Más de 20 personas son enjuiciadas por supuesta falsificación de documentos migratorios internos

Las dos principales acusadas se enfrentan a entre ocho y 15 años de prisión por los delitos de cohecho y falsificación de documentos

El juicio contra la supuesta red comenzó este martes en el Tribunal Pronvincial de La Habana. (tsp.gob.cu)
El juicio contra la supuesta red comenzó este martes en el Tribunal Provincial de La Habana. (tsp.gob.cu)

Este martes comenzó en el Tribunal Provincial de La Habana el juicio contra más de 20 personas acusadas de participar en una supuesta red de falsificación de documentos migratorios para que habitantes de provincias pudiesen residir en la capital de la Isla, según ha dado conocer hoy Diario de Cuba.

La red, que operó presuntamente entre 2013 y 2016, "tuvo como epicentro la oficina de Vivienda del municipio Cerro, de acuerdo con las actas oficiales del caso", señala el medio independiente en la nota.

Según las autoridades, el procedimiento de este grupo consistía en identificar a individuos que necesitaban realizar el trámite con urgencia y que estaban extenuados por la burocracia necesaria para completarlo. "Muchos llegaban al entorno de las funcionarias acusadas y pactaban el monto a pagar que, por lo general, sería abonado en dos mitades: al inicio del proceso y una vez entregada la Resolución requerida", explica DDC.

Las principales acusadas, Sonia Milagro Barban, abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, y su amiga, Iluminada Machado, exempleada del Consejo de Administración Provincial de La Habana, cobraban supuestamente entre 40 y 150 dólares mayoritariamente a jóvenes que buscaban residir permanentemente en la capital o que necesitaban cambiar de dirección para ser contratados en un empleo estatal, como exige la legislación.

Según las autoridades, el procedimiento de este grupo consistía en identificar a individuos que necesitaban realizar el trámite con urgencia y que estaban extenuados por la burocracia necesaria para completarlo

Ambas mujeres se enfrentan a penas de entre ocho y 15 años de prisión por los delitos de falsificación de documentos públicos y cohecho. Otros cinco acusados, "entre oficinistas y ciudadanos que supuestamente sacaron provecho económico del grupo corruptor de documentos", también podrían ser condenados a tres años de privación de libertad, además de quedar inhabilitados en lo sucesivo para ejercer como empleados de la administración pública.

Según emitió la Fiscalía General de la República en un informe, Machado y Barban se unieron "con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, y aprovechando Barban las facultades que le brindaba el cargo en que se desempeñaba". De esta manera, los solicitantes, entre quienes también hay acusados en el juicio, llegaban al entorno de las funcionarias enjuiciadas para resolver el trámite.

Una tercera integrante de la presunta trama, la técnico de Ordenamiento Territorial Marily García, no pudo ser enjuiciada tras suicidarse en La Habana en noviembre de 2016, pocos días después de que le notificasen que iba a ser objeto de una inspección en relación con los expedientes de migración interna que manejaba.

La caída de este grupo fue precedida de denuncias de irregularidades por parte de funcionarios de las Oficinas de Trámites de Vivienda y supervisores de las del Carné de Identidad en los municipios Regla, El Cotorro, San Miguel del Padrón, La Lisa y Habana del Este.

La caída de este grupo fue precedida de denuncias de irregularidades por parte de funcionarios de las Oficinas de Trámites de Vivienda y supervisores de las del Carné de Identidad

Además, según el expediente del caso, la calidad de las falsificaciones era mala, ya que se hacían en impresoras domésticas, sin los relieves o tintas específicas que necesitaban los distintivos oficiales. Finalmente, el peritaje criminalístico pudo confirmar que la red había realizado como mínimo más de veinte cambios falsos de dirección, pero según una abogada consultada por DDC pudieron ser más, dada la alta demanda para realizar este trámite.

Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2012, el 11,2% de la población cubana está formada por emigrantes interprovinciales y casi la mitad de ellos están asentados en La Habana. El 24,8% de la población de la capital cubana corresponde a inmigrantes de otras regiones del país.

Desde 1997 un Decreto Ley establece regulaciones migratorias internas para La Habana que prohíbe a los cubanos, provenientes de otros territorios del país, residir, domiciliarse o convivir con carácter permanente en la capital sin autorización. La estricta legislación ha creado un entramado de matrimonios por conveniencia, falsos permisos de trabajo y sobornos para obtener un carné de identidad con una dirección habanera.

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