El Gobierno "blanquea" el espionaje contra los ciudadanos, denuncia el OCDH

Los arrestos domiciliarios vulneran "la derechos fundamentales e inalienables del ser humano, consagrados para todos los ciudadanos cubanos"

La policía arresta a manifestantes el 11 de mayo del 2019 que participaron el la marcha LGBTI no autorizada por el gobierno. (el Nuevo Herald)
La policía arresta a manifestantes el 11 de mayo del 2019 que participaron el la marcha LGBTI no autorizada por el gobierno. (el Nuevo Herald)

Al menos 218 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba durante el mes de noviembre, un mes en que también se publicó un Decreto Ley que legaliza o "blanquea" el espionaje de los ciudadanos, denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su más reciente informe publicado este martes.

La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba fueron las provincias más afectadas por los arrestos, aclara la organización con sede en Madrid y añade que "decenas de afectados fueron además detenidos violentamente, multados y amenazados por la policía".

La mayoría de los arrestados "intentaban celebrar actividades políticas en las sedes de sus organizaciones, asistir a misa o viajar a otra provincia o municipio del país". Otros tantos fueron "sitiados en sus casas para impedir que salieran a la calle durante las celebraciones por el aniversario 500 de la ciudad de La Habana".

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia también el Decreto Ley 389, que incluye la vigilancia electrónica. La nueva legislación "incrementa la arbitrariedad del Estado en prácticas violatorias de los derechos humanos, como el derecho a la privacidad o la inviolabilidad de las comunicaciones", puntualiza.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia también el Decreto Ley 389, que incluye la vigilancia electrónica

"El Gobierno de Cuba tiene un largo historial de utilización de los recursos técnicos para intervenir y después airear públicamente comunicaciones entre personas que no cometen delito alguno", recuerda el OCDH. 

Por su parte, el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) liderado por la exprisionera política Martha Beatriz Roque, advierte de que "entre las principales modalidades de hostigamiento que está practicando la policía política en la actualidad, se encuentra el no permitir a los disidentes salir de sus casas". 

Los arrestos domiciliarios vulneran "la derechos fundamentales e inalienables del ser humano, consagrados para todos los ciudadanos cubanos", apunta la organización independiente en un informe difundido esta semana. 

El Centro denuncia el encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer García y fustiga el editorial publicado por el diario oficial Granma en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un texto que trata de trata de promover en la población cubana "el odio hacia quienes defienden la libertad, los derechos humanos y la democracia". Una estrategia que también siguió el video "lleno de mentiras" que difundió la televisión nacional.

La organización cifra en 78 presos de conciencia que están en las cárceles cubanas, 29 con largas condenas por otros delitos contra la Seguridad del Estado y 21 con licencia extrapenal y régimen domiciliario, para un total de 128 presos políticos, detalla el informe.

La organización cifra en 78 presos de conciencia que están en las cárceles cubanas, 29 con largas condenas por otros delitos contra la Seguridad del Estado y 21 con licencia extrapenal y régimen domiciliario

A diferencia del OCDH, el Centro reporta 196 detenciones durante el mes de noviembre. De ellas 122 mujeres, "que se mantienen siendo las más asediadas, en particular las Damas de Blanco".

La organización advierte de "un pico en las detenciones durante la visita de los Reyes de España, alrededor del 11 de noviembre", también el alrededor de los festejos por el medio milenio de La Habana y durante la jornada del tercer aniversario de la muerte de Fidel Castro, el pasado 25 de noviembre.

A lo largo de ese mes se reportaron, además, "ocho personas que no dejaron salir del país por regulaciones migratorias", para un total de 208 que han sido "reguladas", según datos ofrecidos por el Instituto Patmos y que han sido recogidos en este informe.

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