Censuran al Estado cubano por retención en domicilios, dolarización y persecución de los 'coleros'

Este mes se impidió salir de su casa a opositores en 72 ocasiones, 18 más que el mes anterior, según documenta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Operativo de la Seguridad del Estado en la casa de Pedro Acosta este martes.
Los operativos de la Seguridad del Estado en las casas de los activistas son cada vez más habituales. (Archivo)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denuncia en su último informe del mes de julio la consolidación de un nuevo patrón represivo en la Isla, las retenciones de activistas en sus domicilios. Según la ONG, aunque la práctica no es nueva, desde este año se ha incrementado. Ya en febrero, antes de la pandemia, hubo 44 acciones de este tipo, en junio fueron 55 y este último mes la cantidad ha aumentado a 72.

La red de observadores que la organización tiene en la Isla cifra en 314 las acciones represivas de julio, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias, 68 fueron contra hombres y 29 contra mujeres. Además, al menos 19 detenciones fueron violentas.

El OCDH recuerda que estas retenciones se producen de facto, sin que medie ningún tipo de orden judicial ni documentación escrita. "Aunque a veces uno ni siquiera logra saber por qué lo hacen, como ocurrió el pasado 30 de julio".

El OCDH recuerda que estas retenciones se producen 'de facto', sin que medie ningún tipo de orden judicial ni documentación escrita. "Aunque a veces uno ni siquiera logra saber por qué lo hacen, como ocurrió el pasado 30 de julio"

Ese día, varios activistas y periodistas, entre ellos buena parte de la redacción de 14ymedio fueron obligados a permanecer en sus domicilios por agentes de la Seguridad del Estado. Los periodistas Mónica Baró, Luz Escobar, Iliana Hernández, Hector Luis Valdés, Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar estuvieron afectados, entre otros, sin que en ningún momento se tuviera noticia de un desencadenante en el que las autoridades pudieran ampararse para tomar una decisión así.

En anteriores ocasiones, este tipo de acciones han coincidido con concentraciones contra el Gobierno o actos sociales y políticos de relevancia; unas circunstancias que no se daban el 30 de julio.

"Si bien este mecanismo no es novedoso, sí observamos una tendencia creciente en su aplicación, en la medida en que se van levantando las restricciones por el covid-19. Es por ello que lo identificamos como un patrón. Probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria", afirma el OCDH.

"Este tipo de mecanismos es una clara violación a la libre circulación y una forma de impedir el ejercicio de otros derechos", reza el comunicado.

La ONG también repasa la situación económica y social y considera que la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar no es suficiente cuando se elevan los precios de productos de primera necesidad que, ahora, se venden ya en las tiendas en divisas. Esta situación es rechazada por el Observatorio, que recuerda que tres cuartas partes de los cubanos no reciben dólares y que los salarios y pensiones en pesos cubanos son muy bajos.

"La dolarización de los productos básicos en Cuba constituye una violación del derecho a la alimentación", añade el comunicado.

"La dolarización de los productos básicos en Cuba constituye una violación del derecho a la alimentación", añade el comunicado

En el texto se llama la atención sobre un fenómeno que lleva varios días en auge, primero a través de los medios oficialistas y ahora a través del enfrentamiento físico directo: la puesta de los coleros bajo el foco. Desde la semana pasada la prensa oficial ha publicado columnas de opinión en las que se acusa a los revendedores y coleros de acaparar y no tener escrúpulos al lucrarse vendiendo turnos para comprar. El viernes, el propio Miguel Díaz-Canel presidió un acto de constitución de los nuevos "grupos de enfrentamiento a revendedores, acaparadores y coleros", celebrado en la Plaza de la Patria, de Bayamo.

"Estos grupos estarán formados por trabajadores de las tiendas de Cimex, TRD, Caracol, cuadros políticos y de organizaciones de masas e integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y tendrán la misión de combatir las indisciplinas generadas en las afueras de esos establecimientos y los actos de reventa o acaparamiento, entre otras conductas delictivas", dijo el diario provincial de Granma, La Demajagua.

"Se ha incrementado la represión social contra personas que intentan obtener determinadas cantidades de alimentos en las tiendas en previsión de que empeore la ya grave situación económica", denuncia el OCDH, algo que parece confirmarse con los movimientos de la última semana.

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