España sugiere represalias contra EE UU por castigar las actividades de Meliá en Cuba

El Gobierno estudia una reducción de la colaboración en Defensa por las sanciones y los aranceles

La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, junto a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN este miércoles. (@AranchaGlezLaya)
La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, junto a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN este miércoles. (@AranchaGlezLaya)

El Gobierno español estudia una reducción de la colaboración en Defensa con EE UU como posible respuesta a las medidas que el Departamento de Estado ha tomado contra el grupo hotelero Meliá. La ministra de Exteriores, Arancha Gónzalez Laya, ha advertido este viernes en una entrevista que Washington no puede esperar que la cooperación militar se incremente mientras impone aranceles y sanciona y amenaza a empresas españolas, según publica el diario El País.

La canciller española tiene este viernes prevista una conversación telefónica con Mike Pompeo, horas después de encontrarse con el embajador de Washington en España y de trascender que pesa sobre Gabriel Escarrer, vicepresidente de Meliá, y otros 13 directivos del grupo, una medida que les impide entrar en EE UU si no aceptan una serie de condiciones en su actividad en Cuba.

"Esto no lo hace ni Corea del Norte", dijo un diplomático español a 'El País'

La sanción puede afectar a otras compañías españolas como Iberostar, NH, Iberia, Air Europa y el banco BBVA -que por el momento no han confirmado haber recibido ninguna notificación- y se extiende, incluso, a los familiares de los afectados. "Esto no lo hace ni Corea del Norte", dijo un diplomático español a El País.

La Secretaría de Estado de EE UU puede incluir a directivos en esta lista negra sin necesidad de denuncia si le consta la presentación de una reclamación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (FCSC) por un activo confiscado respecto al cual el extranjero o su compañía saca beneficio.

Según el diario español Vozpopúli, las cartas a los directivos de Meliá fueron enviadas en octubre y se les ofrecía opciones para eludir el veto consistentes en renunciar a sus cargos, a su posición accionarial o llegar a un acuerdo con los demandantes, todo ello en un máximo de 45 días. Pero la cúpula de Meliá no solo se ha negado a cumplirlas sino que la normativa europea le empuja a hacerlo.

La Comisión Europea ha indicado que es aplicable el Estatuto de Bloqueo, una norma que permite anular el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras basadas en ellas, por tanto Meliá estaría incumpliéndolo si aceptara las peticiones de EE UU. Además, los operadores de la Unión Europea pueden reclamar compensación como consecuencia de las sanciones extraterritoriales de Washington a las personas que ocasionen daños y al Gobierno, por responsabilidad patrimonial del Estado, si no les da amparo.

La Comisión Europea ha indicado que es aplicable el Estatuto de Bloqueo, una norma que permite anular el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras basadas en ellas, por tanto Meliá estaría incumpliéndolo si aceptara las peticiones de EE UU

Meliá, en su situación actual, puede abrir un expediente ante la Secretaría de Estado de EE UU recurriendo la medida y, si las autoridades deciden mantener las restricciones, acudir a los tribunales estadounidenses. Los expertos destacan otras posibles salidas como un acuerdo, puesto que no se ha hecho en el plazo señalado; o simplemente no hacer nada y esperar un cambio de Administración en noviembre.

Según la prensa española, Meliá mantuvo reuniones entre 1999 y 2004 con la familia Sánchez Hill para tratar de llegar a un acuerdo económico que evite futuros pleitos, ante la posibilidad de que pudiera ocurrir lo que finalmente ha ocurrido.

Al parecer, Meliá ofreció una indemnización de 3.197 dólares por la explotación de los hoteles que la familia consideró "insultante.

La reacción del Gobierno español no se debe únicamente a las sanciones que derivan de la Helms-Burton, sino de las que podrían llegar para Repsol si la Administración de Donald Trump decide tomar medidas contra la petrolera que, junto con la rusa Rosneft y la italiana Eni, negocia posibles privatizaciones con la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El pasado miércoles, durante la reunión del presidente de EE UU con Juan Guaidó, fuentes de la Casa Blanca avanzaron que se estudiaban este tipo de acciones.

Todas estas medidas son consideradas inamistosas por parte de un Estado aliado

Por último, los aranceles a productos españoles se suman a la lista de agravios. En octubre pasado, Washington impuso un gravamen del 25% al aceite, el vino y el queso entre otros artículos agropecuarios producidos en el país europeo en en represalia por los subsidios a Airbus en detrimento de Boeing. Pero además ya en en 2018 se había introducido un arancel de casi un 35% a la aceituna negra española. Todas estas medidas son consideradas inamistosas por parte de un Estado aliado.

En España hay dos bases militares estadounidenses, en Rota y Morón (ambas en Andalucía) con destructores de la Marina que se consideran relevantes para el escudo antimisiles de la OTAN, pero también desde allí se realizan misiones propias de EE UU hacia Oriente Medio.

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