Trump mantiene su guerra arancelaria global con un gravamen de entre el 10% y el 12,5% a 80 países

Washington/La Administración de Donald Trump optó este jueves por una nueva vía para mantener su ofensiva arancelaria después de que los tribunales frenaran parte de sus anteriores medidas, con un nuevo paquete de gravámenes contra más de 80 países, incluido todo el bloque de la Unión Europea, que, según Washington, no cuentan con leyes eficaces para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dejó claro esta semana ante el Congreso que el cambio de base legal no supone un giro en la política comercial de Trump.

"Las autoridades específicas que utiliza esta Administración han cambiado, pero la estrategia comercial no", afirmó, al defender la intención del Gobierno de seguir utilizando los aranceles y las negociaciones comerciales como herramientas para impulsar la reindustrialización del país, proteger a los trabajadores y reducir el déficit comercial.

Los nuevos gravámenes, de entre el 10 y el 12,5%, entrarán en vigor a las 00:01 del viernes, hora del Este de EE UU, en sustitución del arancel global temporal del 10% que expira a esa misma hora. Trump había impuesto ese gravamen en febrero después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase la base legal utilizada para imponer la mayoría de sus anteriores aranceles globales.

Trump había impuesto ese gravamen en febrero después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase la base legal utilizada para imponer la mayoría de sus anteriores aranceles globales

Hasta ahora estos gravámenes estaban justificados bajo la llamada Sección 122 y tenían una vigencia de 150 días a no ser que el Congreso actuara para ampliar su aplicación. Los nuevos, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, permiten reemplazar los aranceles con unos nuevos con el pretexto de luchar contra el trabajo forzado a nivel global.

La medida establece un arancel adicional del 10% para economías como el bloque de la Unión Europea y Reino Unido, además de países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza

Otras economías estarán sujetas a una tasa del 12,5 %, con variaciones y excepciones según el país y el producto.

A diferencia del anterior gravamen, impuesto como una medida temporal para hacer frente a problemas de balanza de pagos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, los nuevos aranceles se sustentan en la Sección 301, que permite al presidente responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas injustificadas o discriminatorias.

Trump ya utilizó esta disposición durante su primer mandato para imponer aranceles a China, pero nunca antes se había empleado para gravar de forma simultánea a un número tan amplio de economías.

Los nuevos aranceles no se aplicarán a todos los productos, debido a que quedan fuera el petróleo y el gas, determinados recursos nacionales, los bienes cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y productos que ya están sujetos a aranceles impuestos por motivos de seguridad nacional, como automóviles y acero.

La medida contempla además excepciones para determinados bienes cuya imposición pueda generar problemas de suministro o disrupciones económicas.

La medida contempla además excepciones para determinados bienes cuya imposición pueda generar problemas de suministro o disrupciones económicas

De acuerdo con medios especializados, la Administración mantiene abierta otra investigación bajo la Sección 301 contra 15 países y la Unión Europea por lo que considera prácticas comerciales desleales en sus sectores manufactureros, una revisión que podría desembocar en nuevos aranceles en las próximas semanas y ampliar todavía más el alcance de la política proteccionista de Trump.

La Administración sostiene que los nuevos gravámenes responden a que las economías afectadas no han aprobado o aplicado de forma eficaz leyes que prohíban la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso, lo que, según Washington, coloca en desventaja a las empresas estadounidenses que sí cumplen con esas normas.

Sin embargo, críticos, entre ellos senadores demócratas, consideran que este argumento puede servir como una vía para recuperar los aranceles globales que los tribunales han bloqueado.

La controversia se debe, entre otros factores, a que algunos de los países afectados ya cuentan con restricciones contra las importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

Canadá, por ejemplo, prohíbe la entrada de esos productos, mientras que la Unión Europea tiene prevista una prohibición que entrará en vigor en 2027. Estados Unidos, que mantiene desde hace casi un siglo restricciones a los bienes producidos mediante trabajo forzoso, tampoco está exento de críticas: organizaciones laborales cuestionan que su legislación permita determinadas formas de trabajo penitenciario que consideran coercitivas.

Según dijo recientemente Peter Harrell, investigador de la Facultad de Derecho de Georgetown, "Trump ha probado ser un innovador en el arte del uso de la política económica, desplegando aranceles, control a la exportaciones y otras herramientas del control de política industrial de una manera novedosa y, en ocasiones, ilícita".

La medida anunciada por Greer supone así un nuevo intento de Trump por mantener una política arancelaria que ha atravesado distintos instrumentos legales desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

Tras los aranceles contra México, Canadá y China, los gravámenes al acero, el aluminio y los automóviles y la posterior ofensiva global, los tribunales han obligado a la Administración a cambiar de vía, pero no han conseguido frenar su apuesta por utilizar los aranceles como una de sus principales herramientas de política comercial.

Uno de los primeros gobiernos extranjeros en reaccionar a esta nueva medida fue Brasil, que acusó a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista

Uno de los primeros gobiernos extranjeros en reaccionar a esta nueva medida fue Brasil, que acusó a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista.

A través de un duro comunicado, la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva dijo que "ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista", Estados Unidos "optó por manipular un tema tan importante" para imponer un nuevo impuesto.

Esta decisión representa el segundo golpe arancelario aplicado por Estados Unidos contra el país suramericano en la última semana tras al gravamen del 25% que entró en vigor este miércoles por supuestas prácticas "desleales".

Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), los nuevos aranceles elevarán hasta el 37,5% la carga acumulada sobre las exportaciones del país suramericano,

Por su parte, el Gobierno de México aseguró que evitó la aplicación de los nuevos aranceles que Estados Unidos al conservar el trato preferencial para las exportaciones que cumplen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves la Secretaría de Economía.

Pese a que México está incluido en la lista, la Secretaría detalló que alrededor de un 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero al estar amparadas por el T-MEC.

En tanto, el resto de los productos que no cumplen con las disposiciones del tratado seguirá pagando un 10% de arancel, la misma tarifa que enfrentaba hasta ahora bajo la sección 122.

"Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene", señaló la dependencia, al subrayar que la medida preserva la ventaja competitiva de México frente a otras economías sujetas a los nuevos gravámenes.

El Gobierno de Chile señaló que el país suramericano "cuenta con una sólida institucionalidad laboral" y que "negociará" con Estados Unidos para ser excluido de la lista

El Gobierno de Chile señaló que el país suramericano "cuenta con una sólida institucionalidad laboral" y que "negociará" con Estados Unidos para ser excluido de la lista de las 60 economías a las que la Administración de Donald Trump impuso nuevos aranceles por supuestamente no combatir el trabajo infantil.

En ese contexto, la Cancillería chilena agregó que "el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Antonio Walker, se declaró preocupado por la medida al afectar "la competitividad" de las exportaciones nacionales y generar "incertidumbre para miles de productores y trabajadores".

El Gobierno japonés calificó de "lamentable" la imposición en un día en que las bolsas asiáticas cayeron con fuerza como consecuencia de la medida. "A pesar de que la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles a Japón con el argumento de falta de medidas de prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajado forzado", dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en su rueda de prensa diaria.

La Unión Europea, por su parte, aunque ha valorado que el arancel entra en los márgenes " acordados en la Declaración Conjunta entre UE y EE UU", ha pedido explicaciones sobre el motivo argumentado. "No se puede decir eso ‌de la Unión Europea", dijo Kallas a Reuters en el marco de las reuniones de la ASEAN en Manila.

"Si se comparan nuestras leyes laborales con las de Estados Unidos, quiero decir que tenemos vacaciones pagadas y muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados, así que realmente no tiene fundamento", añadió.