Los presos políticos rechazan la amnistía propuesta y aprobada por los sandinistas
La oposición cree que la ley busca "tapar" los crímenes del Gobierno de Daniel Ortega contra los manifestantes
Managua/(EFE).- El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua rechazó este sábado la Ley de Amnistía, propuesta y recién aprobada por los legisladores sandinistas, que absuelve de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis que estalló hace más de un año en su país.
"No aceptamos ninguna amnistía. Daniel Ortega (gobernante de Nicaragua) busca la amnistía para encubrir los crímenes cometidos por policías y paramilitares del régimen", denunció ese colectivo en una declaración.
El Comité, formado por familiares de personas encarceladas en el marco de una crisis que ha dejado cientos de muertos, acusó al Gobierno de querer "esconder la verdad" con esa amnistía y dijo que su demanda es de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Explicó que rechaza enérgicamente la ley "porque nuestros hijos no son culpables de ningún crimen".
"Demandamos que se investiguen los crímenes cometidos contra manifestantes pacíficos, cuyos asesinatos aún siguen en la impunidad y no quieren ser investigados por el Estado de Nicaragua", exhortó.
"Demandamos que se investiguen los crímenes cometidos contra manifestantes pacíficos, cuyos asesinatos aún siguen en la impunidad y no quieren ser investigados por el Estado de Nicaragua"
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó hoy con carácter urgente esa ley, que concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha".
La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad o en cumplimiento de ejecución de sentencias.
Por tanto, según la nueva ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, y deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias.
Asimismo, las personas que se encuentren privadas de libertad en el momento de la entrada en vigor de la ley deberán ser excarceladas de forma inmediata.
La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, con excepción de aquellos regulados en tratados internacionales de los que Nicaragua es un Estado parte.
Las personas beneficiadas con la ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por la ley.
La ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales formaban parte de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
La iniciativa ha sido rechazada por la oposición nicaragüense con el argumento de que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno, que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.
También porque la ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales formaban parte de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
Según la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales "a su gente", entre la que mencionan a la Policía Nacional y a los civiles armados que levantaron los bloqueos en las vías públicas montados por la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos al Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas "parapoliciales" con armas de guerra para atacar a civiles.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
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