Prisoners Defenders acusa al Gobierno cubano de cercenar la libertad en internet

La ONG presenta una denuncia ante Naciones Unidas que documenta decenas de multas por comentarios en redes sociales

Rueda de Prensa de Prisoners Defenders sobre la eliminación de la libertad de expresión en Cuba con el Decreto Ley 370 y la Constitución
Rueda de Prensa de Prisoners Defenders sobre la eliminación de la libertad de expresión en Cuba con el Decreto Ley 370 y la Constitución

El Gobierno ha ejecutado 500 y 1000 procesos entre amenazas y sanciones para cercenar la libertad de expresión en Cuba en el ámbito de internet, según denunció este martes, desde Madrid, en un acto online la organización Prisoners Defenders, que ha elevado una denuncia en Naciones Unidas para protestar por lo que considera una normalización legislativa de la represión.

La ONG, con sede en España, ha presentado la denuncia completa en una rueda de prensa en la que su presidente Javier Larrondo ha presentado la documentación sobre una muestra de 33 casos de personas del ámbito de la oposición, el periodismo y el activismo. En la cita estuvieron presentes también algunos de los afectados por el Decreto Ley 370, legislación aprobada en 2019 con la que el Gobierno está intentando acallar las voces de quienes se enfrentan al régimen en el único reducto de libertad con el que contaban antes: internet. Así lo ha reivindicado, en directo desde Cuba, la periodista de Cubanet, Camila Acosta, que estaba entre los participantes junto al artista Amaury Pacheco y los exprisioneros de conciencia Iván Hernández Carrillo y José Daniel Ferrer, en una de sus pocas frecuentes apariciones desde que fue puesto en libertad. Además, desde su exilio en EE UU, h abló el pastor Mario Félix Lleonart.

El Gobierno trata ahora "de fiscalizar internet, que para los cubanos ha sido ese espacio de libertad del que hemos carecido más de 60 años"

El Gobierno trata ahora "de fiscalizar internet, que para los cubanos ha sido ese espacio de libertad del que hemos carecido más de 60 años", ha argumentado Acosta en su intervención. La reportera ha sido recientemente sancionada con una multa de 3.000 pesos por compartir una noticia sobre las colas en comercios durante la pandemia, pero también ha recibido varias advertencias y amenazas y sus medios de trabajo le han sido confiscados.

Acosta ha puesto el foco en la prohibición de tener una página alojada en un servidor extranjero, lo que implica el cierre de cualquier blog o medio independiente y ha recordado los casos de otros afectados, como el de Yanikiel Gutiérrez, penalizado por su implicación en la campaña en Twitter que pide una bajada de los precios de internet al monopolio estatal Etecsa.

La redactora también ha recordado que quien ejerce esta profesión de manera independiente puede ser acusado de usurpación de funciones públicas, delito penado con prisión, y ha lamentado que se acostumbre a celebrar que en Cuba los periodistas no son asesinados cuando, efectivamente conservan la vida, pero son silenciados sistemáticamente mediante las coacciones.

"Nosotros revisamos todo lo que ustedes publican en las redes sociales", le dijeron los oficiales de la Seguridad del Estado a Acosta.

Prisoners Defenders ha detectado que desde principios de este año ha habido decenas de civiles sancionados o amenazados por sus publicaciones en redes sociales, además de los periodistas independientes que son sistemáticamente requeridos, detenidos o, cuyos medios de trabajo son incautados, por intentar realizar su trabajo.

"Nosotros revisamos todo lo que ustedes publican en las redes sociales", le dijeron los oficiales de la Seguridad del Estado a Acosta

La organización consiguió entrevistar a 33 personas que, en algunos casos, le facilitaron documentos, imágenes y un formulario online que "tipificaría ciertos aspectos de las violaciones". La denuncia fue presentada el día 8 de junio de 2020 y el Alto Comisionado de Naciones Unidas trabaja en ella para una resolución que, se espera en menos de cuatro meses.

En el encuentro de este martes participaron también varios políticos del ámbito europeo, como Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, Javier Nart, eurodiputado por Renew Europe, el diputado español Carlos Rojas y el presidente de la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, Jesús Imbroda Ortiz.

Javier Nart ha definido al Gobierno como totalitario por la identificación que existe entre el Estado y el Partido Comunista. Y ha lamentado que "ni siquiera Franco" se atrevió a tanto, haciendo hincapié en la contravención establecida por el Decreto Ley 370 sobre las penas que conlleva "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

Nart ha denunciado la "hipocresía" de las instituciones europeas por la existencia de una cláusula en el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba que habla de la supervisión del respeto de los derechos humanos a sabiendas de que no se cumplirá.

El abogado Javier Imbroda ha achacado a la Constitución el problema esencial, ya que proclama el Estado como socialista de manera irrevocable y pide que sea defendido con las armas en caso de que se viera amenazado

Javier Larrondo ha insistido en que su mayor empeño habitualmente es convencer a los políticos de izquierda europeos que, pese a defender los derechos humanos y el respeto a las libertades, tienen más problemas habitualmente para hacerlo cuando el régimen no es de derechas.

El abogado Javier Imbroda ha achacado a la Constitución el problema esencial, ya que proclama el Estado como socialista de manera irrevocable y pide que sea defendido con las armas en caso de que se viera amenazado. El decreto, a su juicio, es un reflejo más de la privación de las libertades y se ha burlado de que el texto garantice la libertad de pensamiento. El jurista ha pedido a Cuba que dé un paso adelante y reconozca los derechos y garantías de todos sus ciudadanos, ratifique el Estatuto de Roma a la vez que ha denunciado que no exista ningún tipo de garantía para quienes se enfrentan a un proceso civil o penal.

Prisoners Defenders ya tiene en sus listas de presos de conciencia a siete activistas de derechos humanos con condenas de cárcel a consecuencia de multas arbitrarias y considera que con esta legislación, el Gobierno pretende ampliar su control.

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