La CIDH lamenta que la reforma constitucional haya sido una oportunidad perdida

El organismo ve con preocupación la situación de los derechos humanos en su último informe, el primero en 37 años

José Daniel Ferrer se ha convertido en el preso político más relevante a nivel internacional este último tercio del año. (14ymedio)
José Daniel Ferrer ha sido el preso político más relevante a nivel internacional del pasado año. (14ymedio)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha lamentado en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba que la nueva Constitución de 2019 no haya servido para cambiar el régimen de partido único que se mantiene en la Isla desde hace seis décadas.

El organismo, que llevaba 37 años sin elaborar este informe, se muestra satisfecho de la inclusión de algunos derechos en la Carta Magna que suponen una mejora respecto a la de 1976, pero echan en falta que se tomen las medidas necesarias para su puesta en práctica. Además, consideran una oportunidad perdida que se haya establecido un rango superior al texto que a los tratados internacionales y lamenta que no se haya aprovechado para eliminar la pena de muerte.

La CIDH recuerda que Cuba sigue siendo el único país americano en el que no hay ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y expresa su preocupación por las serias limitaciones de las libertades de opinión, expresión y difusiión.

La CIDH recuerda que Cuba sigue siendo el único país americano en el que no hay ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y expresa su preocupación por las serias limitaciones de las libertades

El Estado cubano, en los úlimos tres años analizados para el documento, sigue teniendo graves carencias en derechos políticos, el primero de todos la falta de participación y de elecciones libres, pero también la ausencia de separación de poderes.

Algunos grupos, en particular los defensores de derechos humanos, son víctimas de este sistema ya que sufren el hostigamiento de las fuerzas de seguridad, que actúan de manera arbitraria en muchas ocasiones o amparados por unas normas que se ajustan escasamente a los principios de legalidad. Además, el poder judicial, al no ser tampoco independiente, no les garantiza ni siquiera una defensa adecuada.

La CIDH da una serie de recomendaciones al Gobierno para que asegure los derechos y libertades de opositores y activistas, incluido el de circulación, últimamente vulnerado habitualmente mediante el procedimiento conocido como regulación por el que se les impide viajar. La Comisión pide expresamente a las autoridades cubanas que incluyan "la condena pública a todo acto de agresión, el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad".

El texto aborda también la problemática de otros colectivos vulnerables para los que pide especial atencion, entre ellos los afrodescendientes, las mujeres, la comunidad LGBTI, los menores y las personas con discapacidad. Para todos ellos pide desarrollos de normas específicas que los protejan, realización de estadísticas segregadas que permitan esclarecer su concreta situación adversa y la puesta en práctica de los derechos que sobre el papel los protegen.

En cuanto a los derechos y prestaciones, la Comisión llama la atención específicamente sobre la vivienda digna que se debe garantizar, la obligación de abastecer adecuadamente de alimentación, agua y saneamiento, la importancia de que la Sanidad esté bien abastecida y que exista libertad de pensamiento en las aulas

La CIDH ha reiterado que el embargo debe terminar por el impacto de las sanciones económicas en los derechos de la población cubana, resaltando que el embargo no exime al Estado de Cuba de cumplir con sus obligaciones"

El informe también aborda el embargo estadounidente, al que la Comisión se opone. Sin embargo, considera que eso no justifica las actuaciones del Ejecutivo cubano amparadas siempre en el mensaje del bloqueo. "La CIDH ha reiterado que el embargo debe terminar por el impacto de las sanciones económicas en los derechos de la población cubana, resaltando que el embargo no exime al Estado de Cuba de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana", resalta.

Desde 1960 hasta 1983 la CIDH había publicado siete informes del país, pero a partir de 1985 se consideró que no existían los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa.

Este informe se ha realizado, aclara la institución, "ante la falta de anuencia del Estado cubano para que la misma pueda realizar una visita de observación y por la preocupante información recibida sobre la grave situación de derechos humanos en ese país". En este sentido, ha debido realizar investigaciones de oficio y contar con la información obtenida de 55 entrevistas a cubanos residentes dentro y fuera de la Isla en estos últimos tres años.

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