció que miembros del clero siguen siendo objeto de amenazas, interrogatorios y exilio forzado. "Durante la pasada Semana Santa, las autoridades mantuvieron la prohibición de procesiones en espacios públicos, de manera que las celebraciones religiosas sólo pudieron tener lugar en el interior de los templos", destacó.

La nueva Ley Electoral adoptada en marzo por la Asamblea Nacional "profundiza la concentración del poder en la Presidencia"

Kohonen también recordó la nueva Ley Electoral adoptada en marzo por la Asamblea Nacional "que profundiza la concentración del poder en la Presidencia y debilita aún más las garantías de participación democrática", eliminando por ejemplo los mecanismos de referéndum y plebiscito o limitando la formación de partidos. Agregó que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial debilita gravemente la independencia judicial y el Estado de derecho, al otorgar al presidente la potestad de proponer la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, sustituyendo el anterior mecanismo de elección interna.

En el informe oral también se denunciaron continuos ataques contra comunidades indígenas y afrodescendientes, así como el uso de las detenciones arbitrarias como herramienta de represión política, con al menos 54 personas, entre ellas diez indígenas, sufriendo esta situación. Kohonen agregó que la oficina ha documentado también 13 casos de posible desaparición forzada, entre ellos el de Eveling Carolina Matus Hernández, detenida hace un año y separada de sus hijos de 5 y 10 años, "cuyo paradero sigue siendo desconocido".

"Reiteramos nuestro llamado a las autoridades a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, a cesar las desapariciones forzadas y la tortura y a garantizar el respeto de las normas internacionales sobre el trato digno en los lugares de detención", subrayó Kohonen.

La Oficina de la ONU ha documentado también al menos 29 casos de denegación de entrada al país de ciudadanos nicaragüenses por motivos políticos. "A pesar de la urgente necesidad de atender la crisis de derechos humanos, Nicaragua continúa aislándose de la cooperación con organismos internacionales", concluyó Kohonen, al recordar que este mismo mes el país se ha retirado de organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) o la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).