La Fundación Gabo pide al Gobierno cubano que revoque la "absurda multa" a Mónica Baró

Más de 500 personas firman una petición a favor de la eliminación del artículo 68 del Decreto Ley 370 sobre el uso de internet

Jaime Abelló reclamó al Gobierno cubano que permita ejercer el periodismo libre a Mónica Baró, ganadora de un premio de la Fundación el pasado año.
Jaime Abelló reclamó al Gobierno cubano que permita ejercer el periodismo libre a Mónica Baró, ganadora de un premio de la Fundación el pasado año.

La Fundación Gabo, creada por Gabriel García Márquez y con sede en Cartagena de Indias (Colombia), ha pedido al Gobierno cubano que retire la multa a la periodista Mónica Baró y le permita ejercer libremente el periodismo.

Su director, Jaime Abello Banfi, escribió en su cuenta de Twitter en nombre de la fundación un mensaje que fue respaldado por la institución. "Desde @FundacionGabo pedimos a las autoridades políticas de Cuba revocar tan absurda multa y dar garantías para que la respetada periodista Mónica Baró @Mona_Cuba pueda continuar su impecable trabajo periodístico,por el cual fue finalista y luego ganadora del Premio @FestivalGabo".

La reportera, multada 3.000 pesos por "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", obtuvo el premio que otorga la fundación el pasado año 2019 en la categoría de Texto por el reportaje La sangre nunca fue amarilla. En la información habla del envenenamiento por plomo en una zona de San Miguel del Padrón, en la provincia de La Habana.

Mónica Baró fue citada el pasado viernes para un interrogatorio en el que le mostrarón una carpeta de hojas impresas con capturas de sus posts de Facebook publicados a lo largo de varios meses. Los inspectores le hablaron en ese momento del Decreto Ley 370, en concreto del artículo 68 y de su inciso (i), según sus propias palabras.

La norma regula las telecomunicaciones permitiendo el control de las autoridades sobre las nuevas tecnologías como previamente lo tenía sobre los medios analógicos y penaliza de forma arbitraria las publicaciones que considera inmorales. Su violación se castiga con multas y decomiso de los equipos informáticos o electrónicos que se empleen.

Baró ha expresado su negativa a satisfacer el importe de la multa. "No quise firmarla, tampoco pienso pagarla. Me explicaron que si no la pagaba se duplicaba, se triplicaba, y que la cosa podía terminar en la fiscalía", explicó.

Varios colegas y personas vinculadas a la oposición han abierto una petición en la plataforma Aavaz contra el Decreto por considerar que se está agravando la cantidad de citaciones relacionadas con la crítica en redes a las autoridades en el contexto de la crisis por el coronavirus. "El motivo ha sido las publicaciones en redes sociales que reflejan esa parte de la realidad cubana que el régimen intenta minimizar u ocultar. También varios activistas y miembros de la sociedad civil independiente han sido intimidados por publicar informaciones similares", indica el texto, suscrito ya por más de 500 personas.

La petición considera que este decreto trata de desgastar y coaccionar a los disidentes impidiendo que se expresen, ya que actualmente encarcelar a la oposición no es estratégicamente conveniente para el Gobierno.

En el texto también proclaman que no satisfarán las multas previstas por lo que llaman Ley Azote y exigen a las autoridades que eliminen el artículo 68 y quede suspendida su aplicación y multas mientras tanto. Además, reclaman la devolución de los importes ya pagados, abrir expediente contra funcionarios que se hayan excedido en sus funciones, respeten los derechos humanos, reconozcan a la prensa independiente y liberen al periodista encarcelado Roberto Quiñones.

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